Denuncian recrudecimiento de la violencia y la crisis humanitaria en Chocó
Los hechos de violencia provocados por enfrentamientos entre actores armados han afectado a 7.000 personas y causado la muerte de al menos ocho menores de edad. Las comunidades le solicitan al Estado que intervenga y garantice la protección de sus derechos.
- Redacción Nacional
Varias organizaciones chocoanas alertaron sobre la agudización de la crisis humanitaria y la emergencia que viven las comunidades indígenas y afros del departamento por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre actores armados.
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Diócesis de Quibdó, Pacipaz, y la Coordinación Regional del Pacifico Colombiano resaltaron la falta de presencia del Estado frente a la situación que azota la región.
Las organizaciones pusieron en evidencia que, pese a las constantes denuncias hechas desde el territorio y los informes de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo, la crisis social es cada vez peor. Asimismo, pusieron como punto de comparación la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002 en Bojayá, en donde 79 afrocolombianos fueron asesinados.
“El accionar del Ejército y de la Armada en Bojayá no es eficaz y actúan en complicidad y connivencia con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, agravando la situación de orden público. Una vez más, el Estado Colombiano omite sus obligaciones constitucionales de generar paz en el territorio, tal como ocurrió en el 2002”, señalaron en un documento.
Lea también: Se agudiza crisis en Chocó por desplazamiento forzado de comunidades indígenas
Desde febrero, las poblaciones de los municipios Bahía Solano, Juradó, Carmen de Darién, Bojayá y Riosucio afrontan un constante estado de confinamiento y desplazamiento por la presencia y las amenazas de las AGC, el Clan del Golfo y la guerrilla del Eln.
Las comunidades residentes de estas zonas afectadas son los pueblos indígenas de Villa Hermosa, Egorokerá, Unión Baquiaza y Playita, que habitan en inmediaciones del río Opogadó, zona rural de Bojayá.
Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 883 personas pertenecientes a 187 familias permanecen confinadas desde el 4 de marzo de este año.
La Fundación Paz & Reconciliación Pares reveló que los hechos victimizantes que afectaron al Chocó en 2018 fueron: desplazamiento, con 46%; confinamiento, con 44%; y amenaza, con 9%.
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La crisis del departamento es histórica. Helfer Andrade, coordinador de los pueblos indígenas del Chocó, aseguró que estos factores de violencia son recurrentes e intermitentes desde hace varios años atrás. Sin embargo, en estos primeros cuatro meses, el número de personas afectadas alcanza los 7.000 y son al menos ocho los niños que han muerto a causa de enfermedades como la malaria y la falta de una atención médica oportuna.
Desde 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, hasta 2018 se registraron 28.651 casos de desplazamiento forzado en el territorio. Asimismo, a nivel nacional se contaron 19.591 casos de confinamiento, de los que 10.794 ocurrieron en Chocó.
En el informe Cómo va la paz: la restructuración unilateral del Acuerdo de Paz de la Fundación Paz y Reconciliación, la situación de Bahía Solano y Juradó fue denunciada. Por otra parte, el Gobierno no atendió la emergencia cuando, en noviembre de 2018, varias comunidades indígenas chocoanas caminaron 311 kilómetros hasta la capital para hablar con el presidente Iván Duque y solicitar garantías a sus derechos fundamentales.
Una vez más, las organizaciones territoriales solicitan al Estado, a las autoridades locales y departamentales, y a los actores del conflicto armado que intervengan o, en el último caso, que cesen las actividades que ponen en riesgo la vida y la integridad de la población civil.
Varias organizaciones chocoanas alertaron sobre la agudización de la crisis humanitaria y la emergencia que viven las comunidades indígenas y afros del departamento por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre actores armados.
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Diócesis de Quibdó, Pacipaz, y la Coordinación Regional del Pacifico Colombiano resaltaron la falta de presencia del Estado frente a la situación que azota la región.
Las organizaciones pusieron en evidencia que, pese a las constantes denuncias hechas desde el territorio y los informes de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo, la crisis social es cada vez peor. Asimismo, pusieron como punto de comparación la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002 en Bojayá, en donde 79 afrocolombianos fueron asesinados.
“El accionar del Ejército y de la Armada en Bojayá no es eficaz y actúan en complicidad y connivencia con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, agravando la situación de orden público. Una vez más, el Estado Colombiano omite sus obligaciones constitucionales de generar paz en el territorio, tal como ocurrió en el 2002”, señalaron en un documento.
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Desde febrero, las poblaciones de los municipios Bahía Solano, Juradó, Carmen de Darién, Bojayá y Riosucio afrontan un constante estado de confinamiento y desplazamiento por la presencia y las amenazas de las AGC, el Clan del Golfo y la guerrilla del Eln.
Las comunidades residentes de estas zonas afectadas son los pueblos indígenas de Villa Hermosa, Egorokerá, Unión Baquiaza y Playita, que habitan en inmediaciones del río Opogadó, zona rural de Bojayá.
Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 883 personas pertenecientes a 187 familias permanecen confinadas desde el 4 de marzo de este año.
La Fundación Paz & Reconciliación Pares reveló que los hechos victimizantes que afectaron al Chocó en 2018 fueron: desplazamiento, con 46%; confinamiento, con 44%; y amenaza, con 9%.
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La crisis del departamento es histórica. Helfer Andrade, coordinador de los pueblos indígenas del Chocó, aseguró que estos factores de violencia son recurrentes e intermitentes desde hace varios años atrás. Sin embargo, en estos primeros cuatro meses, el número de personas afectadas alcanza los 7.000 y son al menos ocho los niños que han muerto a causa de enfermedades como la malaria y la falta de una atención médica oportuna.
Desde 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, hasta 2018 se registraron 28.651 casos de desplazamiento forzado en el territorio. Asimismo, a nivel nacional se contaron 19.591 casos de confinamiento, de los que 10.794 ocurrieron en Chocó.
En el informe Cómo va la paz: la restructuración unilateral del Acuerdo de Paz de la Fundación Paz y Reconciliación, la situación de Bahía Solano y Juradó fue denunciada. Por otra parte, el Gobierno no atendió la emergencia cuando, en noviembre de 2018, varias comunidades indígenas chocoanas caminaron 311 kilómetros hasta la capital para hablar con el presidente Iván Duque y solicitar garantías a sus derechos fundamentales.
Una vez más, las organizaciones territoriales solicitan al Estado, a las autoridades locales y departamentales, y a los actores del conflicto armado que intervengan o, en el último caso, que cesen las actividades que ponen en riesgo la vida y la integridad de la población civil.