El Pacífico: ¿una región olvidada?

En la primera semana de 2020, en el norte del Cauca asesinaron a seis personas y otras dos fueron secuestradas por la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, según el defensor regional, Rossi Jair Muñoz. Un panorama similar se vive en Chocó, en donde, según Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, han sido amenazados por lo menos ocho líderes sociales en la última semana. Él mismo, integrante de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, denunció presiones para que abandonara el departamento.

En la primera semana de 2020, en el norte del Cauca asesinaron a seis personas y otras dos fueron secuestradas por la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, según el defensor regional, Rossi Jair Muñoz. Un panorama similar se vive en Chocó, en donde, según Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, han sido amenazados por lo menos ocho líderes sociales en la última semana. Él mismo, integrante de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, denunció presiones para que abandonara el departamento.

El Pacífico, comprendido en este texto como el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, así como el Catatumbo y el Bajo Cauca, han sido algunas de las regiones donde más se concentran el narcotráfico y la violencia del país.

Pero el Pacífico tiene una particularidad: es una zona con territorios colectivos, como los de las comunidades afros e indígenas; y con un histórico abandono estatal, lo cual facilita el accionar de los grupos armados ilegales, como el Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y las disidencias de las Farc.

En el caso del Cauca, la columna Dagoberto Ramos se ha expandido por todo el norte del departamento, concentrándose específicamente en los municipios Corinto y Miranda y sus zonas rurales.

El defensor del Pueblo en el Cauca, Rossi Jair Muñoz, expresó que “uno de los casos más complejos en 2019, y que es muestra de las dinámicas de violencia en el Cauca, fue el asesinato de Karina García, la candidata a la Alcaldía de Suárez”. Según él, el porcentaje de impunidad en estos casos es del 95 %.

En la región hay pobreza y abandono estatal (ya se dijo), y esa situación social es aprovechada por quienes llegan con promesas de dinero fácil a través de los cultivos de uso ilícito. Pero ¿ qué tan cierto es que el índice de esos cultivos viene en aumento?

De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia, en 2015 había 1.488 hectáreas de coca sembradas en Chocó y en 2018 eran 2.155. En Cauca, mientras en 2015 se registraron 8.660 hectáreas, en 2018 la cifra subió a 17.177. Y en Nariño pasaron de tener 29.755 hectáreas sembradas en 2015 a 41.903 en 2018.

En el caso de Buenaventura, el puerto más importante de Colombia y por donde se transporta el 60 % del comercio exterior del país, la situación histórica del conflicto también ha azotado a la población con la presencia de las Farc, de grupos armados organizados y grupos armados delincuenciales, y del Eln.

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Germán Ayala, docente universitario de conflicto y posconflicto, señaló que “el puerto es un escenario de disputas sangrientas entre bandas criminales y narcotraficantes, que han actuado con el silencio cómplice del Estado local”.

El comandante de la Brigada de Infantería N.º 2, coronel Álex Eduardo Ramírez, le confirmó a El Espectador que hay un grupo de hombres del Eln que hizo presencia el 4 de enero en los sectores El Tigre, Cocalito y Guagualito, zona rural de Buenaventura.

Según el uniformado, aunque no hubo confinamiento, sí se presentaron intimidaciones de miembros del Eln a la sociedad civil por parte de los miembros del grupo armado ilegal.

La presencia del Eln también se ha extendido al Chocó. Así lo expresó Edilfredo Machado, alcalde de Bojayá, quien explicó que, pese a que las dinámicas de violencia siempre han estado en el departamento, la situación se agravó con el incumplimiento del Gobierno en el Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc en 2016, porque las zonas que históricamente ocupaban las Farc fueron ocupadas por las Agc, el Eln y otros grupos armados.

Lo que más inquieta, según el alcalde, es que “entre esos grupos armados hay enfrentamientos por el territorio constantemente, entonces tememos que algún civil sea herido o muera en el fuego cruzado”.

Sobre el Chocó, la Defensoría del Pueblo emitió 13 alertas tempranas en 2019, en las que se alertaba de la presencia de Agc y Eln en Bojayá.

En Nariño, según la misma entidad, se presentaron nueve eventos de desplazamiento forzado y confinamiento a la población.

Los municipios más afectados fueron Tumaco y Barbacoas, en los que cerca de 3.200 personas tuvieron que abandonar sus territorios.

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“Ocho de los nueve desplazamientos fueron en territorios colectivos de grupos étnicos y uno en una comunidad campesina; todos por disputas entre los grupos armados frente Óliver Sinisterra (FOS) y los Contadores”. En el informe se especifica que la mayoría de personas fueron desplazadas a la cabecera municipal de Tumaco y otras hacia Ecuador.

De hecho, un año después de la muerte de Wálter Arizala, alias Guacho, en Nariño operan al menos 12 estructuras armadas que, según Zabier Hernández, excomisionado de Paz en Nariño y Pasto, tienen tres puntos de concentración claves: la zona Cordillera, con disputas entre Eln, Agc, disidencias de las Farc y el Ejército; el triángulo de Barbacoas, y la zona de Tumaco y el Pacífico sur.