Hace un mes, el pastor Miguel Arrázola en Cartagena estaba en el ojo del huracán por un discurso violento pronunciado ante creyentes de su iglesia Ríos de Vida. Las palabras, en las que el religioso decía que le podía mandar “manes tablúos” y “hacer la vuelta” a Lucio Torres, fueron consideradas como una amenaza contra el periodista, después de que este informara que Arrázola recibe un salario de $30 millones y su esposa cerca de $17 millones “por el diezmo de los feligreses”. La polémica terminó en denuncia penal, el pastor salió a pedir perdón, se declaró una persona pacífica y su familia denunció intimidaciones.(Lea aquí: La violenta arremetida del pastor Arrázola contra periodista en Cartagena)
Sin embargo, el lío judicial para Arrázola no terminó ahí. En el mismo video en el quedó en evidencia la arremetida contra el comunicador, el pastor se refirió a la comunidad LGBTI y no en buenos términos. “Entonces vienen los maricas y me hacen una campaña aquí al frente de la iglesia, porque son maricas –me da mucha pena– pero maricas son (…) eso es lo que son, unos maricas. El roscograma. Roscón en cachaco es marica”, se escucha en otro aparte de la grabación.
“(Arrázola) Invita a los fieles y promueve en ellos la continuación de la burla, de la discriminación y de la violencia física y moral contra estas personas en razón de su orientación sexual”, ya que en su calidad de pastor, él “constituye una figura pública y de autoridad para su comunidad religiosa”, dice Castañeda en el documento presentado ante la Fiscalía y conocido por este diario.
Esta semana, la Corte Constitucional sentó un precedente jurisprudencial importante para los derechos de las personas LGBTI. El alto tribunal le ordenó a 11 vecinos de Héctor Sánchez, en el conjunto Villas de Catalina en Barranquilla, que cesaran de inmediato cualquier acto de discriminación contra el diseñador de modas, y que de ninguna forma podrán hacer alusión a la orientación sexual de cualquier residente con el propósito de ofender, a través del uso de adjetivos insultantes o descalificatorios (como “marica” “mariquita” y maricón”). (Lea aquí: ¿La Corte Constitucional prohibió llamar a un hombre “marica” o “maricón”?)
Los magistrados aseguraron que estas palabras, cuando son usadas para excluir a un sujeto, son en sí un acto de discriminación. En el caso de este hombre gay, los insultos de los que fue blanco iban acompañados de amenazas claras: “Mira pedazo de maricón, todos ustedes son unos hijueputas, todos ustedes, marica”, “los maricas vuelan”, “te metes conmigo y te mato, te voy a joder maricón” y “vieja cachona ya vienen con el hijo maricón a joder”.