La Contraloría General de la República, en una Actuación Especial de Fiscalización que realizó en el primer semestre de 2020, a proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en La Guajira, encontró presuntas irregularidades. En total fueron cinco hallazgos fiscales por un valor de $41.384 millones de pesos, tres de estos tienen posible incidencia penal, por un valor total de $31.730 millones de pesos.
16 proyectos fueron auditados por un valor total de $132.427 millones de pesos, ejecutados por la Gobernación de la Guajira, la Universidad de la Guajira, y los municipios de Riohacha, Barrancas, Albania, Hatonuevo y Uribia.
Los cinco hallazgos fiscales tienen que ver con un contrato de la Universidad de La Guajira, la construcción del abandonado e inoperante acueducto del corregimiento de Camarones, el inconcluso Terminal de Transporte de Uribia, un proyecto de Fedecafé para asistencia técnica a pequeños caficultores de la Serranía del Perijá y unas atrasadas obras de contención de inundaciones en Riohacha.
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Universidad de La Guajira
Uno de los hallazgos está relacionado con el incumplimiento contractual por parte de la Universidad de la Guajira en la ejecución de un contrato en la modalidad de convocatoria (para estudios de maestría dentro y fuera del país) por un valor de $12.328 millones de pesos. La entidad encontró, entre otras cosas, que no se evidencia “que exista una efectiva retroalimentación de los profesionales beneficiarios de este programa al Departamento de La Guajira”.
Abandonado e inoperante acueducto del corregimiento de Camarones
Otro de las observaciones tiene que ver con el proyecto de construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Acueducto y abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Camarones, Riohacha, por un valor total de $12.102 millones de pesos. Según la auditoria hay una serie de fallas en la planeación, formulación, viabilización y aprobación del proyecto.
La Contraloría dice que siete años después de haber iniciado el contrato de construcción del acueducto (y un año y siete meses después de la entrega) la infraestructura se encuentra abandonada e inoperante. Además, el proyecto no ha cumplido el objetivo de garantizarle a la población del corregimiento de Camarones una fuente de agua potable, ni de dar cobertura a la prestación del servicio de alcantarillado.
“Se desconocieron las características de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del SGR, referidas a la pertinencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto de las que habla el artículo 23 de la ley 1530 de 2012”, dice la Contraloría. La entidad dice que, en este caso, se presenta una observación con presunta incidencia administrativa, disciplinaria, fiscal y penal de $11.837 millones de pesos. Estos son los equivalentes a la totalidad de los $12.097 millones pagados al contratista y los $1.140 millones pagados al interventor.
Terminal inconcluso en Uribia
El proyecto para la Construcción de la Terminal de Transporte de categoría IV en el municipio de Uribia, por un valor total de $7.944 millones de pesos, también está dentro de las observaciones. Se presenta un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por $7.564 millones de pesos.
La Contraloría dice que esto se debe al “uso ineficiente e ineficaz de los recursos del SGR en la construcción de una infraestructura que no cuenta con la aprobación y habilitación necesaria para entrar en operación”. Hace más de cinco años y dos meses se entregó la obra y esta no está funcionando.
Proyecto de Fedecafé para asistencia técnica a pequeños caficultores de la Serranía del Perijá
Por deficiencias en el desarrollo del proyecto de asistencia técnica y desarrollo social dirigida a los pequeños y medianos caficultores de la frontera en la Serranía del Perijá, se presenta un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $4.697 millones de pesos. Esta ejecución estaba a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros.
El contrato no se ha ejecutado a cabalidad. Cinco años después no se han adelantado todas las actividades que este preveía. La Contraloría manifiesta que el contrato se suspendió por la “falta de planeación financiera, pues es claro que desde el inicio no se presupuestaron los recursos suficientes para garantizar la contratación y el pago efectivo de la interventoría del contrato”.
Obras atrasadas para la contención de inundaciones en Riohacha
Finalmente, la construcción de obras de protección contra inundación de la estación de bombeo de la urbanización Lomas de Trupillo, en Riohacha.
Dicha urbanización hace parte del proyecto de 1.000 viviendas gratis entregadas por el Gobierno Nacional y desarrollado con acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía de Riohacha y la Gobernación de La Guajira; buscaba beneficiar a 300 familias. Con el contrato, querían disminuir el nivel de inundaciones en el sector de la estación elevadora del barrio Lomas del Trupillo y lo barrios que conforman la comuna 10.
Hay un retraso de ejecución, liquidación y entrega de la obra de más de 26 meses, esta se ha visto afectada por siete suspensiones desde diciembre de 2017 hasta septiembre de 2019. La Contraloría determinó que había “lugar para una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $4.253 millones de pesos”.
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