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La Contraloría General entregó un nuevo reporte de contratos destinados a la atención de la emergencia por el COVID-19. Nuevamente se encontraron sobrecostos en kits de mercado y elementos de protección. Lo nuevo del asunto, es que se sumó el contrato de un médico, una enfermera y un psicólogo, contratados en el municipio de Puerto Escondido (Córdoba) para atender la emergencia sanitaria. Al parecer, “cobraron buena parte del valor del contrato, aunque solo trabajaron dos días”, según las investigaciones de la Contraloría.
Las pesquisas del ente investigador arrojaron que el municipio cordobés, bajo el amparo de la Urgencia Manifiesta, “suscribió dos contratos con objetos similares (prestación de servicios logísticos dentro las medidas de emergencia)” y no especifican la población beneficiada. Asimismo, la Contraloría objetó que “el mismo se haya realizado sin un estudio de mercado.”
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La alarma por los sobrecostos se activó, en un principio, por las denuncias hechas en redes sociales al elevado costo de los productos que entregaría la Gobernación de Arauca a las familias vulnerables. El contrato de aproximadamente $5.000 millones registró el precio de una lata de atún de 370 gramos en $19.959. En ese contrato, la entidad encontró presuntos sobrecostos en productos como: sal 145%, panela 206% y pasta 211%. La Secretaría de Gobierno de Arauca justificó el sobrecosto en un supuesto tema de logística.
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En el municipio de La Unión (Valle) hubo un presunto sobrecosto del 85,6% en 1.000 mercados adquiridos para la población vulnerable, en un contrato por $80.000.000.
En el Valle del Cauca, al parecer, hubo sobrecosto en la compra de alimentos y víveres para 10.176 kits de alimentos, dirigidos a adultos mayores. “En el contrato se asignaron $2.330 millones, cuando el costo estimado es de $1.771 millones". La diferencia pasa de los $558.000.
Cada mercado se compró en $80.000 y los precios de referencia verificados por la Contraloría indican que el precio debió ser de $43.903. “Habría así un sobrecosto total que supera los $35.000.000”, explicó la Contraloría.
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El panorama en La Palma (Cundinamarca) también es desalentador. Se encontró presunto sobrecosto del 35,61% en un contrato por $65.000.000 para la adquisición de elementos no perecederos e implementos de aseo. Algo similar sucedió en Guaduas (Cundinamarca), la Contraloría le puso el ojo a los kits de mercado, los cuales, según el municipio, se comprobaron por $79.167 cada uno. Pero el precio de los mercados (Referencia Dane y Almacenes Éxito) indican que debió comprarse por $38.238.