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Desde hace dos días, el ingreso al Tayrona permanece bajo control de comunidades koguis y habitantes de la zona, luego del cierre ordenado por Parques Nacionales Naturales de Colombia por presuntas amenazas a la seguridad. En el terreno, sin embargo, la escena es distinta: visitantes caminando con normalidad, guías comunitarios orientando el recorrido y líderes indígenas insistiendo en que su protesta es pacífica.
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El Espectador estuvo en el lugar y conversó con turistas, comerciantes y autoridades koguis. Varios visitantes aseguraron sentirse tranquilos y respaldaron el reclamo indígena. “Nos sentimos seguros, hay organización y acompañamiento. Uno entiende que ellos también defienden su territorio”, comentó una viajera procedente del interior del país.
“No nos vamos a mover sin diálogo”
Juan Carlos Gil, autoridad indígena kogui, afirmó que la comunidad no abandonará el sitio hasta lograr acuerdos concretos. “Estamos ejerciendo nuestros derechos. Nunca hemos recibido beneficios del parque y ahora pedimos ser coadministradores. Queremos diálogo, respeto y participación real”, dijo.
Según Gil, el origen del conflicto fue la demolición de una construcción comunitaria que, aseguran, estaba destinada a organizar a los artesanos y vendedores indígenas. “Era una obra para nuestra gente. No hubo explicación ni conversación previa”, señaló.
Durante estos días, las comunidades establecieron un cobro de 30.000 pesos para nacionales y 50.000 para extranjeros, únicamente en efectivo. Aclaran que no se trata de una tarifa oficial, sino de un aporte para alimentación, colchonetas y sostenimiento de quienes permanecen concentrados en el lugar.
Caída del turismo y pérdidas económicas
La reapertura comunitaria no ha evitado la caída en el número de visitantes. De acuerdo con los líderes locales, el flujo se redujo en más del 60%. Si antes ingresaban cerca de dos mil personas al día, ahora apenas llegan unas 400 por la entrada principal.
Esto ha generado preocupación entre comerciantes, transportadores y operadores turísticos, quienes ven amenazados sus ingresos tras haberse preparado para la temporada, luego de uno de los cierres periódicos del parque.
“Las pérdidas son incalculables. La gente invirtió, compró insumos, se endeudó, y ahora todo queda en el aire”, explicó Paulo Roberto Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Zaino. “Además, los mensajes negativos en redes sociales generan miedo y afectan a todo el corredor de la Troncal del Caribe”.
Rechazan vínculos con grupos armados
Uno de los puntos más sensibles del conflicto son las versiones sobre un supuesto respaldo de grupos ilegales a la toma. Los líderes indígenas lo niegan de manera tajante. “No hay grupos armados. Eso nos pone en riesgo. Somos hombres de paz y en nuestra historia nunca hemos estado ligados a la violencia”, afirmó Gil. “Queremos desmentir esas noticias a nivel nacional e internacional”.
En la misma línea, las autoridades koguis insisten en que no hubo amenazas contra funcionarios del parque. “Cuando llegamos, les pedimos que regresaran a sus casas a descansar. Todo fue de manera pacífica”, dijeron.
Reclamo por abandono y falta de inversión
Otro de los reclamos apunta al estado de la infraestructura interna. Caminos, puentes y senderos presentan deterioro, que, según las comunidades, no se debe solo a las lluvias. “Eso está abandonado hace meses. Hay vías dañadas e inundaciones. Falta mantenimiento y presencia real”, manifestó Juan Carlos Gil.
También cuestionan que los planes de manejo del parque no incluyan a las comunidades como actores centrales. “Nunca nos han tenido en cuenta. Solo reconocen a prestadores de servicios, pero no a quienes vivimos aquí”, afirmó Sánchez.
Exigen participación en las decisiones
Desde las comunidades reiteran que su principal exigencia es la coadministración del Tayrona, con participación en las decisiones ambientales, sociales y económicas. “Queremos estar en la mesa. Todo lo que se haga aquí debe consultarse con nuestras autoridades, incluida la parte financiera. Nunca hemos recibido un solo peso del parque”, aseguró Gil.
En el lugar, quien orienta actualmente a los visitantes es la autoridad kogui del Magdalena, Atanacio Moscote Gil, acompañado por líderes comunitarios y voluntarios que guían a los turistas y verifican requisitos como portar seguro médico.
Llamado al Gobierno
Las comunidades hicieron un llamado directo al Gobierno Nacional para que intervenga como mediador. “Lo que falta es empoderamiento y participación. Antes de que termine este gobierno, esperamos ser reconocidos como actores principales del territorio”, señalaron.
Desde la entrada principal, los líderes indígenas insisten en su mensaje: “Este es un territorio de paz, seguro y abierto al diálogo. Solo pedimos respeto y que se nos escuche”.
Lo cierto es que hoy el Tayrona vive una situación incierta: aunque el cierre sigue vigente en los documentos oficiales, en la práctica son las comunidades las que permiten el ingreso, en medio de una disminución de visitantes, un ambiente de tensión y conversaciones que todavía no arrancan.