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16 Dec 2021 - 5:37 p. m.

Diferencias en los arhuacos por suspensión de audiencia pública en Cesar

La decisión de la Corte Constitucional profundizó las diferencias de los indígenas de la Sierra. Una parte de la comunidad aprueba la decisión, mientras que otra la rechaza.
La audiencia pública que había convocado la Corte Constitucional para escuchar a los arhuacos fue cancelada un día antes de que se llevara a cabo (13 de diciembre). Imagen de referencia.
La audiencia pública que había convocado la Corte Constitucional para escuchar a los arhuacos fue cancelada un día antes de que se llevara a cabo (13 de diciembre). Imagen de referencia.
Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Continúa la crisis de gobernabilidad del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. La elección, hace un año, de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador generó reacciones opuestas dentro de la comunidad. Mientras que unos consideran que el proceso fue legítimo, otros argumentan que hubo irregularidades.

La audiencia pública que había convocado la Corte Constitucional para escuchar a los arhuacos fue cancelada un día antes de que se llevara a cabo (13 de diciembre). El encuentro se realizaría en Nabusimake, Cesar, el marco del trámite de una tutela del anterior gobernador José María Arroyo Izquierdo contra la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y Zarwawiko Torres. En ella, argumentó que la elección de este último vulneró los derechos del pueblo a la igualdad, a la participación política, a la identidad cultural y al debido proceso.

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Entretanto, las comunidades siguen en controversias internas para definir quién debe ser el representante ante el Estado de cerca de 22 mil indígenas y 54 asentamientos arhuacos. Hace más de un mes la Corte suspendió a Zarwawiko Torres y ordenó la inscripción de Danilo Villafaña en el resguardo Magdalena-Guajira, a Rogelio Torres en el resguardo de la Sierra Nevada y a Jesús Torres en el resguardo Businchama.

La profunda división de las comunidades se evidenció en dos comunicados a nombre de la Confederación Indígena Tayrona (CIT). Aunque se esperaría que hubiera uniformidad en los pronunciamientos oficiales, los documentos tienen posturas enfrentadas.

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En un primer comunicado emitido el 13 de diciembre y firmado, entre otros, por seis Mamos (máximas autoridades) y los tres gobernadores designados por la Corte Constitucional, se respaldó la suspensión de la audiencia pública. “Un sector de la comunidad promueve el desconocimiento de las autoridades tradicionales a través de acoso, ataques sistemáticos y difamación contra la dignidad personal de los Mamos, a través de las acciones en algunos medios de prensa y redes sociales, de personas auspiciadas por el señor Zarwawiko Torres”, consignó el documento.

Por otro lado, cuestionó la movilización masiva como mecanismo de presión a la Corte, haciendo referencia a la visita, a inicios de noviembre, de algunas autoridades arhuacas a Bogotá. “Esta situación se agrava ya que han utilizado a menores de edad para generar masas, sin importar la integridad física de los mismos”, concluyó.

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En el segundo comunicado difundido el 14 de diciembre, otro sector de la comunidad respaldó su visita a Bogotá pues la consideraron necesaria “para cumplir con tan alto compromiso y de tanta trascendencia para el destino del autogobierno, la autonomía y la libre autodeterminación del Pueblo Arhuaco y de los Pueblos Indígenas de Colombia”. Con respecto a la suspensión de la audiencia, señalaron que no advirtieron ni conocían verdaderas razones de modo, tiempo y circunstancia para justificar la decisión.

El documento también anunció que se declaran en Asamblea Permanente y respaldaron la legitimidad de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador del Pueblo Arhuaco. En la misma línea, desconocieron los nombramientos de Danilo Villafaña, Rogelio Torres e Iván de Jesús Torres. Finalmente, denunciaron que la “Comisión de Autoridades Mayores y Mamos” se autoproclamó como máximo órgano se gobierno, lo cual corresponde a “una suplantación de las facultades exclusivas de la Asamblea General, de acuerdo con nuestros Sistemas de Gobierno y de Justicia Propios”.

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