Industria esmeraldífera: “Del zar al azar”
El presente en el occidente de Boyacá se debate entre menos “patrones”, la explotación internacional y las necesidades de los mineros de base.
Petrit Baquero * / Especial para El Espectador
Un sueño que no se cumplió
En octubre de 2018, Edwin Arbey Bernal Martínez, un joven de 26 años, entró clandestinamente a “El Porvenir”, uno de los muchos túneles ubicados en la montaña de Coscuez, un poblado (y una mina) perteneciente políticamente al municipio de San Pablo de Borbur, aunque más cercano al municipio de Otanche. El objetivo de Bernal era “enguacarse”, es decir, encontrar alguna esmeralda que le permitiera, por lo menos por un rato, obtener una buena cantidad de dinero. Pero Bernal no pudo cumplir su sueño, pues, cuando se encontraba a varios metros de profundidad, murió sepultado por un derrumbe.
Hechos como este no han dejado de ocurrir en la zona esmeraldera del occidente de Boyacá, porque como bien se sabe, en la mina de Coscuez -y en muchas otras- hay túneles abandonados que, a pesar de la privatización de las vetas, son visitados por numerosas personas, quienes arriesgan sus vidas en pos de encontrar piedras preciosas. En esos casos los guaqueros entran de manera ilegal, sin los mínimos requerimientos de seguridad, como oxígeno y linternas, por lo que esos accidentes, infortunadamente, son comunes.
De hecho, se podría decir que la situación social y económica de la zona esmeraldera del occidente de Boyacá pasó -como afirma el historiador Diego García Bonilla- de trabajar para un “zar” a trabajar para el “azar”, ya que si bien las ilusiones del pasado son las mismas a las de hoy (encontrar una veta o siquiera una piedra de buen valor que permita comprar una tierra, un carro o asegurar -por unos días o meses- el dinero para los gastos de la cotidianidad) para los trabajadores informales en las minas, las oportunidades han cambiado significativamente.
Cambios relevantes
En este contexto de transformaciones del entorno esmeraldero, vale la pena ver dos escenarios: el primero, que Colombia, hasta antes de la creación de la Agencia Nacional de Minería, era muy débil en su institucionalidad minera. Empero, en los últimos años, y el contexto de la “locomotora minera” del gobierno Santos, el presupuesto minero subió ostensiblemente, cambiando el manejo del negocio y firmándose tratados en un escenario en el que la OCDE estima que, para tranzar cualquier tipo de mineral, es necesario tener protocolos para el manejo ambiental, la relación con las comunidades y el desarrollo de las cadenas de suministro.
A su vez, en el Plan de Desarrollo se creó una herramienta de trazabilidad nacional llamada Registro Único de Comercializadores Mineros (Rucom), que nació de la necesidad de responder a esa iniciativa, con el fin de hacer esa actividad más transparente, llevando a un choque de fuerzas con sectores a los que estas medidas claramente los perjudica.
Pero las transformaciones han sido mayores, pues se ha apelado a acciones concretas para controlar la cadena de producción y comercialización de las esmeraldas, como:
-Contar con una clara información del lugar del cual se extrajo la piedra a través del “certificado de origen”.
-Saber cómo se ha comercializado la piedra, mediante el Registro Único de Comercio de Minerales (Rucom).
-Conocer claramente las cifras sobre la compra y venta de esmeraldas por medio de los topes establecidos para la comercialización.
-Establecer la capacidad económica de quienes comercian con las piedras, a través de indicadores como “cobertura de inversión” o el “índice de liquidez” (Caraballo, 2018).
Estas han sido medidas que apuntan a que el negocio esmeraldero se formalice, haciéndose necesario que los actores de la cadena productiva de las esmeraldas estén registrados ante el Estado, con lo cual se garantiza, al menos en gran medida, la contabilidad y el pago de impuestos.
No obstante, muchas de las personas involucradas en el negocio de las esmeraldas, no solo en lugares cercanos a las minas, sino también en otros espacios, como es el caso de mineros, comisionistas, comerciantes, talladores, químicos y joyeros, se siguen resistiendo a una formalización que les implica invertir grandes cantidades de dinero y que, en un contexto en el que hay bastante incertidumbre sobre la producción de las minas, muchos no tienen.
