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Dice el sacerdote jesuita Javier Giraldo, fundador del banco de datos de derechos humanos y violencia política de la revista Noche y Niebla del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que la imagen más cercana para describir el Estado de derecho actual es: “Un muro lleno de grietas, con sus ladrillos deshechos y casi convertidos en montoncitos de polvo que apenas conservan algo de cohesión rectangular, saturado de mohos, herrumbes, lamas, óxidos y orín, en cuyas numerosas cavidades anida todo tipo de bichos, pero aún cubierto en parte por pedazos de baldosines brillantes de antiguos enchapes que se han ido desprendiendo poco a poco, dejando a la vista cada vez más desmoronamiento”.
Esta descripción forma parte de la presentación del número más reciente de la revista Noche y Niebla que revela el balance de derechos humanos, violencia política e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el primer semestre de 2021 para el país, y que fue presentada este jueves en Bogotá. Seis meses que, según Martha Márquez, directora del Cinep, y los sacerdotes Javier Giraldo y Alejandro Angulo, resultan muy preocupantes por la violencia vivida durante los meses de paro, además de la intensificación del conflicto armado y el “evidente fortalecimiento del paramilitarismo a escalas nacional, regional y local”.
El centro de investigación destaca con alarma la violencia que ejercieron los miembros de la Fuerza Pública desde el 1° de enero hasta el 31 de junio, particularmente los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Según el banco de datos del Cinep, en este período “ejecutaron extrajudicialmente a 26 ciudadanos, torturaron a 38, desaparecieron a seis, perpetraron acciones de violencia sexual contra 10”, además de herir a 358, detener arbitrariamente a 351 y amenazar de muerte a 137. Un fenómeno que quedó expuesto en mayor medida durante los meses de abril, mayo y junio, que concentraron la mayor actividad del paro nacional.
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La explicación al alto nivel de violencia por parte de los agentes de la Fuerza Pública es, según la publicación, porque “las agresiones estuvieron motivadas en un porcentaje alto por móviles de persecución política al dar un tratamiento de guerra a las justas protestas”. Protestas que, de acuerdo con el sacerdote Javier Giraldo, “vienen de lejos, porque es un malestar que tiene fundamentos muy de fondo, que va convenciendo a capas cada vez más grandes de la población y que realmente uno no ve que se le esté buscando una salida a eso”. Sin embargo, agrega el investigador social, “el desbordamiento de la violencia del Estado manifestó una desaparición del Estado de derecho, donde los derechos más básicos y sagrados fueron olvidados y pisoteados”.
Sobre el tratamiento dado desde el Gobierno a las protestas que se extendieron por tres meses en el país, al Cinep le preocupa que, “a pesar de las visitas de organismos y organizaciones internacionales, además de las denuncias realizadas en los ámbitos nacional e internacional, el Estado no adoptó medidas para mitigar o frenar esa violencia”. Afectaciones que dejaron un mayor número de víctimas en los departamentos de Santander, Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia, y en Bogotá.
A pesar de que el paro finalizó hace varios meses, el padre Giraldo observa con desazón los legados de este y su influencia con respecto a las elecciones presidenciales del próximo año: “Me preocupa mucho que esta relativa calma que se ha dado después del paro está llevando a los candidatos presidenciales y a los grupos políticos tradicionales a una inercia, a lo que siempre han hecho. Esas peleas entre candidatos, que si de izquierda, que si de derecha, que si de centro, que son muy superficiales. No se está abordando la problemática de fondo: el modelo económico, el modelo político y el modelo militar, que fueron los malestares expresados por la ciudadanía durante las movilizaciones”.
Al margen del paro nacional, el centro de investigación lanza también una alerta ante el fortalecimiento del paramilitarismo en el país durante el primer semestre de este año. Luego de la Fuerza Pública, estos fueron los segundos actores que mayores hechos victimizantes perpetraron: “Se registraron 86 amenazas de muerte, ejecuciones extrajudiciales de 24 ciudadanos, 11 personas desaparecidas, siete víctimas de violencia sexual, tres personas torturadas y tres más heridas”. A su vez, el Ejército Nacional se configuró como el tercer agente que mayores violaciones a los derechos humanos cometieron entre enero y junio. Al respecto, la publicación indica que tienen registros de “20 detenciones arbitrarias, 19 amenazas de muerte, dos desapariciones forzadas, dos personas torturadas, una ejecución extrajudicial, un ciudadano herido y una persona víctima de violencia sexual”.
