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La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta sobre la emergencia educativa en el Catatumbo y Cúcuta, en Norte de Santander, como consecuencia de la crisis migratoria y el aumento de hechos relacionados con el conflicto armado. Hay más de 17 mil menores de edad venezolanos en situación irregular en Cúcuta y más de 18 mil en el departamento, señaló la Defensoría.
A esta situación se le suma una infraestructura educativa insuficiente y bajo esquema de vacunación contra el covid de niños, niñas y adolescentes.
“Una de las principales causas de la afectación educativa en ese departamento es la falta de nombramientos en la planta docente y administrativa, situación que han venido denunciando las instituciones educativas y que aumenta el riesgo de deserción escolar”, indicó la Defensoría. Este es el caso para más de 12 mil estudiantes que no han iniciado el año escolar por esta situación, de acuerdo con información de la Secretaría de Educación Departamental en la Mesa de Educación en Emergencia.
La @DefensoriaCol intenta establecer canales de mediación ante la protesta estudiantil que se registra en el sector La Aduana, municipio de Tibú, #NorteDeSantander. Estudiantes y padres de familia alegan condiciones precarias en las instituciones educativas. pic.twitter.com/FkSDmLeUnw
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) March 29, 2022
La ausencia de transporte escolar en algunas regiones, como el municipio de Salazar de las Palmas, es un problema para el transporte de estudiantes y docentes por igual. Este es el caso reportado a inicios de marzo en varios municipios del Catatumbo, en el que se reportaron falencias en el inicio de la temporada escolar. Por ejemplo, integrantes del centro educativo rural Benjamín Quintero Álvarez, ubicado en el corregimiento de La Vega de San Antonio, en el municipio de La Playa de Belén, indicaron que es común que los estudiantes caminen jornadas de cuatro o cinco horas para llegar a la institución.
Varios de los docentes, por su parte, se pueden demorar hasta nueve horas en movilizarse hasta el colegio. La razón: no cuentan con transporte escolar y las vías de acceso no están en buen estado, lo que dificulta aún más el recorrido.
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La Defensoría del Pueblo exhortó a las entidades nacionales, como el Ministerio de Educación, ICBF, Migración Colombia y Ministerio de Salud, “para que apoyen de manera efectiva a las Secretarías de Educación Departamental y Municipal para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en zonas rurales y urbanas”, puntualizó la entidad.