El difícil escenario de los mineros informales
Hasta hace poco tiempo, “enguacarse” era una posibilidad mucho más cercana a lo que ocurre hoy en día, debido a situaciones como que la mina, aparentemente, tenía una cantidad mayor de esmeraldas o, por lo menos, estas se encontraban mucho más fácil, sin tener que excavar tanto. Igualmente, muchas personas podían participar de la actividad, pues los patrones esmeralderos, en actos de “desprendimiento y generosidad” compartían los remanentes del material extraído de las minas para que sus trabajadores —o la población en general— también tuvieran un “golpe de suerte” y encontraran piedras que representaran un billete de lotería ganador.
Esta manera de trabajar, arcaica y tradicional, se empezó a abandonar, sobre todo en los últimos años, pues, en el proceso de modernizar y formalizar la actividad, algunos han apelado a seguir las normas legales establecidas en las que los trabajadores deben contar con salarios fijos, seguridad social y salud garantizada, además de claras medidas de seguridad física.
Por su parte, la minería clandestina es castigada y perseguida legalmente, aunque, por supuesto, continúa existiendo. Teniendo eso claro, las empresas extranjeras han dejado claro que lo que se encuentre en el territorio, de acuerdo a las licencias de explotación que están a su nombre, les pertenece. Esto quiere decir que los remanentes o sobrantes del material extraído, que antes eran para los guaqueros, ahora son parte de la producción de las empresas, lo cual ha generado recientes choques con quienes se resisten a ser desplazados de su actividad tradicional.
Guaqueros y barequeros: una especie en vía de extinción
La situación en la zona esmeraldera ha cambiado no solo para los grandes empresarios que han hecho allí inmensas fortunas, sino, principalmente, para aquellas personas que se dedicaban a la minería informal. A muchos de esos trabajadores, que están alrededor de las minas de esmeraldas, se les han llamado barequeros y guaqueros, que no son lo mismo, aunque en ocasiones desempeñan las dos actividades. Por ejemplo, los barequeros son aquellos que trabajan alrededor de las quebradas buscando colar la tierra para encontrar esmeraldas, actividad que se ha acabado en gran medida porque, desde los años ochenta, se prohibió la explotación esmeraldera a cielo abierto y se pasó a explorar a través de túneles, labor en la que Víctor Carranza y Gilberto Molina fueron fundamentales para imponer ese nuevo modo de buscar esmeraldas baratas, al tiempo que hacían túneles de gran profundidad para sacar grandes y hermosas piedras.
Por su parte, los guaqueros son aquellos individuos que limpian la tierra en otros lugares y, sobre todo, entran a los túneles que, en algún momento, han buscado esmeraldas. Esta actividad se encuentra también en vías de extinción, fundamentalmente, porque los procesos de formalización que se están adelantando en la zona esmeraldera, de la mano de empresas con capital extranjero, están dejando por fuera a miles de personas que encontraron su fuente de sustento en la minería informal. Cabe decir que así empezaron muchos de los posteriores patrones esmeralderos, los cuales se dedicaban a la minería informal y consiguieron legitimarse, a veces, en el marco de las “guerras verdes”.
Las empresas extranjeras y el nuevo orden
En Muzo, la empresa MTC compró la mina Puerto Arturo, cuyo socio mayoritario era el “Zar de las esmeraldas”, Víctor Carranza, quien controlaba las vetas y permitía a los guaqueros trabajar de vez en cuando allí. Pero, cuando “La Texas” -como le dicen en la región- compró la concesión, cerró el terreno, organizó un poderoso esquema de seguridad y acabó con la práctica de la guaquería en los túneles abandonados. Eso mismo ocurrió con la mina de Coscuez, explotada tradicionalmente por Esmeracol, empresa de la que Fura Gems se hizo con un importante porcentaje accionario.
