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14 Feb 2021 - 2:00 a. m.

“La estrategia oficial busca tapar el sol con un dedo”

Lourdes Castro, coordinadora del Programa Somos Defensores, conocida organización no gubernamental que cuenta con alianzas internacionales de gran peso, y que protege a quienes defienden los derechos de sus comunidades en Colombia, afirma que la estrategia anunciada por el presidente para centralizar la información en la Fiscalía, excluyendo a otras entidades oficiales o particulares, pretende ocultar la verdad. Y asegura que con este tipo de medidas se “está socavando la democracia”.
Lourdes Castro advierte: “La cifra del gobierno, al cierre de todo el año 2020, es de 53 asesinatos (de líderes sociales) y la nuestra, solo hasta septiembre pasado, era de 135. La diferencia es abismal”.
Lourdes Castro advierte: “La cifra del gobierno, al cierre de todo el año 2020, es de 53 asesinatos (de líderes sociales) y la nuestra, solo hasta septiembre pasado, era de 135. La diferencia es abismal”.
Foto: Jose Vargas Esguerra

El anuncio del presidente Duque sobre la creación de una estrategia para unificar la información de crímenes contra defensores de derechos humanos con una metodología única y solo con las cifras que reporte la Fiscalía ha despertado muchas inquietudes. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Nos preocupa por tres razones: primera, por las implicaciones que puede tener esa estrategia en la independencia de la Defensoría del Pueblo y, más concretamente, en el monitoreo juicioso de ese organismo conocido como el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), que advierte las violencias y agresiones que se puedan presentar contra los líderes sociales. Segunda, por la poca confianza que produce el fiscal Barbosa, quien liderará la estrategia oficial, según anuncio de Duque, teniendo en cuenta que cuando se desempeñó como consejero presidencial de Derechos Humanos manipuló las cifras de Naciones Unidas sobre asesinatos a líderes sociales para intentar mostrar, con ello, éxitos en su desempeño. Tercera, porque con este antecedente y la manifiesta cercanía con el Gobierno de quienes están, hoy, a la cabeza de los órganos de control (Procuraduría, Defensoría y Fiscalía), y quienes deberán “armonizar” el levantamiento de información sobre los asesinatos -de acuerdo con lo que dijo el presidente-, queda la impresión de que más bien se trata de alinearse en torno a la estrategia oficial y no de encontrar la verdad de lo que ocurre en el terreno de los acontecimientos. Queda una pregunta: ¿quién controla a quién? ¿Los organismos de control al Gobierno o este a ellos?

Según la instrucción presidencial, solo los funcionarios de la Fiscalía estarán autorizados para hacerse presentes en donde ocurran los crímenes y para documentar las circunstancias en que sucedieron. ¿Por qué cree que al Gobierno le interesa restringir el acceso y el trabajo que hacen, en todo el territorio, organismos oficiales y no oficiales de reconocida solvencia?

En nuestra opinión, el actual Gobierno está más interesado en disfrazar la realidad como respuesta a la creciente preocupación internacional por la gravedad de lo que está ocurriendo en los territorios, que en activar los instrumentos consagrados en el Acuerdo de Paz que constituyen un compromiso de Estado y que le permitirían desarrollar estrategias más eficaces para combatir las violencias y agresiones a los líderes.

¿A cuáles instrumentos se refiere?

Por ejemplo, a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad creada por decreto-ley presidencial, en desarrollo del punto 3.4.3 del Acuerdo, en que se le asigna al Gobierno una función de vital importancia para hacer frente a la violencia en los territorios, como es la de formular un plan de acción para el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Hasta ahora no existe ese plan, pese a que los comisionados de la sociedad civil ya presentaron una propuesta para discusión. Por el contrario, el Gobierno ha buscado bajarle perfil a la Comisión y opacarla. Tampoco ha avanzado, sustancialmente, en la creación del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

Los críticos de la directiva presidencial han dicho que esta estrategia es un intento de crear una “verdad oficial” o de “maquillar” la matanza de líderes comunitarios, porque afecta la percepción externa sobre el Gobierno, y que al mismo tiempo pretende eliminar la importancia de los informes de la ONU en Colombia y de diferentes ONG como la que usted lidera. ¿Cuál es su percepción?

Más allá del intento de manipular datos sobre asesinatos a líderes sociales para mostrar resultados, se está socavando la propia institucionalidad democrática, porque los organismos de control adonde llegaron personas afines al Gobierno se están alineando con este, en ese mismo propósito. Para acallar a la ONU tendrían que acudir a la suspensión del mandato, tanto de la Misión de Observación como de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con un alto costo político en materia de credibilidad ante la comunidad internacional, dada la atención que esta le está prestando al deterioro de la situación en el país. En su miopía, la estrategia oficial busca tapar el sol con un dedo cuando pretende crear “información unificada de instituciones estatales independientes”, encabezada por el ente investigador del Estado mientras cuestiona los reportes de organismos internacionales y de las ONG, estas sí independientes.

Tratando de pensar como lo haría el Gobierno, uno podría decir que hay tantas estadísticas y contradicción entre las cifras, que es necesario ponerles orden. ¿No considera que la dispersión de datos impide activar planes eficientes para proteger a los líderes?

El Gobierno está en todo su derecho de querer implementar su propio monitoreo sobre los asesinatos sin buscar afectar, con ello, la independencia del trabajo que realiza el Sistema de Alertas Tempranas en esta materia, o de anular y desconocer la necesaria contrastación de la información con otras fuentes estatales o civiles, nacionales e internacionales. En mi opinión, la administración debería esforzarse más que en presentar cifras, en fortalecer su capacidad de respuesta, su rapidez de reacción y su seguimiento de las alertas que emite la Defensoría del Pueblo y cuya acción efectiva sí podría ayudar a salvar vidas.

Pues uno de los argumentos de los asesores del Gobierno para proponer “unificar” la información es esa supuesta confusión de datos, lo cual se produciría por falta de una metodología única. ¿Qué responde?

No estoy de acuerdo. En el sistema democrático los datos que presentan los gobiernos son susceptibles de ser controvertidos por otras instituciones del Estado que, en ejercicio de sus funciones, deben hacerles seguimiento. Con mayor razón, son susceptibles de ser controvertidos por organizaciones de derechos humanos autónomas cuya labor es, justamente, confrontar al Estado frente a sus obligaciones en esta materia para exigirle su cumplimiento. La conciencia crítica de las personas que defienden los derechos humanos no se puede perder: es parte fundamental del papel que están llamadas a cumplir en una sociedad.

Si los objetivos de su organización, entre los cuales está el de proteger a los defensores en situaciones de riesgo, quedan prohibidos por exclusión oficial, según se deduce del anuncio del presidente, ¿cómo van a desarrollar sus tareas?

Como espacio de derechos humanos no estatal realizaremos nuestro trabajo como hasta ahora. La trayectoria y credibilidad que ha ganado el Programa Somos Defensores le permite continuar con esta labor y proporcionar, tanto dentro como fuera del país, los datos y análisis resultantes de su seguimiento riguroso.

Pues si este no es solo un anuncio del presidente, sino que además tiene el aval del fiscal, la procuradora y el defensor del Pueblo, no solo es decisión de gobierno, sino de Estado. En estas condiciones, ¿no sería necesario cerrar su ONG o cree que estoy exagerando?

No, no exagera. Como ya dije, consideramos que el anuncio del presidente es una constatación más de que los espacios democráticos se están cerrando. No obstante, el trabajo de organizaciones de derechos humanos, históricamente, ha sido estigmatizado, perfilado, interceptado y, en ocasiones, hasta judicializado. Y, sin embargo, pese a esas dificultades y gracias al acumulado de experiencia que ha ganado el movimiento de derechos humanos, este se ha fortalecido nacional e internacionalmente. La denuncia, el diálogo, la incidencia en la comunidad internacional y las acciones que debamos emprender ante organismos internacionales se mantienen en el orden del día.

¿Podrían entablar denuncias internacionales dependiendo de cómo varíen las condiciones de trabajo de organismos como el suyo en Colombia? ¿Cuáles?

Estamos esperando a que se materialice la propuesta presidencial, porque hasta ahora solo es un anuncio. Queremos saber, antes de actuar, si por ejemplo se expide un decreto o mediante cuál mecanismo legal el presidente ordenará que se active su propuesta. De acuerdo con su materialización, analizaremos cuáles serán las acciones más pertinentes a seguir y si actuaremos en el marco nacional, en el internacional o en ambos.

Precisamente, pocos días antes del anuncio, el fiscal Barbosa reportó supuestos éxitos: la Fiscalía habría pasado, según dijo, “del 52 al 63,52 % en el esclarecimiento de crímenes de líderes sociales” y “del 31 al 72 % en el esclarecimiento de ‘homicidios colectivos’”. ¿Ustedes u otras ONG han notado, en campo, esa efectividad?

Justamente en nuestro informe semestral 2020, titulado “El virus de la violencia”, señalábamos que no consideramos que los avances fueran tan significativos en términos de procesos con sentencia ejecutoriada, que para ese momento era de 57, en un universo de 396 casos, lo que equivale a poco más del 15 %, una diferencia sustancial respecto de lo que afirma el fiscal. Este ejemplo muestra la facilidad con que se pueden manipular los datos que se presentan. Adicionalmente, se desconoce si las sentencias ejecutoriadas incorporan responsabilidades de los autores intelectuales o si se reducen a los autores materiales. Y, además, si solo se reportan datos por asesinatos cuando contra los líderes sociales se cometen también otro tipo de agresiones que deben ser investigadas como atentados, desapariciones, amenazas e, incluso, judicializaciones. Sobre 2021 estamos apenas en el ejercicio de consolidar información.

