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Bonifacio Henríquez, alcalde de Uribia, La Guajira, realizó una rueda de prensa este viernes 6 de noviembre en la que hizo un llamado a todos los entes de control para que pongan la lupa en la rama judicial del departamento. “Tenemos dos gerentes, hay un bloqueo institucional por dos fallos de tutela, voy a asumir mis funciones después de superar el COVID-19, pero llego con preocupación, pues no podemos cumplir dos fallos”, afirmó.
En la actualidad hay dos gerentes: la enfermera Melba Cortés Bolaños, que lleva ocho años en el hospital, y el médico Alexander Quintana, elegido por el actual Gobierno. Henríquez, primer alcalde wayuu de Uribia, dice que buscan mantener en el poder a la misma clase dirigente que durante años ha estado a la cabeza de las entidades del Estado, específicamente de esta institución de salud.
En Uribia, el 98% de la población se encuentra afiliada al régimen subsidiado, aunque no se ha suspendido el servicio, el alcalde asegura que está en riesgo la atención de alrededor de 200.000 personas, la mayoría indígenas, los pagos al personal médico y administrativo, también los suministros podrían escasear “porque la cuenta bancaria de la institución está bloqueada”.
Recientemente, el alcalde alertó que se emitió un fallo de incidente de desacato que lo obligaba a prevaricar, pues le exigía "ir en contra de la ley para cumplir con una tutela, que pretende que la actual gerente del hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro continúe indefinidamente en el cargo y se anule el nombramiento del nuevo gerente”. Este jueves se confirmó que el alcalde no ha incurrido en desacato.
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Melba Cortés Bolaños se posesionó como enfermera jefe en el año 1994, el 30 de enero de 2012 fue designada como directora y en el 2016 fue ratificada. “Este segundo periodo debía terminar este año. Sin embargo, en enero, el juez promiscuo municipal de Maicao, Vladimir Ernesto Daza Hernández, juez que tiene varias investigaciones por prevaricato, le concedió una tutela para que continuara, alegando que se trata de una mujer cabeza de hogar (hecho falso pues vive con su esposo e hijos) y que está a punto de pensionarse”, afirma la Alcaldía.
Aunque Cortés ha sustentado que está a punto de pensionarse, los abogados de la Alcaldía sustentan que el concepto de estabilidad laboral reforzada no aplica para este caso. En la tutela también se determinó que Cortés puede optar por seguir como gerente hasta la edad de retiro forzoso, es decir hasta los 70 años.
Para el alcalde electo la ley en este tipo de nombramientos es muy clara, aludiendo artículo 20 de la ley 1797 de 2016: “Los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para periodos institucionales de cuatro (4) años, que empezarán con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio del periodo institucional del Presidente de la República, del Gobernador o del Alcalde”.
Henríquez señala que antes de que él nombrara al actual director, Cortés buscó, a través de la tutela, quedarse en este hospital, que es considerado “un fortín en esta región -cuyo presupuesto anual es de más 14.000 mil millones de pesos- que había sido administrado por la misma clase política desde hace más de 20 años”.
Para la Alcaldía, la comunidad wayuu es la más afectada, por eso piden a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Procuraduría y al Gobierno nacional que “actúen en legalidad y entiendan que en La Guajira las decisiones judiciales no ofrecen garantías para la población”.
El nuevo gerente, Alexander Quintana, también ganó una tutela que ampara sus derechos como nuevo director del hospital. El alcalde le solicitó a la Corte Constitucional revisar el caso, pero además mantiene la solicitud a los entes competentes de investigar el manejo de las finanzas del hospital.
Para Henríquez tanto el juez segundo municipal de Maicao, Vladimir Daza, como el veedor Eduardo Padilla Hernández (quien ha emprendido acciones legales) están siendo cómplices de un juramento falso hecho por Cortés.
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“Es importante que la procuraduría General de la Nación, desarrolle un plan de choque que busque que en Departamentos como La Guajira, la justicia realmente represente los intereses de los ciudadanos, la cabeza de Colombia y de toda Latinoamérica no puede estar a merced de los corruptos”, asegura Henríquez.
Frente a las denuncias que pesan contra el alcalde por incumplir los fallos, los asesores manifiestan que están adelantando todas las acciones legales pertinentes e incluso que han tenido que poner una tutela contra el juez. “Pedimos a la Corte Constitucional que en una sentencia unificada aclare el asunto, para eso necesitamos que el juez envié el fallo a revisión”, afirman. También denuncian que impusieron la denuncia frente a la Fiscalía en abril, pero el proceso no ha avanzado.