Estas han invertido millones de dólares para tecnificar la extracción y pagar un personal que, todos los meses, tiene que contar con salarios, prestaciones y seguridad social. Claro que esto no ha estado exento de problemas, pues, por lo menos en el caso de MTC, ha habido numerosas quejas de la población que se siente excluida de los beneficios que se obtienen de las minas de esmeraldas. De hecho, en varias ocasiones, numerosas personas han llegado, incluso, a invadir los predios y tener enfrentamientos violentos con los encargados de la seguridad de la compañía, con resultados trágicos, como el asesinato de uno de los manifestantes. Además, se ha generado gran descontento porque, como se ha mencionado insistentemente, la empresa casi nunca compra insumos en la región, sino que los trae de Bogotá, donde son más económicos. De igual manera, hay quejas por los altos salarios que reciben algunos trabajadores venidos de afuera y que contrastan con los bajos salarios que tienen los mineros de la región.
Ante esta situación, la población argumenta que se le está quitando su oportunidad de trabajar de una manera en la que se ha hecho lo mismo por generaciones, razón por la que se ha buscado, a través de las acciones de diferentes asociaciones, que la guaquería informal sea considerada una actividad patrimonial. Por su parte, MTC ha afirmado públicamente que su trabajo es legal y que el Estado debe garantizar que sus actividades se lleven a cabo con seguridad y tranquilidad (Semana, 2015).
La importancia de la formalización
Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas, la organización más importante del gremio, al ser constituida por numerosas empresas, incluyendo a las más grandes, afirma que la formalización de la actividad es una necesidad, ya que “la única forma de construir país es pagando impuestos, además la informalidad no sirve, pues, desde el punto de vista del Estado, ese modelo premoderno no puede continuar así”. Esto, si bien es deseable, conlleva bastantes dificultades para quienes no cuentan con el capital económico que les permita actuar de manera “formal”, lo cual Baquero reconoce, pues “el mayor obstáculo para pasar de lo informal a lo formal es el costo, ya que hay que invertir. Y, claro, hay gente muy pobre que no tiene nada. Pero hay empresarios más poderosos que sí podrían hacerlo y no lo quieren hacer, por lo que apelan al mensaje de resistirse a hacer los cambios”.
Por su parte, Maximiliano Barbosa, exconcejal de San Pablo de Borbur y representante legal de la Asociación de Barequeros de Colombia (Asobarecol), afirma que “el contexto inevitablemente cambió, como las normas. Por eso, lo que proponemos es hablar con las empresas para que, a través de los títulos que tienen, y por medio de la Agencia Nacional de Minería, podamos trabajar en las minas, eso sí, ordenada y formalmente, siendo autorizados por la institucionalidad con trabajo, seguridad, salud y seguridad social”.
Claro que esto no es tan fácil, porque los pequeños empresarios cuentan con poco capital para hacer las millonarias inversiones que se requieren, ante lo cual Baquero dice que “es un cambio duro para el que muchos aún no están preparados, pero que es inevitable si se quiere conseguir una actividad moderna, eficiente y transparente, que garantice tanto la seguridad de las personas involucradas como la respetabilidad de un negocio en el que la mayoría de personas han trabajado siempre honestamente”.
Entendiendo las dificultades que genera el tránsito de una actividad desarrollada de una forma tradicional durante décadas (y que se hacía, incluso, con ciertos márgenes de ilegalidad) para pasar a una moderna y debidamente fiscalizada y vigilada, el Estado colombiano ha implementado campañas de capacitación y estudios de diagnóstico que esperan ayudar a consolidar la formalización de las actividades. Esto es respaldado por grandes esmeralderos locales que han entendido que les conviene apoyarse en el Estado para cumplir con sus metas y, por supuesto, evitarse problemas con las autoridades.
No obstante, para varios sectores de la población, este acompañamiento es insuficiente. De hecho (vale la pena repetirlo), los pequeños -y, en algunos casos, medianos- empresarios han tenido grandes dificultades para cambiar sus formas de acción, pues si bien se ha acabado, para algunos, con la incertidumbre de saber si se recibirán o no ganancias, también se ha terminado con la ilusión de que estas sean enormes. Por esto -y también por la costumbre—, muchos han preferido continuar trabajando con las empresas que apelan a las formas tradicionales de exploración, explotación y comercialización y, por supuesto, varios continúan aventurándose en túneles abandonados que siguen existiendo en las grandes minas de la zona, con el riesgo de ser descubiertos y, sobre todo, de terminar sepultados por un derrumbe.
* Petrit Baquero es historiador y politólogo. Autor de “El ABC de la mafia”, “Radiografía del cartel de Medellín” (Planeta, 2012) y “La nueva guerra verde” (Planeta, 2017).
