Exigen más intervención estatal en Buenaventura para combatir la violencia
Los habitantes rechazan las situaciones que ponen en riego al municipio y exigen a las entidades estatales que garanticen su derecho a vivir dignamente.
- Redacción Nacional
Desde Buenaventura, el comité cívico “Para vivir con dignidad y en paz en el territorio”, les pide a las entidades estatales que intervengan y garanticen el derecho a la vida y la dignidad de sus habitantes.
“Nuestro propósito viene siendo violentado por el accionar de los actores armados que se encuentran en el territorio urbano, rural y en el mar. La presencia de estos grupos, el fortalecimiento de algunas estructuras y/o la reconfiguración de éstos generan, además, asesinatos, riesgo, estigmatización, pánico, desplazamientos intraurbanos, intermunicipales y de las zonas rurales, entre otras situaciones de violaciones contra los civiles”, afirma mediante un comunicado.
El comité asegura que, sin encontrar resultados, desde octubre de 2018 ha lanzado alertas para que el gobierno genere acciones que prevengan situaciones de violencia y proteja a las personas.
En una alerta temprana emitida en 2018 por la Defensoría del Pueblo, la entidad aseguró que en el casco urbano de este municipio, que posee el puerto marítimo más grande del país, cerca de 169.439 habitantes de las comunas 3,4,9, 10 y 12 se encontraban en riesgo por acciones violentas como amenazas, homicidios, confinamientos, desplazamientos, desapariciones, reclutamiento forzado y abuso sexual contra las mujeres.
También le puede interesar: Buenaventura: entre la violencia y el narcotráfico
En comparación con 2017 y 2018, los niveles de asesinatos y desapariciones forzadas incrementaron en un 24,7% y un 50% respectivamente. Y tan solo en los primeros 20 días del 2019, cuatro personas fueron asesinadas.
Por otra parte, según datos de la Policía Nacional, para el 31 de mayo de este año se registraron 46 homicidios, lo que significó un incremento del 77,0% en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado cuando se reportaron 26 asesinatos. Asimismo, los análisis demuestran que la violencia se concentra en las comunas 10, 11 y 12, en donde se presentaron 24 de los 35 asesinatos.
“Estamos a merced de los grupos delincuenciales. Nos preguntamos ¿Dónde está la contingencia de las autoridades que imparten justicia para frenar esta situación de violencia? ¿Por qué la autoridad civil no genera acciones que demuestre que existe presencia del Estado en los barrios? ¿Se dice que hay institucionalidad, dónde se ve reflejada en estas circunstancias?”, agrega la organización.
En el documento, el comité, en nombre de toda la municipalidad, exige a las instituciones que adelanten los procesos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos de violencia presentados y dar con los responsables. También piden que se cumplan los acuerdos establecidos entre el Gobierno y la población como resultado del paro cívico de 2017, y que les brinden información sobre los procesos de protección que llevan las diferentes entidades a nivel distrital, departamental y nacional.
Desde Buenaventura, el comité cívico “Para vivir con dignidad y en paz en el territorio”, les pide a las entidades estatales que intervengan y garanticen el derecho a la vida y la dignidad de sus habitantes.
“Nuestro propósito viene siendo violentado por el accionar de los actores armados que se encuentran en el territorio urbano, rural y en el mar. La presencia de estos grupos, el fortalecimiento de algunas estructuras y/o la reconfiguración de éstos generan, además, asesinatos, riesgo, estigmatización, pánico, desplazamientos intraurbanos, intermunicipales y de las zonas rurales, entre otras situaciones de violaciones contra los civiles”, afirma mediante un comunicado.
El comité asegura que, sin encontrar resultados, desde octubre de 2018 ha lanzado alertas para que el gobierno genere acciones que prevengan situaciones de violencia y proteja a las personas.
En una alerta temprana emitida en 2018 por la Defensoría del Pueblo, la entidad aseguró que en el casco urbano de este municipio, que posee el puerto marítimo más grande del país, cerca de 169.439 habitantes de las comunas 3,4,9, 10 y 12 se encontraban en riesgo por acciones violentas como amenazas, homicidios, confinamientos, desplazamientos, desapariciones, reclutamiento forzado y abuso sexual contra las mujeres.
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En comparación con 2017 y 2018, los niveles de asesinatos y desapariciones forzadas incrementaron en un 24,7% y un 50% respectivamente. Y tan solo en los primeros 20 días del 2019, cuatro personas fueron asesinadas.
Por otra parte, según datos de la Policía Nacional, para el 31 de mayo de este año se registraron 46 homicidios, lo que significó un incremento del 77,0% en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado cuando se reportaron 26 asesinatos. Asimismo, los análisis demuestran que la violencia se concentra en las comunas 10, 11 y 12, en donde se presentaron 24 de los 35 asesinatos.
“Estamos a merced de los grupos delincuenciales. Nos preguntamos ¿Dónde está la contingencia de las autoridades que imparten justicia para frenar esta situación de violencia? ¿Por qué la autoridad civil no genera acciones que demuestre que existe presencia del Estado en los barrios? ¿Se dice que hay institucionalidad, dónde se ve reflejada en estas circunstancias?”, agrega la organización.
En el documento, el comité, en nombre de toda la municipalidad, exige a las instituciones que adelanten los procesos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos de violencia presentados y dar con los responsables. También piden que se cumplan los acuerdos establecidos entre el Gobierno y la población como resultado del paro cívico de 2017, y que les brinden información sobre los procesos de protección que llevan las diferentes entidades a nivel distrital, departamental y nacional.