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Ante el informe anual de cultivos ilícitos, que será entregado hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Gobierno tiene su propia interpretación de las causas que produjeron el aumento en el número de áreas cultivadas. Y la voz cantante en este tema es el propio vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, quien considera que este no es un panorama apocalíptico y que los resultados no se explican únicamente por el Acuerdo de Paz con las Farc y mucho menos por la suspensión de las fumigaciones áreas con glifosato. (Lea: Gobierno espera erradicar 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos en 2017)
El informe de la ONU sostiene que en el último año se pasó de 96.000 hectáreas de cultivos ilícitos a poco más de 140.000. Un incremento del 52 % en las áreas sembradas. Aun así, para Naranjo, quien fue director de la Policía Antinarcóticos y es conocido internacionalmente como un experto en la lucha contra este fenómeno, son varios los factores que explican dicho incremento. El primero es la revaluación del dólar sobre el peso, ya que la moneda americana ha venido aumentando su valor con respecto al peso, “lo que implica que los dueños del negocio aumentaron sus ganancias en el último años”, señaló.
La segunda causa tiene relación con la caída del precio del oro. Durante 2016, mientras el dólar mantuvo un promedio de $3.050, el precio del oro cayó y, por lo tanto, muchas de las personas que habían pasado del negocio de los cultivos ilícitos a la minería ilegal regresaron a su anterior actividad. De otro lado, en 2016, la Corte Constitucional prohibió la aspersión área con glifosato en parques naturales y zonas de frontera. Precisamente, en estos lugares se concentraba un importante porcentaje de estos cultivos. Incluso, el Gobierno identificó que muchas de las personas dedicadas a la siembra de cultivos de uso ilícito llevaron sus siembras a estas áreas. Luego vino la suspensión total de la aspersión con esta sustancia.
Y en cuarta medida, el Ejecutivo identificó que luego de la firma, en mayo de 2014, del acuerdo sobre drogas de uso ilícito, campesinos dedicados a la siembra y los dueños del negocio vieron una oportunidad en los beneficios que se pactaron en La Habana en esta materia. Por eso, muchas comunidades multiplicaron sus cultivos o volvieron al negocio de la coca. Estos factores, sumados, han servido para que el número de hectáreas sembradas con coca, marihuana y amapola haya aumentado.
Sin embargo, el Gobierno le apuesta a poder combatir este fenómeno con mayor contundencia hoy que las Farc ya no son un actor armado en los territorios. A éstos, donde han proliferado las economías ilícitas, llevarán nuevas oportunidades que permitan que las comunidades abandonen las actividades ilícitas. En este sentido, el programa de sustitución de cultivos ilícitos es la principal bandera del Gobierno en la lucha contra las drogas.
La meta para este año es erradicar 100.000 hectáreas, de las cuales 50.000 serán vía sustitución voluntaria y las otras 50.000 mediante la erradicación forzosa.
Y esas metas sólo se podrán alcanzar en la medida en que los territorios a donde no llega el Estado en ninguna de sus formas, pero sí los actores armados, empiecen a sentir los benéficos de lo acordado en La Habana.
A final de año, la oferta institucional deberá haber ganado terreno a los ilícitos y actividades como la siembra de coca no serán tan rentables. En los primeros seis meses de este año, 89.000 familias suscribieron los acuerdos de sustitución voluntaria, lo que equivale a abandonar la siembra de coca en 71.400 hectáreas.
Incluso, hoy ya se avanza en la primera etapa de desembolsos económicos a las comunidades que le apostaron a la sustitución. Por ejemplo, en Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Vichada se han entregado recursos por más de $4.467 millones, beneficiando a 2.034 familias. Con esto se han comprometido más de 7.300 hectáreas que estaban sembradas con cultivos de uso ilícito.
“La sustitución de cultivos ilícitos era insostenible en medio del conflicto armado. Ahora se abre una nueva oportunidad para que las comunidades que han estado expuestas a estas economías se integren a la Colombia en paz que se está construyendo”, concluyó el vicepresidente Naranjo, quien será el encargado por parte del Gobierno de recibir las nuevas cifras de la ONU sobre el asunto.