* Lea enseguida los otros tres reportajes de la serie:
Un sueño que no se cumplió
En octubre de 2018, Edwin Arbey Bernal Martínez, un joven de 26 años, entró clandestinamente a “El Porvenir”, uno de los muchos túneles ubicados en la montaña de Coscuez, un poblado (y una mina) perteneciente políticamente al municipio de San Pablo de Borbur, aunque más cercano al municipio de Otanche. El objetivo de Bernal era “enguacarse”, es decir, encontrar alguna esmeralda que le permitiera, por lo menos por un rato, obtener una buena cantidad de dinero. Pero Bernal no pudo cumplir su sueño, pues, cuando se encontraba a varios metros de profundidad, murió sepultado por un derrumbe.
Hechos como este no han dejado de ocurrir en la zona esmeraldera del occidente de Boyacá, porque como bien se sabe, en la mina de Coscuez -y en muchas otras- hay túneles abandonados que, a pesar de la privatización de las vetas, son visitados por numerosas personas, quienes arriesgan sus vidas en pos de encontrar piedras preciosas. En esos casos los guaqueros entran de manera ilegal, sin los mínimos requerimientos de seguridad, como oxígeno y linternas, por lo que esos accidentes, infortunadamente, son comunes.
De hecho, se podría decir que la situación social y económica de la zona esmeraldera del occidente de Boyacá pasó -como afirma el historiador Diego García Bonilla- de trabajar para un “zar” a trabajar para el “azar”, ya que si bien las ilusiones del pasado son las mismas a las de hoy (encontrar una veta o siquiera una piedra de buen valor que permita comprar una tierra, un carro o asegurar -por unos días o meses- el dinero para los gastos de la cotidianidad) para los trabajadores informales en las minas, las oportunidades han cambiado significativamente.
Cambios relevantes
En este contexto de transformaciones del entorno esmeraldero, vale la pena ver dos escenarios: el primero, que Colombia, hasta antes de la creación de la Agencia Nacional de Minería, era muy débil en su institucionalidad minera. Empero, en los últimos años, y el contexto de la “locomotora minera” del gobierno Santos, el presupuesto minero subió ostensiblemente, cambiando el manejo del negocio y firmándose tratados en un escenario en el que la OCDE estima que, para tranzar cualquier tipo de mineral, es necesario tener protocolos para el manejo ambiental, la relación con las comunidades y el desarrollo de las cadenas de suministro.
A su vez, en el Plan de Desarrollo se creó una herramienta de trazabilidad nacional llamada Registro Único de Comercializadores Mineros (Rucom), que nació de la necesidad de responder a esa iniciativa, con el fin de hacer esa actividad más transparente, llevando a un choque de fuerzas con sectores a los que estas medidas claramente los perjudica.
Pero las transformaciones han sido mayores, pues se ha apelado a acciones concretas para controlar la cadena de producción y comercialización de las esmeraldas, como:
-Contar con una clara información del lugar del cual se extrajo la piedra a través del “certificado de origen”.
-Saber cómo se ha comercializado la piedra, mediante el Registro Único de Comercio de Minerales (Rucom).
-Conocer claramente las cifras sobre la compra y venta de esmeraldas por medio de los topes establecidos para la comercialización.
-Establecer la capacidad económica de quienes comercian con las piedras, a través de indicadores como “cobertura de inversión” o el “índice de liquidez” (Caraballo, 2018).
Estas han sido medidas que apuntan a que el negocio esmeraldero se formalice, haciéndose necesario que los actores de la cadena productiva de las esmeraldas estén registrados ante el Estado, con lo cual se garantiza, al menos en gran medida, la contabilidad y el pago de impuestos.
No obstante, muchas de las personas involucradas en el negocio de las esmeraldas, no solo en lugares cercanos a las minas, sino también en otros espacios, como es el caso de mineros, comisionistas, comerciantes, talladores, químicos y joyeros, se siguen resistiendo a una formalización que les implica invertir grandes cantidades de dinero y que, en un contexto en el que hay bastante incertidumbre sobre la producción de las minas, muchos no tienen.
