HRW alertó sobre amenazas de grupos armados para hacer cumplir las medidas por el COVID-19

Human Rights Watch (HRW) advirtió este lunes que los grupos armados ilegales “amenazan con imponer brutalmente” medidas contra la población que no acate las recomendaciones para evitar el contagio de COVID-19.

“En algunas zonas de Colombia, los grupos armados aún ejercen un control draconiano sobre la población. Ahora, algunos de estos grupos están amenazando con implementar 'sanciones' brutales para hacer cumplir medidas contra la propagación de COVID-19”, dijo la organización de derechos humanos en una nota de prensa.

El director de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, afirma que estas situaciones implican un “mayor riesgo de abusos para comunidades vulnerables y de bajos recursos”.

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La ONG ha documentado varios casos en los que estos grupos han emitido volantes intimidatorios, información que fue corroborada por numerosos trabajadores humanitarios, líderes comunitarios, policías y fiscales locales.

A pesar del anuncio del Ejército de Liberación Nacional (Eln) del pasado 28 de marzo de adelantar un cese al fuego unilateral como un “gesto humanitario”, miembros de esta guerrilla en el departamento de Bolívar difundieron un panfleto en el que anunciaban que se sentían “forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas” debido a que la población no ha “acatado las órdenes de prevención en contra del COVID-19”.

HRW también habló de un hecho en el municipio de Tumaco, en Nariño, donde la población civil, “integrada mayormente por afrocolombianos y, por lo general, de bajos recursos (…) sufre graves crímenes por parte de grupos armados” que surgieron de la desmovilización de las Farc. 

En esta zona del país los pobladores están expuestos a “abusos aberrantes, incluyendo violaciones sexuales y desapariciones”, añade.

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La organización detalló que el 22 de marzo pasado el disidente Frente Oliver Sinisterra difundió un panfleto en el que dispuso un “toque de queda” por el COVID-19 en el que anunció “sanciones para los establecimientos que siguieran abiertos y para las farmacias y locales comerciales donde haya cantidades grandes de personas”. 

Además, el 1 de abril este mismo frente emitió otro volante con nuevas “recomendaciones” y advirtió que “el que no las cumpla será objetivo militar”. 

Al lamentar que “las sanciones que impone el grupo suelen ser brutales”, HRW detalla que en todo el país hay comunidades que sufren abusos reiterados por parte de diferentes grupos armados, sobre todo en áreas donde la presencia estatal es débil o disfuncional.

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Por ello, hizo un llamado al Gobierno colombiano a aumentar las medidas para proteger a las poblaciones en riesgo. 

“La pandemia de COVID-19 ya amenaza la salud de todos y ha menoscabado incluso más las posibilidades de subsistencia de las familias de bajos recursos. Esta pandemia no puede ser, además, una excusa para que los grupos armados consoliden su abusivo control”, recalcó Vivanco.

Human Rights Watch (HRW) advirtió este lunes que los grupos armados ilegales “amenazan con imponer brutalmente” medidas contra la población que no acate las recomendaciones para evitar el contagio de COVID-19.

“En algunas zonas de Colombia, los grupos armados aún ejercen un control draconiano sobre la población. Ahora, algunos de estos grupos están amenazando con implementar 'sanciones' brutales para hacer cumplir medidas contra la propagación de COVID-19”, dijo la organización de derechos humanos en una nota de prensa.

El director de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, afirma que estas situaciones implican un “mayor riesgo de abusos para comunidades vulnerables y de bajos recursos”.

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La ONG ha documentado varios casos en los que estos grupos han emitido volantes intimidatorios, información que fue corroborada por numerosos trabajadores humanitarios, líderes comunitarios, policías y fiscales locales.

A pesar del anuncio del Ejército de Liberación Nacional (Eln) del pasado 28 de marzo de adelantar un cese al fuego unilateral como un “gesto humanitario”, miembros de esta guerrilla en el departamento de Bolívar difundieron un panfleto en el que anunciaban que se sentían “forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas” debido a que la población no ha “acatado las órdenes de prevención en contra del COVID-19”.

HRW también habló de un hecho en el municipio de Tumaco, en Nariño, donde la población civil, “integrada mayormente por afrocolombianos y, por lo general, de bajos recursos (…) sufre graves crímenes por parte de grupos armados” que surgieron de la desmovilización de las Farc. 

En esta zona del país los pobladores están expuestos a “abusos aberrantes, incluyendo violaciones sexuales y desapariciones”, añade.

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La organización detalló que el 22 de marzo pasado el disidente Frente Oliver Sinisterra difundió un panfleto en el que dispuso un “toque de queda” por el COVID-19 en el que anunció “sanciones para los establecimientos que siguieran abiertos y para las farmacias y locales comerciales donde haya cantidades grandes de personas”. 

Además, el 1 de abril este mismo frente emitió otro volante con nuevas “recomendaciones” y advirtió que “el que no las cumpla será objetivo militar”. 

Al lamentar que “las sanciones que impone el grupo suelen ser brutales”, HRW detalla que en todo el país hay comunidades que sufren abusos reiterados por parte de diferentes grupos armados, sobre todo en áreas donde la presencia estatal es débil o disfuncional.

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Por ello, hizo un llamado al Gobierno colombiano a aumentar las medidas para proteger a las poblaciones en riesgo. 

“La pandemia de COVID-19 ya amenaza la salud de todos y ha menoscabado incluso más las posibilidades de subsistencia de las familias de bajos recursos. Esta pandemia no puede ser, además, una excusa para que los grupos armados consoliden su abusivo control”, recalcó Vivanco.