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En total, según el reporte entregado por el Cinep, los campesinos, indígenas, líderes y lideresas de base, así como las personas pertenecientes a la población LGBTIQ+ y los profesionales, fueron los sectores sociales más victimizados durante este primer semestre en el país. Sin embargo, a pesar de que a cerca de 900 víctimas no se les pudo identificar con ningún grupo social, la publicación señala que allí es donde se ubican la mayor cantidad de jóvenes que protestaron durante tres meses en el país. Esto, según el centro de investigación, aunque no es válido como un ejercicio estadístico dada la metodología que utilizan para alimentar la base de datos, sí sirve para “ilustrar la magnitud y continuidad de la violencia política, que se ha convertido en prácticas sociales genocidas, como prácticas de aniquilamiento, en el que el prototipo de las víctimas son poblaciones y sectores sociales determinados”.
Infracciones al Derecho Internacional Humanitario también preocupan
En relación con las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que es el que regula la guerra y los conflictos armados, el Cinep explica que “el país paró, pero el conflicto armado no”. Sobre estas, en el primer semestre de este año, se registraron casi 150 víctimas en todo el país, donde las guerrillas -indistintamente disidencias de las Farc, Eln o guerrillas de carácter más local como el Epl- y los paramilitares fueron los principales victimarios, con 91 y 30 hechos victimizantes respectivamente.
Al igual que con las vulneraciones a los derechos humanos, las infracciones al DIH fueron dirigidas principalmente contra campesinos, líderes y lideresas sociales e indígenas, quienes “presentaron amenazas, reclutamiento, homicidios y lesiones por métodos y medios ilícitos de guerra o lesiones por causa de acciones bélicas”. Por esta razón, y pese a las limitaciones metodológicas de la base de datos, el Cinep dice que “la crisis social y humanitaria en Colombia es una realidad inocultable. Este primer informe del año 2021 así lo deja ver, las modalidades de violencia política que continúan siendo practicadas en el país nos dan cuenta de las diversas prácticas sociales de genocidio que operan en las diferentes regiones del país contra sectores sociales particulares. Prácticas que han ido caminando hacia la configuración de un modelo de relaciones sociales que nos conduce a la destrucción ética y moral”.
Pese al crítico escenario que atraviesa el país respecto a vulneraciones de derechos humanos, los participantes de este informe creen que hay razones para mantenerse optimistas. El padre Alejandro Angulo aseveró que las marchas que se llevaron a cabo en el marco del paro nacional “son una muestra de un despertar de la conciencia y resistencia” entre la población colombiana.
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Giraldo, a su turno, considera que las discusiones respecto a las próximas elecciones deben superar la superficialidad del espectro político de los candidatos e incluir las demandas de la sociedad: “Creo que hace falta un cambio de estructuras y que hace falta replantear toda las discusiones políticas, porque el problema no es si el candidato es de derecha, de izquierda o de centro, sino cuáles son las estructuras económicas y las estructuras políticas de participación que hay que construir. Por ejemplo, hay unos interrogantes muy de fondo sobre el sistema electoral como un sistema que ha incorporado ya el fraude”. Además que, en gran medida, las exigencias que se manifestaron durante el paro nacional pueden ser mejor tramitadas si en 2022 se elige un gobierno “un poco más moderado que este, que permita más el diálogo y que escuche más a los sectores excluidos”.
El jesuita sostiene que “el paro demostró que hay principios muy centrales de la Constitución que no se respetan y se pisotean con la mayor tranquilidad”. Por lo tanto, considera que ante estas vulneraciones “se está pidiendo a gritos otro tipo de Constitución”. Una nueva Carta Política que, a su juicio, debe abordar dos puntos neurálgicos que se quedaron por fuera de la actual: las estructuras económicas y militares.