El difícil escenario de los mineros informales
Hasta hace poco tiempo, “enguacarse” era una posibilidad mucho más cercana a lo que ocurre hoy en día, debido a situaciones como que la mina, aparentemente, tenía una cantidad mayor de esmeraldas o, por lo menos, estas se encontraban mucho más fácil, sin tener que excavar tanto. Igualmente, muchas personas podían participar de la actividad, pues los patrones esmeralderos, en actos de “desprendimiento y generosidad” compartían los remanentes del material extraído de las minas para que sus trabajadores —o la población en general— también tuvieran un “golpe de suerte” y encontraran piedras que representaran un billete de lotería ganador.
Esta manera de trabajar, arcaica y tradicional, se empezó a abandonar, sobre todo en los últimos años, pues, en el proceso de modernizar y formalizar la actividad, algunos han apelado a seguir las normas legales establecidas en las que los trabajadores deben contar con salarios fijos, seguridad social y salud garantizada, además de claras medidas de seguridad física.
Por su parte, la minería clandestina es castigada y perseguida legalmente, aunque, por supuesto, continúa existiendo. Teniendo eso claro, las empresas extranjeras han dejado claro que lo que se encuentre en el territorio, de acuerdo a las licencias de explotación que están a su nombre, les pertenece. Esto quiere decir que los remanentes o sobrantes del material extraído, que antes eran para los guaqueros, ahora son parte de la producción de las empresas, lo cual ha generado recientes choques con quienes se resisten a ser desplazados de su actividad tradicional.
Guaqueros y barequeros: una especie en vía de extinción
La situación en la zona esmeraldera ha cambiado no solo para los grandes empresarios que han hecho allí inmensas fortunas, sino, principalmente, para aquellas personas que se dedicaban a la minería informal. A muchos de esos trabajadores, que están alrededor de las minas de esmeraldas, se les han llamado barequeros y guaqueros, que no son lo mismo, aunque en ocasiones desempeñan las dos actividades. Por ejemplo, los barequeros son aquellos que trabajan alrededor de las quebradas buscando colar la tierra para encontrar esmeraldas, actividad que se ha acabado en gran medida porque, desde los años ochenta, se prohibió la explotación esmeraldera a cielo abierto y se pasó a explorar a través de túneles, labor en la que Víctor Carranza y Gilberto Molina fueron fundamentales para imponer ese nuevo modo de buscar esmeraldas baratas, al tiempo que hacían túneles de gran profundidad para sacar grandes y hermosas piedras.
Por su parte, los guaqueros son aquellos individuos que limpian la tierra en otros lugares y, sobre todo, entran a los túneles que, en algún momento, han buscado esmeraldas. Esta actividad se encuentra también en vías de extinción, fundamentalmente, porque los procesos de formalización que se están adelantando en la zona esmeraldera, de la mano de empresas con capital extranjero, están dejando por fuera a miles de personas que encontraron su fuente de sustento en la minería informal. Cabe decir que así empezaron muchos de los posteriores patrones esmeralderos, los cuales se dedicaban a la minería informal y consiguieron legitimarse, a veces, en el marco de las “guerras verdes”.
Las empresas extranjeras y el nuevo orden
En Muzo, la empresa MTC compró la mina Puerto Arturo, cuyo socio mayoritario era el “Zar de las esmeraldas”, Víctor Carranza, quien controlaba las vetas y permitía a los guaqueros trabajar de vez en cuando allí. Pero, cuando “La Texas” -como le dicen en la región- compró la concesión, cerró el terreno, organizó un poderoso esquema de seguridad y acabó con la práctica de la guaquería en los túneles abandonados. Eso mismo ocurrió con la mina de Coscuez, explotada tradicionalmente por Esmeracol, empresa de la que Fura Gems se hizo con un importante porcentaje accionario.
Estas han invertido millones de dólares para tecnificar la extracción y pagar un personal que, todos los meses, tiene que contar con salarios, prestaciones y seguridad social. Claro que esto no ha estado exento de problemas, pues, por lo menos en el caso de MTC, ha habido numerosas quejas de la población que se siente excluida de los beneficios que se obtienen de las minas de esmeraldas. De hecho, en varias ocasiones, numerosas personas han llegado, incluso, a invadir los predios y tener enfrentamientos violentos con los encargados de la seguridad de la compañía, con resultados trágicos, como el asesinato de uno de los manifestantes. Además, se ha generado gran descontento porque, como se ha mencionado insistentemente, la empresa casi nunca compra insumos en la región, sino que los trae de Bogotá, donde son más económicos. De igual manera, hay quejas por los altos salarios que reciben algunos trabajadores venidos de afuera y que contrastan con los bajos salarios que tienen los mineros de la región.
