24 Nov 2021 - 1:00 p. m.

El impacto de la pandemia sobre la población desplazada

El director del equipo de verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado habla de la necesidad de atención diferenciada a esta población para la garantía de un ingreso mínimo vital.
Carlos E. Díaz R.

Carlos E. Díaz R.

Periodista sección Colombia
El tamaño de los hogares de la población desplazada es en promedio de más de 4 miembros.
El tamaño de los hogares de la población desplazada es en promedio de más de 4 miembros.

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (Csppdf), en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), presentó ayer un estudio sobre el impacto que ha tenido la pandemia en las víctimas de desplazamiento forzado en el país. Se trata de un informe para el que se realizaron 907 encuestas a hogares de víctimas de este fenómeno en 20 municipios de Colombia: San Jacinto, Ovejas, El Carmen de Bolívar, Cartagena, Santa Marta, Chibolo, Bojayá, Buenaventura, Pasto, Tumaco, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. La selección fue segmentada en ciudades pequeñas, intermedias y grandes, para evidenciar la situación de derechos de esta población a raíz de la pandemia. Entrevista con Luis Jorge Garay, director del equipo de verificación de la Comisión.

¿Cuáles son las condiciones de vulnerabilidad a la que están expuestas las víctimas de desplazamiento?

La población desplazada ha sido caracterizada como la más vulnerable entre las vulnerables del país, por una multiplicidad de razones. La primera es que el tamaño de los hogares es de más de 4 miembros, cuando el promedio nacional es de 3,2; en segundo lugar, más del 40 % de los hogares tienen jefatura femenina, cuando el promedio del país es 40 %. Por otro lado, tienen un menor nivel de escolaridad y de escolarización; hay un mayor número de personas menores de 15 años en los hogares; y hay una alta precarización laboral (ya sea en términos de informalidad, inactividad e ingresos).

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¿Cómo evalúa la Comisión la respuesta gubernamental a esto?

La política de transferencias monetarias, antes de la pandemia se concentró en los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor. A raíz de la crisis sanitaria se introdujo el ingreso solidario y ya estaba prevista la devolución del IVA. Con la pandemia no se ampliaron los programas iniciales, sino que se concentraron en las nuevas transferencias, que llegaron a aproximadamente tres millones de hogares. Encontramos que solo el 8,4 % de los entrevistados tuvo acceso al ingreso solidario y solo 18 % tuvo devolución del IVA. Eso lo ratificamos en otros estudios, en los que se demuestra la pésima focalización de los programas de subsidios y transferencias del gobierno nacional, en la medida en que una proporción importante de los recursos va a clase media e incluso a clase alta. Eso es preocupante en el caso de la población desplazada, pues es de especial protección. Además, sobresale el hecho de que muchos de los hogares de desplazados, no han sido incluidos en la base para ingreso solidario porque se basan en datos del Sisbén de antes de la pandemia, o por problemas de bases de datos, que llevan a que una alta proporción de los hogares no estén registrados.

¿Cómo afectó la crisis del covid-19 el empleo y los ingresos de esta población?

La pérdida de empleo se dio principalmente en las ciudades intermedias, para las cuales el 64 % de los que estaban ocupados antes de la pandemia perdieron su trabajo. En las ciudades grandes perdió la actividad laboral el 54 %, y en las pequeñas, el 22 %; en estas últimas es donde hay mayor informalidad y precariedad en los ingresos. Los grandes agravantes son que más del 70 % de las personas encuestadas vieron reducidos los ingresos laborales desde la pandemia y más del 72 % no contaban con otras fuentes de ingreso diferentes a las laborales. Hubo un empobrecimiento radical y muchos hogares cayeron en la pobreza extrema, evidenciado en que más del 80 % de las personas entrevistadas manifiestan que sus hogares son ‘muy pobres’ o ‘pobres’. Un elemento que va muy ligado al empobrecimiento es el grado de insuficiencia alimentaria, derivada de la disminución del consumo de tres comidas diarias en los hogares entrevistados. El 37 por ciento de los hogares dejó de consumir tres comidas diarias durante la pandemia, a consumir solo dos. De los 907 hogares encuestados, cerca de 200 solo consumía una comida al día. Esto se suma al hecho de que, aunque los Programas de Alimentación Escolar (PAE) llegaron a un 66 por ciento de los hogares, quienes lo han recibido tienen una percepción negativa sobre la calidad de los alimentos.

