En horas del medio día del lunes 8 de noviembre fue asesinado en Montelíbano, Luis Alberto Ramos Bertel, quien era el actual presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San Antonio. De acuerdo con la comunidad, el hombre murió tras ser herido en múltiples ocasiones con arma blanca y con objetos contundentes.
De acuerdo con Arnobis Zapata, coordinador territorial de Ascsucor, lo que genera mayor preocupación es que desde la organización campesina no se tenía conocimiento de hostigamientos y amenazas hacia Ramos Bertel. “Era uno de los presidentes más antiguos de la JAC, llevaba cerca de ocho años en ese cargo. Antes de su asesinato, estaba concentrado en la implementación del acuerdo de paz en el Catatumbo, específicamente en los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos y en la solicitud de reserva campesina del sur de Córdoba”, agregó
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José David Ortega, vocero de la asociación, pidió a las autoridades que las investigaciones avancen para que el crimen no quede en la impunidad. “Hoy le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación adelantar y esclarecer estos lamentables hechos que hoy enlutan a una familia en el sur de Córdoba y enlutan a esta organización, de la cual él hizo parte”, dijo.
Según cifras de la ong INDEPAZ, ya van 151 líderes asesinados en el 2021 y 1255 desde que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y las extintas Farc. Los grupos que hacen presencia en el territorio son el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el grupo post Farc del frente 18 y los Caparrapos.
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La Defensoría del Pueblo ya había emitido la alerta temprana 054/19, en la que se advierte sobre la confluencia de intereses de distintos grupos al margen de la ley, atraídos por la fertilidad de los valles del Sinú y San Jorge, la riqueza hídrica y los recursos del subsuelo (ferroniquel, carbón, oro. plata y cobre).
Se profundizan los hostigamientos y atentados a líderes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos en el Sur de Córdoba. Hace un mes se dio a conocer un panfleto en el que las disidencias de las Farc vinculaban a ocho personas del municipio de Puerto Libertador con el Clan del Golfo y amenazaron con desaparecerlos.