Ante esta situación, la población argumenta que se le está quitando su oportunidad de trabajar de una manera en la que se ha hecho lo mismo por generaciones, razón por la que se ha buscado, a través de las acciones de diferentes asociaciones, que la guaquería informal sea considerada una actividad patrimonial. Por su parte, MTC ha afirmado públicamente que su trabajo es legal y que el Estado debe garantizar que sus actividades se lleven a cabo con seguridad y tranquilidad (Semana, 2015).
La importancia de la formalización
Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas, la organización más importante del gremio, al ser constituida por numerosas empresas, incluyendo a las más grandes, afirma que la formalización de la actividad es una necesidad, ya que “la única forma de construir país es pagando impuestos, además la informalidad no sirve, pues, desde el punto de vista del Estado, ese modelo premoderno no puede continuar así”. Esto, si bien es deseable, conlleva bastantes dificultades para quienes no cuentan con el capital económico que les permita actuar de manera “formal”, lo cual Baquero reconoce, pues “el mayor obstáculo para pasar de lo informal a lo formal es el costo, ya que hay que invertir. Y, claro, hay gente muy pobre que no tiene nada. Pero hay empresarios más poderosos que sí podrían hacerlo y no lo quieren hacer, por lo que apelan al mensaje de resistirse a hacer los cambios”.
Por su parte, Maximiliano Barbosa, exconcejal de San Pablo de Borbur y representante legal de la Asociación de Barequeros de Colombia (Asobarecol), afirma que “el contexto inevitablemente cambió, como las normas. Por eso, lo que proponemos es hablar con las empresas para que, a través de los títulos que tienen, y por medio de la Agencia Nacional de Minería, podamos trabajar en las minas, eso sí, ordenada y formalmente, siendo autorizados por la institucionalidad con trabajo, seguridad, salud y seguridad social”.
Claro que esto no es tan fácil, porque los pequeños empresarios cuentan con poco capital para hacer las millonarias inversiones que se requieren, ante lo cual Baquero dice que “es un cambio duro para el que muchos aún no están preparados, pero que es inevitable si se quiere conseguir una actividad moderna, eficiente y transparente, que garantice tanto la seguridad de las personas involucradas como la respetabilidad de un negocio en el que la mayoría de personas han trabajado siempre honestamente”.
Entendiendo las dificultades que genera el tránsito de una actividad desarrollada de una forma tradicional durante décadas (y que se hacía, incluso, con ciertos márgenes de ilegalidad) para pasar a una moderna y debidamente fiscalizada y vigilada, el Estado colombiano ha implementado campañas de capacitación y estudios de diagnóstico que esperan ayudar a consolidar la formalización de las actividades. Esto es respaldado por grandes esmeralderos locales que han entendido que les conviene apoyarse en el Estado para cumplir con sus metas y, por supuesto, evitarse problemas con las autoridades.
No obstante, para varios sectores de la población, este acompañamiento es insuficiente. De hecho (vale la pena repetirlo), los pequeños -y, en algunos casos, medianos- empresarios han tenido grandes dificultades para cambiar sus formas de acción, pues si bien se ha acabado, para algunos, con la incertidumbre de saber si se recibirán o no ganancias, también se ha terminado con la ilusión de que estas sean enormes. Por esto -y también por la costumbre—, muchos han preferido continuar trabajando con las empresas que apelan a las formas tradicionales de exploración, explotación y comercialización y, por supuesto, varios continúan aventurándose en túneles abandonados que siguen existiendo en las grandes minas de la zona, con el riesgo de ser descubiertos y, sobre todo, de terminar sepultados por un derrumbe.
* Petrit Baquero es historiador y politólogo. Autor de “El ABC de la mafia”, “Radiografía del cartel de Medellín” (Planeta, 2012) y “La nueva guerra verde” (Planeta, 2017).
* Lea enseguida los otros tres reportajes de la serie: