En manos de Salomón

Elizabeth Castillo y Claudia Zea frente al juzgado radicando su solicitud de matrimonio. / Andrés Torres

En una vehemente respuesta, Gaona (ponente de esa sentencia) defendió a la Corte Suprema diciendo que no se castigaba al homosexual, sino que prohibía ese comportamiento contra la fe pública. En aquel tiempo, las conductas homosexuales se acababan de despenalizar gracias a penalistas liberales quienes redactaron el Código Penal de 1980. Sin embargo, todavía se prohibía a los gais ser profesores o ser militares.

En 1991 se produjo el gran cambio. De la mano de la tutela, aparecieron nuevos reclamos. Un papá gay de Pasto luchó por su hija, que simbólicamente llegó a sus brazos el mismo año de la Constitución por el abandono de sus padres. Por desgracia, “papá Gerardo” perdió a su hija de la mano del ICBF y con el aval de la Corte. Otra pionera fue Martha Álvarez, quien desde la cárcel dio una valerosa lucha por el derecho a la visita íntima de las parejas del mismo sexo. Junto con Martha Tamayo, una gran abogada feminista, pelearon contra el sistema carcelario por más de 12 años y al final ganaron en la Corte, pero el Inpec nunca dejó cumplir la sentencia. Por esos mismos años, el abogado Germán Rincón descubrió una norma del estatuto docente que prohibía a los profesores practicar el “homosexualismo”.

Esto llevó al gran momento de estos pioneros: la audiencia de la Corte Constitucional que se realizó el 1º de septiembre de 1998. En un hecho sin precedentes, la Corte citó al movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y trans de la época a opinar sobre esa ley. Una profesora lesbiana se presentó con una capucha a la audiencia. La ley que la Corte estudiaba justificaba su acción: si ella revelaba su rostro, sería despedida. El constitucionalismo colombiano creó una joya de la jurisprudencia: la sentencia C-481 de 1998, que desterró esta norma, y las palabras de la Corte se convirtieron en el manual de instrucciones contra la discriminación de la que fuimos víctimas por generaciones.

Al año siguiente, la Corte recibió el primer caso de solicitud de una pareja del mismo sexo para que se le afiliara a la seguridad social. En aquel momento, el constitucionalismo colombiano sostenía que la única familia protegida era la heterosexual y que los derechos de los homosexuales eran un asunto del Congreso. Esto cambió desde 2007, gracias a acciones constitucionales de Colombia Diversa, Dejusticia y el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes. A partir de ese año, la Corte ha eliminado poco a poco las cadenas de la injusticia, con paso lento pero seguro.

Sin embargo, el constitucionalismo de la década anterior decía: sí a las parejas, no a las familias. Fue la Corte actual la que dio nuevos pasos al reconocer a las parejas del mismo sexo como familias protegidas por la Constitución (C-577 de 2011) y proteger su derecho a adoptar, bien sea como solteros o al hijo/a biológico/a de su pareja (SU-617 de 2014).

La gran disputa constitucional de hoy es sobre el derecho al matrimonio y la adopción conjunta de parejas del mismo sexo. En una ambigua decisión, la Corte dejó a los jueces y notarios la decisión sobre este asunto. Ahora que se han realizado alrededor de 30 matrimonios, la Corte debe resolver una tutela interpuesta por la Procuraduría que busca anularlos. Sabemos que el magistrado Pretelt propuso a sus colegas destruir estos vínculos de amor y solidaridad.

Hoy nos sentamos frente al juez Salomón, como hemos hecho en las últimas tres décadas. Con la cara descubierta y la frente en alto, vemos como el procurador pide que se divida la igualdad en dos. Nuestros derechos están en las manos de la Corte. Pronto sabremos cómo usa su espada. Las opciones son claras: o dividen nuestros derechos o nos los devuelven intactos. Si algo nos enseña la historia constitucional, es que tarde o temprano llega un Salomón que entrega el niño a su verdadera madre.

* Director de Colombia Diversa.