Hablar de la tenencia de la tierra en el campo es en la mayoría de las veces referirse a la concentración de la tierra y al poco espacio para los campesinos. Por lo que hablar del acceso de jóvenes a la vivienda rural no solo parece ser un tema desconocido, sino además de poca cabida en medio de la creciente migración hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades.
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Hay cifras. Según perspectivas de empleo juvenil en América Latina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Ayuda en Acción, en 2030, el 70 % de los jóvenes en la región trabajarán en el sector servicios. Además, desde ya, se evidencia que cada vez son menos los jóvenes en actividades agrícolas.
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo resaltó, en 2021, que el 44 % de las personas en las áreas rurales de América Latina vivía en situación de pobreza y el 21 % lo hacía en condiciones de pobreza extrema, mientras que mediciones del DANE evidencian que al menos el 46,8 % de los hogares rurales colombianos requieren intervención estructural por las malas condiciones e habitabilidad.
Desde el Gobierno, Nancy Moreno, directora de las estrategias “Mujeres rurales” y “Jóvenes rurales” del Ministerio de Agricultura, explicó que la Reforma Agraria busca fortalecer el desarrollo del campo, y que los jóvenes rurales juegan un papel clave en este proceso, ya que se busca que sigan viviendo y trabajando en él. Por eso, las estrategias se han dirigido a proyectos productivos y comunitarios. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha implementado acciones para facilitar la adjudicación de predios a jóvenes que se queden en la ruralidad. Dos resoluciones, emitidas en 2023, establecen criterios que dan puntajes adicionales a jóvenes con formación en ciencias agropecuarias, ambientales o afines, así como a asociaciones juveniles en las que la mayoría de sus miembros tienen entre 16 y 28 años.
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En cuanto al financiamiento, se estableció el crédito Joven Rural del Banco Agrario, que está diseñado para jóvenes entre 18 y 28 años que tengan un proyecto productivo agropecuario, así como está el “Campo emprende”, que da apoyo financiero y asistencia técnica para la puesta en marcha de proyectos asociativos en el campo. A esto se suma el programa de “Alianzas productivas”, que brinda respaldo financiero para garantizar la sostenibilidad de emprendimientos. Además, está “Mis finanzas cuentan”, con el que enseñan herramientas para mejorar la administración de sus recursos y proyectos productivos.
Pese a esto, Yidis Flórez, representante legal de la Federación de Campesinos del Bajo Cauca (Fedecauca), comenta que aunque existen este tipo de programas es difícil el acceso a la información, los trámites y hasta cómo demostrar experiencia previa en el sector agropecuario.
Hay otras complejidades de tipo técnico, como que, de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), solo el 47 % del área rural está registrada, mientras que en varios municipios aún no existen planes de ordenamiento territorial, lo que dificulta el acceso y la construcción de vivienda en estos sitios.
De igual forma, la Contraloría ha lanzado alertas por las condiciones para asignar subsidios de vivienda rural, mientras para expertos consideran necesario replantear la forma y los montos que se entregan a los beneficiarios en la ruralidad, dadas sus necesidades y los bajos ingresos de quienes viven del campo.
“Hemos estado tan concentrados en atender los retos generados por los procesos de la acelerada urbanización, que se nos olvidó que en el campo también teníamos compromisos en materia habitacional”, le dijo hace unos meses Francesco Orsini, director de Hábitat de Comfama, a El Colombiano.
Más allá del acceso a la tierra
Florez recuerda cómo, años atrás, 45 asociaciones campesinas recibieron tierras en una zona de difícil topografía y con recursos limitados, por lo que ahora, además de oportunidades para acceder a predios propios, cree que se debe pensar en cómo hacer que los jóvenes vean un futuro en el campo.
Para muchos, la imagen del trabajo rural sigue atada a herramientas rudimentarias, largas jornadas de esfuerzo físico y escasas oportunidades de progreso. “El joven lo que veía era cómo cargar un palo, ir con un machete y una guadaña, que era como lo más actualizado que se tenía”, agregó Flórez.
Lo que preocupa es que el 53,7 % de la población campesina colombiana tiene más de 41 años y, como se dijo al comienzo, la tendencia indica que cada vez habrá menos jovenes en la ruralidad, dada la falta de oportunidades y opciones de estadía.
Por ello, Fedecauca avanza en la consolidación del Distrito Productivo y Tecnológico de Maíz en los municipios de Yondó y Caucasia. en Antioquia, donde promueve la tecnificación y la capacitación de las nuevas generaciones en el uso de maquinaria y herramientas modernas, como drones para fumigar y monitorear cultivos. Según Flórez, la estrategia ha demostrado ser efectiva: los jóvenes, al experimentar de primera mano la innovación en el agro, comienzan a interesarse por la ingeniería agrónoma, la tecnología y la gestión de recursos dentro de sus asociaciones. Pero su objetivo va más allá de la producción; buscan consolidar un modelo de desarrollo sostenible con una escuela de formación participativa para campesinos y comunidades afrodescendientes en espacios propios. “No estamos pidiendo tierra para repartirla, estamos solicitando una tierra para hacer un proyecto integral”, enfatizó Flórez, convencida de que el futuro del campo está en manos del intercambio entre los adultos y los jóvenes que logren ver en la tecnología y el conocimiento una herramienta para transformar su territorio.