¿Qué implicaciones tuvo la pandemia en el derecho a la educación de las víctimas de desplazamiento?

Persisten elevados niveles de retraso escolar en la población desplazada, pero un factor que hace precarizar la situación es que, durante la pandemia, la educación virtual fue del orden del 90 % en estos hogares. Esto exige un adecuado acceso a internet, disponibilidad de equipos y de conocimiento previo para controlarlos. Hallamos algo muy importante: solo 3 de cada 10 hogares entrevistados no contaban con acceso a internet, pero una altísima proporción no contaba con cantidad suficiente de dispositivos electrónicos, lo cual demuestra la inexistencia de condiciones para la educación virtual y se agrava la brecha digital, en perjuicio de la población desplazada. Finalmente, solo el 14 por ciento de los hogares encuestados supo de algún programa gubernamental que pudiera enfrentar la ampliación de la señal o brindar subsidios para adquirir equipos.

¿Cuáles fueron las principales afectaciones al derecho a la salud de esta población?

En principio, la población desplazada percibe que la atención recibida en servicios de salud fue favorable en grandes ciudades, pero muy desfavorable en pequeñas y medianas. A pesar de esto, llamaron la atención sobre importantes falencias en la atención del coronavirus, porque adujeron la falta de exámenes requeridos y la insuficiencia de especialistas. Además, muchos de ellos relataron que se dificultó el tratamiento a enfermedades diferentes al Covid 19, por la tardanza y cancelación de citas médicas.

Teniendo en cuenta el marco normativo del auto 149 de 2020 y la Sentencia T-025 de 2004, ¿cómo se perciben las acciones del Estado para prevenir o mitigar las condiciones de vulnerabilidad de los desplazados?

La sentencia estructural T-025 sobre el desplazamiento forzado, al declarar el estado de cosas institucional por la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de esta población (que llega a siete millones en el país), ha servido como un marco de referencia en el proceso de judicialización de la política pública. En concreto, para ir avanzando en la construcción de una institucionalidad y el diseño de un conjunto de políticas públicas indispensables para garantizar el goce efectivo de sus derechos. Recordemos que a esta población se le niega incluso el derecho a la ciudadanía, al no dejarla estar ni siquiera en su territorio. En las progresivas evaluaciones que se han hecho (ya casi 17 años), lo que hemos ido mostrando es que, si bien se ha avanzado en la construcción de institucionalidad, solo se ha progresado de manera importante en determinados derechos. El proceso de la Corte Constitucional ha sido muy importante porque sin su sentencia, probablemente esta población estaría en condiciones más precarias. En este momento, la corte está haciendo unas indagaciones sobre política pública para presentarlas al gobierno nacional y a los entes de control, con el fin de verificar qué tanto se ha avanzado en la política pública sobre desplazamiento. Creo que en los primeros meses del 2022 va a haber decisiones muy importantes en términos de reforzamiento de esta política pública, aunque el panorama no es alentador por los hallazgos de este estudio.

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¿Qué recomendaciones hacen a la política pública de desplazamiento?

La primera recomendación es la necesidad de que se implemente una estrategia de atención diferenciada a la población desplazada para la garantía de un ingreso mínimo vital, dado el nivel de precariedad e informalidad. Consiste en una renta básica que debería ser respaldada por políticas especiales de generación de empleo y de apoyo a la nómina, focalizada en programas que les permitan reconstruir el tejido productivo de los territorios afectados por el desplazamiento y por la irrupción de la pandemia. En segundo lugar, creemos que se deben tomar acciones desde el Departamento Nacional de Planeación para que los nuevos programas no tengan problemas con la falta de información y comunicación. Es necesario tener una buena base amplia e integrada de la población pobre y, en este caso, de la población desplazada. Finalmente, es fundamental reforzar los programas de alimentación escolar, así como los proyectos de conectividad, para dejar de reproducir lógicas de exclusión social a las víctimas del desplazamiento forzado.

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