Amenazan de muerte a funcionarios y líderes de Puerto Libertador, Córdoba
En un panfleto que circula desde el 10 de octubre, las disidencias de las Farc vinculan a ocho personas del municipio con el Clan del Golfo y amenazan con desaparecerlos.
Los funcionarios mencionados en el panfleto son: Rafael Martínez, secretario de gobierno; Jarvi Prado, presidente de Asocomunal; y Jorge Iván Uribe, personero municipal. También se encuentran los líderes sociales Argemiro Acosta y Roberto Domínguez; además de los periodistas Eder Narváez, Calixto Pérez y Álvaro Chedid Amariz. Todos ellos realizan veeduría al accionar de los grupos armados en el municipio de Puerto Libertador, ubicado al sur de Córdoba.
“Seguiremos en pie de lucha contra el gobierno corrupto narcoparamilitar (...) por eso desde nuestro alto mando militar se nos ha ordenado desaparecer y exterminar a esta peste y todos sus colaboradores a fuego y sangre”, dice el panfleto difundido en el municipio y en redes sociales.
El personero de Puerto Libertador, Jorge Iván Uribe, dijo a El Espectador que las amenazas en su contra se deben a que, en un consejo de seguridad, aseguró que los responsables del atentado contra soldados del Ejército (21 de septiembre) eran las disidencias de las Farc y no el Clan del Golfo.
Le puede interesar: Ataque contra el Ejército en Córdoba deja cinco militares muertos
Según el observatorio de la Universidad del Caribe, el 75% de las acciones bélicas presentadas en el sur de Córdoba son combates de la Fuerza pública con diferentes actores armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Caparros y los grupos post FARC-EP (como el frente 18).
La Defensoría del Pueblo rechazó los hechos a través de su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe los esquemas de protección de las personas amenazadas e hizo un llamado para judicializar a los responsables.
La Fundación Social Cordoberxia, ONG defensora de los Derechos Humanos, también condenó las amenazas. A ella pertenecen el secretario de gobierno, el presidente de Asocomunal y el líder social Roberto Domínguez. Pidieron al Estado Colombiano, a la Fiscalía, a la UNP, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, salvaguardar su vida, su libertad y su seguridad.
Por otro lado, la Asociación Cordobesa de Personerías (Corpersonerías) exigió que la labor del personero Jorge Iván Uribe sea valorada por la institucionalidad del Estado, en tanto consiste en proteger los Derechos Humanos y defender los intereses de la sociedad. “El día de mañana (sábado 16) voy a abandonar el municipio porque no se me están brindando las garantías desde la UNP”, aseguró el personero.
Aunque la Federación Nacional de Personerías de Colombia (FENALPER) solicitó a la UNP generar acciones para garantizar su seguridad, Uribe es escéptico con respecto a los alcances de esta petición. “El Estado ha sido muy omisivo en Puerto Libertador. La UNP no brinda garantías a las personas que están en el territorio y que defienden los Derechos Humanos”, afirmó. También asegura que la Personería ha recibido 15 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales.
Cabe resaltar que desde el 18 de diciembre de 2019, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana (054-19), relacionada con el riesgo al que están expuestos en este territorio líderes sociales, directivos, Juntas de Acción Comunal, campesinos, indígenas, misión médica, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los principales derechos vulnerados son: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a la autonomía en los territorios y a las libertades políticas.
Los funcionarios mencionados en el panfleto son: Rafael Martínez, secretario de gobierno; Jarvi Prado, presidente de Asocomunal; y Jorge Iván Uribe, personero municipal. También se encuentran los líderes sociales Argemiro Acosta y Roberto Domínguez; además de los periodistas Eder Narváez, Calixto Pérez y Álvaro Chedid Amariz. Todos ellos realizan veeduría al accionar de los grupos armados en el municipio de Puerto Libertador, ubicado al sur de Córdoba.
“Seguiremos en pie de lucha contra el gobierno corrupto narcoparamilitar (...) por eso desde nuestro alto mando militar se nos ha ordenado desaparecer y exterminar a esta peste y todos sus colaboradores a fuego y sangre”, dice el panfleto difundido en el municipio y en redes sociales.
El personero de Puerto Libertador, Jorge Iván Uribe, dijo a El Espectador que las amenazas en su contra se deben a que, en un consejo de seguridad, aseguró que los responsables del atentado contra soldados del Ejército (21 de septiembre) eran las disidencias de las Farc y no el Clan del Golfo.
Le puede interesar: Ataque contra el Ejército en Córdoba deja cinco militares muertos
Según el observatorio de la Universidad del Caribe, el 75% de las acciones bélicas presentadas en el sur de Córdoba son combates de la Fuerza pública con diferentes actores armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Caparros y los grupos post FARC-EP (como el frente 18).
La Defensoría del Pueblo rechazó los hechos a través de su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe los esquemas de protección de las personas amenazadas e hizo un llamado para judicializar a los responsables.
La Fundación Social Cordoberxia, ONG defensora de los Derechos Humanos, también condenó las amenazas. A ella pertenecen el secretario de gobierno, el presidente de Asocomunal y el líder social Roberto Domínguez. Pidieron al Estado Colombiano, a la Fiscalía, a la UNP, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, salvaguardar su vida, su libertad y su seguridad.
Por otro lado, la Asociación Cordobesa de Personerías (Corpersonerías) exigió que la labor del personero Jorge Iván Uribe sea valorada por la institucionalidad del Estado, en tanto consiste en proteger los Derechos Humanos y defender los intereses de la sociedad. “El día de mañana (sábado 16) voy a abandonar el municipio porque no se me están brindando las garantías desde la UNP”, aseguró el personero.
Aunque la Federación Nacional de Personerías de Colombia (FENALPER) solicitó a la UNP generar acciones para garantizar su seguridad, Uribe es escéptico con respecto a los alcances de esta petición. “El Estado ha sido muy omisivo en Puerto Libertador. La UNP no brinda garantías a las personas que están en el territorio y que defienden los Derechos Humanos”, afirmó. También asegura que la Personería ha recibido 15 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales.
Cabe resaltar que desde el 18 de diciembre de 2019, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana (054-19), relacionada con el riesgo al que están expuestos en este territorio líderes sociales, directivos, Juntas de Acción Comunal, campesinos, indígenas, misión médica, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los principales derechos vulnerados son: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a la autonomía en los territorios y a las libertades políticas.