La paciencia del santo Job parece ser la mejor actitud a asumir cuando una persona decide demandar a una entidad estatal para reclamar un derecho que cree le ha sido desconocido, ya que el proceso puede significarle al interesado varios años hasta conocer la decisión final del juez, quien en promedio puede demorar 1.271 días para emitir un fallo, mientras los tribunales administrativos tardan 1.790 días (ver gráfico).
El asunto puede dilatarse teniendo en cuenta que quien queda descontento con la decisión casi siempre decide apelar, caso en el cual en una segunda instancia la sentencia tarda en el tribunal 405 días, mientras el Consejo de Estado emite un fallo en 346 días, para resolver si confirma o revoca los fallos de los tribunales.
Así se desprende del Estudio regional de la congestión en la jurisdicción administrativa, realizado por investigadores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con el auspicio de las representaciones en Colombia de la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo (Aecid) y la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, y que fue autorizada por la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
La investigación, basada en estadísticas de 2007, fue efectuada, en el caso de los juzgados administrativos, en Medellín, Cali, Cartagena, Tunja y Bucaramanga; mientras para los tribunales se centró en Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Boyacá y Santander, donde una indagación preliminar detectó los mayores niveles de congestión en el trámite de los procesos.
El estudio, desarrollado este año y cuyos resultados revela El Espectador, fue dirigido por el abogado Manuel Alberto Restrepo. En él se concluye que la congestión se presenta porque “los despachos judiciales producen una cantidad inferior de egresos a los ingresos que reciben en un período de tiempo, lo cual hace que cada vez su carga sea mayor frente al inventario del inicio del respectivo período y que, como consecuencia, la duración de los procesos progresivamente se incremente”.
En otro estudio, también efectuado este año por investigadores de la Universidad del Rosario, se concluyó que en Bogotá y Cundinamarca los juzgados administrativos, para el caso de la capital del país, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emiten sus sentencias en 137 y 258 días, respectivamente.
En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la carga media por magistrado oscila entre 599 procesos en la sección cuarta y 1.743 en la segunda, en tanto que esos valores son de 1.232 en el tribunal del Valle, que podría equivaler a la media de todas las secciones de aquel tribunal, en tanto que en el de Antioquia la media de carga es de 3.955 procesos por magistrado.
Los investigadores, al contrastar la situación de los juzgados de Bogotá y el tribunal de Cundinamarca frente a los restantes despachos judiciales del país, concluyeron que “no existen marcadas diferencias en materia de productividad, pero en cambio, y contrariamente a lo que pudiera pensarse, la carga constituye un factor de mayor apremio para los despachos judiciales en el orden regional que para los que se encuentran en Bogotá”.
A lo largo de la investigación regional fueron entrevistados 86 jueces y 33 magistrados de las ciudades y departamentos mencionados.
El 86% de los jueces y el 97% de los magistrados encuestados coincidieron en que el mayor problema que afrontan es la congestión en sus despachos, la cual es atribuida —de manera genérica— a la insuficiencia de personal, a la complejidad de los temas, a la alta demanda de justicia y a la carga laboral acumulada por los despachos judiciales para cada uno de estos factores.
El elevado número de tutelas y las acciones populares que con carácter preferencial deben atender los operadores judiciales son parte de los causantes de congestión de los despachos, lo que impide evacuar con mayor prontitud los procesos de nulidad, de reparación directa y de nulidad y restablecimiento del derecho.
En relación con las causas que originan una congestión externa a la Rama Judicial y a la jurisdicción contencioso-administrativa, los jueces identificaron los siguientes: incumplimiento por parte de las entidades públicas de las normas legales y de la jurisprudencia reiterada (28% de las respuestas), conducta dilatoria de los apoderados (16% de las respuestas), malas prácticas de la administración pública (13% de las respuestas), negligencia en el trámite de exhortos por parte de las entidades demandadas y los apoderados (10% de las respuestas).
Interrogados por las soluciones para atacar las causas de la congestión, los operadores judiciales encuestados propusieron aumentar la planta de personal de los despachos judiciales e incrementar el número de plazas para magistrados y jueces.
La reforma al Código Contencioso Administrativo es otra propuesta para descongestionar la justicia administrativa.
Reforma del CCA avanza en el Congreso
Los resultados del Estudio regional de la congestión en la jurisdicción administrativa serán oficialmente revelados en marzo próximo, cuando se reanude la actividad legislativa, y se espera que el documento nutra el proyecto de reforma al Código Contencioso Administrativo (CCA) que fue radicado en el Congreso por el ministro del Interior, Fabio Valencia, y el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont.
En opinión del abogado Manuel Restrepo, quien lo dirigió, “se espera que tanto el Congreso como el Consejo de Estado reciban los resultados de la investigación como un insumo que se nutre de las estadísticas del desempeño judicial y de las percepciones de los operadores de la jurisdicción administrativa, para enriquecer el proyecto de reforma al CCA con aportes que desde lo normativo pueden contribuir a superar el problema de la congestión y hacer que los ciudadanos accedan verdaderamente a una justicia pronta y cumplida”.
El proyecto ya surtió el primero de cuatro debates en el Congreso.