Gobernadores piden autonomía departamental con cuatro iniciativas legislativas

Gobernadores en el acto de radicación de las reformas ante el Congreso.

Foto: Federación Nacional de Departamentos

Los gobernadores radicaron el pasado 1° de agosto un paquete de cuatro proyectos de ley ante el Congreso, en los que materializaron el resultado de las conversaciones y mesas de trabajo sobre autonomía regional que los mandatarios vienen adelantando desde inicio 2024. Lo hicieron en el marco de la celebración de los 30 años de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y contaron con el apoyo de al menos 70 congresistas; entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda.

También el presidente de la Cámara de Representantes, el representante verde Jaime Raúl Salamanca, quien asistió al acto de radicación junto al ahora exsecretario general del Senado, Gregorio Eljach, y un grupo importante de mandatarios regionales.

Sin embargo, la radicación del paquete de reformas impulsadas por los departamentos no fue una sorpresa para el Legislativo, pues la autonomía y descentralización regional ha estado en la agenda de conversación de los mandatarios y el Gobierno Nacional. Hacer modificaciones a la Constitución y a la ley es la alternativa que proponen para el desarrollo y cierre de brechas sociales y económicas en los departamentos.

Incluso en febrero de este año, durante la primera cumbre de gobernadores, que se celebró en Cartagena, los líderes departamentales aprovecharon la presencia del presidente Gustavo Petro; le entregaron una carta en la que le pidieron no dejar de lado el tema y prestarle atención a puntos como el aumento de la participación y la independencia de los departamentos para destinar y ejecutar recursos de regalías.

“Más de 30 años después de la proclamación de un Estado descentralizado, vamos en menos de la mitad de lo prometido, pues las gobernaciones y alcaldías apenas llegamos a obtener un 20% de los ingresos de la Nación”, decía la carta.

En su momento, el presidente aceptó de buena forma la propuesta de los gobernadores. “Acojo la propuesta de la reforma del Sistema General de Participaciones”, dijo.

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Los gobernadores confían en que los proyectos que radicaron tienen todas las condiciones para que su discusión vaya por buen camino en el Congreso. Así, la posibilidad de recibir, administrar y ejecutar los recursos con mayor independencia permitirá el cumplimiento de las metas regionales, el aumento de los índices de competitividad y de calidad de vida de los ciudadanos.

Cambios para el ordenamiento territorial

El primero de los cuatro proyectos de ley propone una adición de la Ley 1454 de 2011, o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. El objetivo es ratificar lo consignado en los artículos 287 y 288 de la Constitución de 1911, en los que se establece que las entidades territoriales tienen autonomía de gestión en asuntos como la administración de recursos y el establecimiento de tributos y recaudados para departamentos, municipios y distritos, la participación en las rentas nacionales y la distribución de competencias entre los gobiernos regionales y el Nacional.

En ese sentido, lo que buscan los departamentos es que desde las gobernaciones se puedan establecer las medidas necesarias para que el ordenamiento territorial esté encaminado a impulsar el desarrollo productivo, la competitividad y el cierre de brechas sociales. De ese modo se subsana la realidad actual en la aplicación de ley que, grosso modo, hoy no se cumple porque los departamentos tienen una serie de responsabilidades asignadas, pero sin los recursos suficientes para darles cumplimiento.

Entre las medidas que propone la reforma está darles a los departamentos la facultad de establecer los instrumentos de financiación para los proyectos regionales, articular el recaudo de los impuestos de los municipios con las gobernaciones mediante convenios que permitan mejorar la inversión y reducir la dependencia de las transferencias. La iniciativa incorpora “disposiciones que fortalecen la capacidad de los gobiernos departamentales para diseñar e implementar estrategias de desarrollo adaptadas a sus contextos específicos”, explicó Didier Tavera, director ejecutivo de la FND.

Aumentar la participación en las regalías

Otro proyecto que sugiere modificaciones a la Constitución —específicamente a los artículos 332, 360 y 361—, está relacionado con el Régimen de Regalías y Compensaciones. Su objetivo es descentralizar el manejo de las finanzas para que haya mayor autonomía regional en la ejecución del dinero que llegan a los departamentos por la vía de las regalías.

De esa forma, los gobernadores y sus equipos de trabajo podrían definir con mayor conocimiento de su territorio e independencia, cuáles son los proyectos claves para gestionar las necesidades sociales, económicas y ambientales de los departamentos, partiendo de la repartición justa y eficiente de los recursos.

El dinero de las regalías llega como una contraprestación por la explotación de los recursos naturales no renovables que poseen los territorios. Por eso la lógica que justifican los gobernadores es que en los departamentos debe existir la posibilidad de plantear y financiar alternativas de trasformación productiva, cuando otros recursos son explotados, sin depender de forma directa de las aprobaciones de inversión desde la Nación, que pasan por procesos extensos de construcción y evaluación de proyectos.

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Por su parte, Tavera explicó que el objetivo es “otorgar mayor autonomía a las entidades territoriales para la definición de los proyectos de inversión que contribuyan con la transformación productiva de los territorios”. El proyecto no modifica las asignaciones de recursos vigentes para las entidades territoriales.

Modificaciones a la Regla Fiscal para los departamentos

También en materia de independencia económica, los gobernadores radicaron un proyecto con el que buscan la aprobación de una serie de disposiciones sobre sostenibilidad fiscal para las gobernaciones y sus entidades descentralizadas.

El objetivo de la propuesta es diseñar e implementar una regla fiscal subnacional, en la que prime la autonomía, la capacidad fiscal e institucional y la estabilidad financiera de las entidades territoriales. También facilitar que las vigencias futuras sean aprobadas por los Consejos Superiores de Política Fiscal (CONFIS) territoriales, para agilizar las discusiones presupuestales.

Las actuales debilidades de planificación fiscal y económicas de las gobernaciones representan una desventaja para el ejercicio de su administración autónoma y el desarrollo de los proyectos de impulso a la competitividad territorial.

El director Tavera explicó que el proyecto “propende por la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales al establecer indicadores de deuda, gasto y de provisiones contra externalidades negativas y procura la eficiencia del gasto territorial al incorporar una disposición que dinamiza la aprobación de vigencias futuras territoriales”.

Garantizar la financiación pensional de los departamentos

El último proyecto de la lista de reformas es la modificación de la Ley 549 de 1999, que dicta las normas de financiación del pasivo pensional de las entidades territoriales y creó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, administrado por el Ministerio de Hacienda.

El objetivo es garantizar el cubrimiento de las responsabilidades pensionales de los departamentos, con su participación en la toma de decisiones del fondo territorial. Entre las medidas del proyecto de ley está la creación de un esquema de sustitución de fuentes para financiar el total del pasivo pensional de los departamentos y crear un sistema de información financiera que propenda por cuentas transparentes hacia los departamentos.

Tanto los gobernadores como la FND perciben un ambiente positivo para su discusión. “Son asuntos de gran interés y somos conscientes de que habrá ruido desde el debate nacional; sin embargo, tenemos el deber de abrir la discusión y poner sobre la mesa las necesidades de las regiones”, expresó Tavera.

El trámite de estos proyectos ya inició en el Congreso y dos de ellos ya se encuentran en audiencias públicas. Los gobernadores buscan el apoyo de los congresistas para que se apruebe en primer debate y la discusión pueda seguir un buen curso.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Construyendo Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, y apoyado por El Espectador.