Arhuacos solicitan anular el registro de Zarwawiko Torres como gobernador indígena

La tutela fue presentada el 5 de octubre y en ella se alega que con la decisión de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior de registrar a Zarwawiko Torres Torres como cabildo gobernador del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, están siendo vulnerados el derecho a la participación política y a la igualdad. Argumentan que no todos los miembros del resguardo estuvieron presentes para dicha elección. Otros derechos que consideran que les fueron afectados son el de debido proceso, por las irregularidades en el momento de la elección; a su identidad cultural y a la autonomía por la participación de terceros en sus procesos electorales.

El Espectador pudo acceder a documentos en los que la Directiva General Arhuaca, con fecha del 30 de julio, resolvió aplazar la asamblea y reiteró que sus cargos estaban a disposición. Sin embargo, la convocatoria continuó. Luego, el Ministerio del Interior, la Procuraduría y la Personería de Pueblo Bello (Cesar) también llamaron a aplazar el evento, porque iba en contra de las recomendaciones para evitar el contagio de COVID-19. Pero estos llamados no fueron atendidos.

Los tutelantes, en una rueda de prensa realizada hoy viernes 16 de octubre, dijeron que en varias ocasiones solicitaron al Ministerio del Interior que esta inscripción no se hiciera. De hecho, más de 100 autoridades locales y mamos dirigieron una carta a los alcaldes de Pueblo Bello y Valledupar, a la Defensoría y a la Procuraduría, en la que pidieron que se abstengan de reconocer a Torres como representante legal del pueblo arhuaco por varias irregularidades.

Una de estas es que el día en que se eligió a Zarwawiko como cabildo gobernador estuvieron presentes solo 19 asentamientos de un total de 60, según los tutelantes, lo cual está en contra de sus normas.

“Este es un hecho sin precedentes en la historia del pueblo arhuaco que bajo todas luces es irregular. Hubo la necesidad de recurrir a instancias externas comprendiendo que estamos en un régimen constitucional. El Estado tiene el deber explícito de proteger esa diversidad de los pueblos", afirma Rubiel Zalabata, jurista y líder arhuaco. Zalabata califica este hecho como una “imprudencia mayúscula del Ministerio del Interior”.

“Las pretensiones son sencillas: una de las formas que tiene el Estado de proteger a los pueblos indígenas es brindarles el máximo de autonomía en su toma de decisiones. Dejar sin efecto ese registro del cabildo gobernador para que nosotros tengamos el espacio de entrar a resolver por medio del consenso y llegar a una solución” concluyó Rubiel Zalabata.

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Leonor Zalabata, consejera de derechos humanos y delegada de la Confederación Indígena Tayrona ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas en Colombia, asegura que el Gobierno Nacional ha desconocido en su totalidad la capacidad de los arhuacos de llegar a consensos sin intervención de terceros. "El gobierno acelera el posicionamiento de Zarwawiko a través del Ministerio del Interior sin una verificación plena de si realmente estábamos todos o no y hace caso omiso a nuestras normas y peticiones. El gobierno guarda silencio en este proceso y eso para nosotros significa que los intereses nacionales están parcializados”.

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Zarwawiko Torres Torres fue sancionado por la justicia indígena por la violación de una niña de 11 años en 2001. También fue el delegado arhuaco en la junta directiva de la EPS indígena Dusakawi, una entidad que está bajo vigilancia especial de la Superintendencia de Salud desde 2016, y que en 2015 fue denunciada por la propia directiva arhuaca por presunta malversación de recursos. Zarwawiko Torres le confirmó a este medio que ha tenido “una relación en las instancias directivas de la empresa”, pero no se refirió al tema de malversación de recursos.

Otro hecho cuestionable relacionado a Zarwawiko es que el 14 de agosto un grupo de hombres jóvenes entró a la Casa Indígena de Valledupar, sede de la Directiva General y anunciaron que eran semaneros, es decir, guardias indígenas, y que tenían la orden de llevarse a los directivos. Como lo relata el líder Rubiel Zalabata y como quedó grabado en un video, estos jóvenes se llevaron de manera violenta a José María Arroyo, Hermes Torres, Reinaldo Torres Solis y Gelver Zapata.

El 15 de agosto, Zarwawiko Torres envío una comunicación a varias entidades en la que explica que se requirió a la junta a comparecer ante la asamblea y que Hermes Torres y Reinaldo Torres están participando de la misma. Zarwawiko Torres le dijo a El Espectador que “convocar a través de los semaneros es un procedimiento totalmente normal”, y que investigarán si hubo uso excesivo de la fuerza. Pero este medio recibió información en la que se asegura que los directivos estuvieron en una especie de calabozos en Nabusímake y que se encontraban en mal estado de salud.

