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A través de los decretos 0042 y 0043 del 20 de enero de 2025, la gobernación de Norte de Santander declaró la urgencia manifiesta y la emergencia humanitaria para priorizar los recursos para atender a las ya más de 20.000 personas que han salido desplazadas del Catatumbo por cuenta de los enfrentamientos que se presentan entre el ELN y las disidencias.
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“Hemos decretado la emergencia social y económica para poder, a través de acciones urgentes, continuar la atención de las víctimas y desplazados que se encuentran en Tibú, Ocaña y también en Cúcuta. Son acciones que permiten mover el presupuesto para poder adquirir alimentos, medicinas, colchonetas, ventiladores, ropa y todo lo que necesita la comunidad”, dijo el gobernador William Villamizar.
Sumado a eso, el mandatario aseguró que esperan la ayuda de otros mandatarios, como la que anunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el Ministerio de la Igualdad, de la Unidad de Víctimas, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y del apoyo de la gente del departamento que se ha sumado con apoyos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín aseguró que son alrededor de 20.000 personas las que han tenido que salir desplazadas del Catatumbo en cinco días; además, añadieron que “continúan las llamadas y mensajes que nos piden seguir rescatando gente en los vuelos que han dispuesto la Misión de la ONU Colombia y la Fuerza Pública. La respuesta institucional en lugares de acogida tiende a sobrepasarse. El Catatumbo clama paz e igualdad”.
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Sumado a esto, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos alertó “la ocurrencia del homicidio de al menos 60 personas; el desplazamiento forzado de más de 18 mil personas; el confinamiento de más de 1000 personas, incluyendo 23 comunidades indígenas del Pueblo Bari y comunidades del Pueblo Yukpa”.
Además, tienen el registro de 30 personas que estarían secuestradas, mientras que 46 mil niñas, niños y adolescentes estarían desescolarizados por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias dirigidas por alias Calarca.
“La Oficina verificó, entre los homicidios reportados hasta la fecha, el homicidio de dos personas defensoras de derechos humanos, los líderes Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero, así como múltiples amenazas en contra de liderazgos sociales de la región, quienes en muchos casos se desplazaron junto con sus familias a Ocaña y Cúcuta”, indicó la ONU.
Por su parte, el personero de Teorama, Celso Rincón, pidió la habilitación de un corredor humanitario ante las condiciones en que se encuentran las personas confinadas en el municipio, “poder por lo menos tener 24 horas para abastecer a las comunidades y para quienes requieran sacarlos y atender a los heridos, recoger los cuerpos sin vida y monitorear la situación, pero hasta el momento eso ha sido imposible”.