El 16 de noviembre de 2020 la zona insular del Caribe colombiano sufrió las consecuencias del huracán Iota, un fenómeno meteorológico que destruyó el 98 % de la infraestructura de la isla de Providencia, dejó más de seis mil personas damnificadas, afectó gravemente a San Andrés y Santa Calina, y le demostró al país lo poco preparado que estaba para afrontar un escenario como ese.
El gobierno Duque prometió reconstruir la isla en 100 días, pero solo fue eso: una promesa. Antes del final de su mandato, el exmandatario visitó la zona y aseguró que la reconstrucción de Providencia estaba en un 90 % y San Andrés un 85 %. A su vez, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, manifestó que entregarán 737 casas tipo VAL (viviendas ajustadas al lote) y 330 más tipo refugio en estructura metálica y concreto.
Los habitantes de la isla reconocen que ha habido un trabajo juicioso para la remoción de los escombros, que hubo un trabajo importante para la recuperación de los corales y del ecosistema marino que se vio afectado y que gran parte de la población ha recibido nuevas casas. ¿Pero se hizo bien? Ya veremos.
Contrastes
El presidente Gustavo Petro visitó la isla recientemente y cuestionó los precios de muchas de estas construcciones. Además, puso de manifiesto un tema que posiblemente ha dividido a los habitantes tras la intervención del Gobierno anterior para reconstruir su territorio: no hubo participación de la comunidad y la priorización de las obras no obedeció a las necesidades de los lugareños.
Arelys Fonseca, de la Veeduría Cívica, y una de las primeras personas en denunciar las posibles irregularidades, cuestiona que no se hubieran enfocado en la infraestructura social, las instituciones educativas y la red hospitalaria.
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“Los niños siguen en aulas temporales y nadie define cuál es la situación con la escuela y el hospital lleva mucho tiempo esperando la atención adecuada para los pacientes”, señaló.
Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, explicó que “el plan de atención, que es la respuesta a la emergencia, tiene prioridades como el restablecimiento de servicios básicos. Eso se hizo, pero en la recuperación se le dio prelación a la reconstrucción de casas y no al restablecimiento de servicios. El hospital apenas se va a construir”.
Otro caso que ilustra la desarticulación con la comunidad es la construcción de una casa financiada por la diáspora raizal para Jeyson García Britton, un habitante de la isla que no se vio beneficiado con el programa de viviendas.
“Yo no aplicaba porque cuando llegó el huracán mi casa estaba siendo construida. Entonces la Asociación de Pescadores escogió mi casa y me la construyeron. El costo total fue de unos $143′543.000. Los materiales fue lo más difícil que me tocó, porque muchos tendrían que mandarlos de San Andrés o buscar por ahí dónde comprarlos. Para la mano de obra utilizamos a constructores de aquí de la isla”, comentó.
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El costo total de fabricación de esta vivienda equivale tan solo al 20 % del valor de las casas tipo refugio que entregó el Gobierno, que cuestan $695 millones. El representante legal del consorcio Providencia, Camilo Baracaldo, afirmó que las casas llegan a estos valores por la ubicación geográfica, la emergencia generada por el covid-19 y la crisis mundial de contenedores.
“Los costos agregados, como lo llama la interventoría, superan en más de la mitad el costo de la vivienda, y eso es lo que hay que validar si es cierto o no. Puedo dar fe que sí. Toda relación contractual con proveedores de bienes o servicios, tornillos, mortero, transporte, madera, mano de obra, todo está documentado. Todo tiene su soporte correspondiente y, lo que es mejor, ninguna adquisición de material fue al arbitrio o decisión unilateral del consorcio”, aseguró Baracaldo.
Sin embargo, Diana Marcela Ampudia, gestora ambiental, manifestó su preocupación por la seguridad que ofrecen las construcciones ante futuros huracanes. “Es claro que sí se pueden construir casas con valor de $600 millones aquí, pero esas casas no tienen ese valor, no son seguras porque no son antihuracanes y no queremos esperar otro para poder ponerlas a prueba”.
A esa preocupación se suma la concejal Elsa Robinson, quien denunció problemas en los pozos sépticos y explicó que algunas presentan fisuras en sus paredes, aun sin haber sido entregadas. “Muchas personas dicen que las casas están bonitas, pero nosotros los provincianos no queremos casas bonitas, queremos casas resistentes”.
Se avecina la temporada de lluvias y huracanes y la incertidumbre vuelve a Providencia. De acuerdo con Pava, es más importante reconstruir la confianza resquebrajada entre la comunidad, pues quienes no se vieron beneficiados por el programa del Gobierno han roto los lazos con quienes sí y la única forma de establecer un plan de prevención y riesgo ante un escenario como el de 2020 es una comunidad organizada y unida.
Hoy, ni la isla ni las instituciones están preparadas para atender otra emergencia similar. Por esta razón, el Gobierno estableció lazos de cooperación y capacitación con países que históricamente han tenido que enfrentar estos fenómenos: Haití, República Dominicana y Cuba enseñarán cómo vivir con la incertidumbre de la llegada de un huracán.