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Se trata de Jhon Turizo Hernandez, quien fue candidato al concejo de Sincelejo por el partido Colombia Humana en las elecciones regionales de 2019. Turizo teme por su vida, la de su esposa y sus tres hijos.
“Esta mañana, aproximadamente a las seis, una vecina nos llamó por el patio de que había algo en la puerta de la entrada. Salí y encontré una corona fúnebre con una cinta que tiene mi nombre, dos balas y en una hoja una frase que dice 24 horas”, cuenta Turizo desde su casa en Sincelejo.
La Policía, la Dijin y la Dirección de Inteligencia Policial, llegaron hasta el lugar de los hechos para acompañar a Turizo a interponer la respectiva denuncia. “Nos conducimos las instalaciones de la Dijin para instaurar la denuncia, ahí tuve una entrevista con derechos humanos de la Policía”, detalla el hombre, a quien no es la primera vez que amedrentan, pues a través de redes sociales recibe amenazas por parte de usuarios o perfiles falsos de Facebook, con fotografías de su familia en la que han puesto títulos como “este es el perro”.
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“Esta no es una amenaza cualquiera, representa la represión e intimidación a quienes ejercemos de manera democrática y justa el control social. Aunque no tengo certeza del origen de este hecho tan macabro, si hay indicios que dan cuenta de una relación con las denuncias en contra del alcalde de Sincelejo, Andres Gomez Martinez”, dice Turizo, refiriéndose a las denuncias por posibles sobrecostos en los contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y en los kits de mercados entregados durante la emergencia por el COVID-19 en Sincelejo.
Los posibles orígenes de las amenazas
El 21 de mayo, la Contraloría anunció la suspensión del alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, por sobrecostos de contratos firmados en medio de la emergencia por COVID-19 para suministrar kits alimenticios a más de 13.000 familias vulnerables de esa ciudad. El sobrecosto fue de más de $1.000 millones.
“Denunciamos los sobrecostos tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía y la Contraloría, posteriormente la Contraloría evidenció que había sobrecostos, por lo que fue suspendido. Sin embargo, volvió a su cargo luego de menos de un mes porque devolvió el dinero, es decir liquidó los contratos, reduciendo en más de $1.000 millones la inversión”, explica Turizo.
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Otra de las veedurías realizadas por el hoy amenazado, fue la denuncia de varios concejales de Sincelejo por, presuntamente, elegir a una contralora que está inhabilitada. “Las últimas acciones jurídicas que emprendí fue la solicitud de la suspensión e inhabilidad de 15 concejales que eligieron a una contralora que estaba inhabilitada al momento de aspirar, los concejales la eligieron sabiendo esa inhabilidad”, cuenta Turizo, quien aún está a la espera de respuestas de ese caso.
“El llamado que le hago al presidente Iván Duque es que garantice el derecho de los lideres y lideresas de este país. Necesitamos garantía para ejercer el derecho de control social. A las autoridades locales a preservar mi vida y la de mi familia porque si bien soy consiente de lo que implica hacer control social, una escena tan macabra desestabiliza a cualquiera”, concluye Turizo.