La tutela fue presentada el 5 de octubre y en ella se alega que con la decisión de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior de registrar a Zarwawiko Torres Torres como cabildo gobernador del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, están siendo vulnerados el derecho a la participación política y a la igualdad. Argumentan que no todos los miembros del resguardo estuvieron presentes para dicha elección. Otros derechos que consideran que les fueron afectados son el de debido proceso, por las irregularidades en el momento de la elección; a su identidad cultural y a la autonomía por la participación de terceros en sus procesos electorales.

El Espectador pudo acceder a documentos en los que la Directiva General Arhuaca, con fecha del 30 de julio, resolvió aplazar la asamblea y reiteró que sus cargos estaban a disposición. Sin embargo, la convocatoria continuó. Luego, el Ministerio del Interior, la Procuraduría y la Personería de Pueblo Bello (Cesar) también llamaron a aplazar el evento, porque iba en contra de las recomendaciones para evitar el contagio de COVID-19. Pero estos llamados no fueron atendidos.

Los tutelantes, en una rueda de prensa realizada hoy viernes 16 de octubre, dijeron que en varias ocasiones solicitaron al Ministerio del Interior que esta inscripción no se hiciera. De hecho, más de 100 autoridades locales y mamos dirigieron una carta a los alcaldes de Pueblo Bello y Valledupar, a la Defensoría y a la Procuraduría, en la que pidieron que se abstengan de reconocer a Torres como representante legal del pueblo arhuaco por varias irregularidades.

Una de estas es que el día en que se eligió a Zarwawiko como cabildo gobernador estuvieron presentes solo 19 asentamientos de un total de 60, según los tutelantes, lo cual está en contra de sus normas.

“Este es un hecho sin precedentes en la historia del pueblo arhuaco que bajo todas luces es irregular. Hubo la necesidad de recurrir a instancias externas comprendiendo que estamos en un régimen constitucional. El Estado tiene el deber explícito de proteger esa diversidad de los pueblos", afirma Rubiel Zalabata, jurista y líder arhuaco. Zalabata califica este hecho como una “imprudencia mayúscula del Ministerio del Interior”.

“Las pretensiones son sencillas: una de las formas que tiene el Estado de proteger a los pueblos indígenas es brindarles el máximo de autonomía en su toma de decisiones. Dejar sin efecto ese registro del cabildo gobernador para que nosotros tengamos el espacio de entrar a resolver por medio del consenso y llegar a una solución” concluyó Rubiel Zalabata.

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Leonor Zalabata, consejera de derechos humanos y delegada de la Confederación Indígena Tayrona ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas en Colombia, asegura que el Gobierno Nacional ha desconocido en su totalidad la capacidad de los arhuacos de llegar a consensos sin intervención de terceros. "El gobierno acelera el posicionamiento de Zarwawiko a través del Ministerio del Interior sin una verificación plena de si realmente estábamos todos o no y hace caso omiso a nuestras normas y peticiones. El gobierno guarda silencio en este proceso y eso para nosotros significa que los intereses nacionales están parcializados”.

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Zarwawiko Torres Torres fue sancionado por la justicia indígena por la violación de una niña de 11 años en 2001. También fue el delegado arhuaco en la junta directiva de la EPS indígena Dusakawi, una entidad que está bajo vigilancia especial de la Superintendencia de Salud desde 2016, y que en 2015 fue denunciada por la propia directiva arhuaca por presunta malversación de recursos. Zarwawiko Torres le confirmó a este medio que ha tenido “una relación en las instancias directivas de la empresa”, pero no se refirió al tema de malversación de recursos.

Otro hecho cuestionable relacionado a Zarwawiko es que el 14 de agosto un grupo de hombres jóvenes entró a la Casa Indígena de Valledupar, sede de la Directiva General y anunciaron que eran semaneros, es decir, guardias indígenas, y que tenían la orden de llevarse a los directivos. Como lo relata el líder Rubiel Zalabata y como quedó grabado en un video, estos jóvenes se llevaron de manera violenta a José María Arroyo, Hermes Torres, Reinaldo Torres Solis y Gelver Zapata.

El 15 de agosto, Zarwawiko Torres envío una comunicación a varias entidades en la que explica que se requirió a la junta a comparecer ante la asamblea y que Hermes Torres y Reinaldo Torres están participando de la misma. Zarwawiko Torres le dijo a El Espectador que “convocar a través de los semaneros es un procedimiento totalmente normal”, y que investigarán si hubo uso excesivo de la fuerza. Pero este medio recibió información en la que se asegura que los directivos estuvieron en una especie de calabozos en Nabusímake y que se encontraban en mal estado de salud.