De acuerdo con analistas de los conflictos regionales, la Fiscalía y el Ejecutivo utilizan términos y datos de manera equívoca. Por ejemplo, llaman “esclarecimiento” a la apertura de una investigación penal y han querido imponer la expresión “homicidios colectivos” en cambio de la palabra “masacres”. ¿Ustedes han revisado este tema?

Efectivamente. Tanto en el informe del año 2019, titulado “La ceguera”, como en el del primer semestre de 2020, al que me referí antes, señalábamos cómo acuñar el término “esclarecimiento” para toda acción de impulso investigativo emprendida por la Fiscalía confunde y, con ello, contribuye a generar un impacto mediático de resultados exitosos que supera la realidad. El esclarecimiento de un delito, como usted bien lo menciona, se produce cuando hay una sentencia ejecutoriada contra los responsables de la comisión del mismo, estableciendo las distintas modalidades de responsabilidad previstas en la legislación penal. En cuanto al término “homicidios colectivos”, puedo decir, aunque no corresponde al objeto de estudio del Programa Somos Defensores, que es un artificio. Pese a que no figura en el Código Penal colombiano, la jurisprudencia nacional ha utilizado la denominación “masacre” en al menos 4.339 sentencias de diferentes tribunales y cortes, y el Estado ha sido condenado por “masacres” por la Corte Interamericana, tal como lo señala el profesor Camilo Umaña Hernández, quien ha estudiado este tema.

¿Cuáles cifras reportaron ustedes en su más reciente informe y cuál es la diferencia entre ellas y los datos oficiales en el mismo período?

Teniendo en cuenta que el Programa Somos Defensores se ocupa únicamente de agresiones contra líderes sociales (y no de masacres), en 2019 registramos 124 asesinatos. Al cierre de septiembre de 2020 reportamos 135. En la apertura del Congreso del 20 de julio del año pasado, es decir, hablando al final del primer semestre de 2020, el presidente Duque afirmó que los asesinatos a líderes sociales se había reducido en un 25 % sin especificar el período al que se refería. El dato reportado por el programa Somos Defensores para ese primer semestre fue de un incremento del 61 % en asesinatos: 95 homicidios, mientras que en igual período de 2019 ocurrieron 59, según nuestro conteo. La cifra del Gobierno, al cierre de todo el año 2020, es de 53 asesinatos y, como ya dije, la nuestra, hasta septiembre pasado, era de 135. La diferencia es abismal.

Entre las agresiones contra líderes y defensores a las que ustedes les hacen seguimiento están los atentados a quienes se han salvado, amenazas, desapariciones, etc. Según lo que usted conoce, la exclusividad en el manejo de la información por parte de la Fiscalía que el Gobierno pretende imponer, ¿incluye estas formas de ataque o dejarían de existir en el conteo oficial?

Según el anuncio público del presidente, la “armonización de la metodología para el levantamiento de la información”, aunque no dijo cuál era esa metodología, se refiere solo a los asesinatos de líderes y lideresas. En este orden de ideas, podría interpretarse que, al menos, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría no quedaría supeditado a los reportes de la Fiscalía en este otro tipo de agresiones.

Otro factor que ha surgido, y que al parecer preocupa a líderes y lideresas, es la violación de la reserva de sus datos personales y condiciones particulares que ya empezaron a circular en internet y que el Centro de Memoria Histórica deberá entregarle a la Fiscalía. ¿Qué piensa?

Toda información sobre las víctimas es altamente sensible y exige un riguroso cuidado en su manejo, más aún si se trata de entidades públicas como el Centro Nacional de Memoria Histórica. Si bien saber la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado interno es imperativo y necesario, eso no puede hacerse en detrimento de las víctimas. Con la llegada del señor Acevedo al Centro de Memoria se perdió la confianza en la institución por parte de algunas organizaciones sobre la utilización de los archivos entregados. Por esta razón, Minga, que forma parte del Programa Somos Defensores, decidió retirar los suyos del Centro. Otra prueba sobre cómo el afán de poner a la cabeza de las instituciones a personas afines con sus convicciones políticas termina por deteriorar la democracia. Tenemos que ser conscientes de la alerta democrática en que se encuentra Colombia.

El confinamiento obligatorio por la pandemia cambió todo. ¿La violencia contra los defensores y líderes se incrementó debido al factor aislamiento aunado a la falta de control del territorio por parte del Estado, según ustedes han constatado?

La falta de presencia del Estado es uno de los factores a considerar en la reconfiguración de la violencia que se vive en buena parte del territorio nacional, pero con mayor efecto en algunas regiones del norte del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el Pacífico nariñense, Catatumbo, Putumayo, entre otras. En nuestro último informe sobre lo ocurrido en el primer semestre del año pasado se señala cómo el 48 % de los asesinatos registrados durante ese período se produjo cuando el país se encontraba en riguroso aislamiento social, lo que indica que los violentos se movieron a sus anchas y tuvieron más facilidad para ubicar a sus objetivos. Esta situación contrasta con el pie de fuerza desplegado, en esas mismas regiones, en el marco del Plan de Acción Oportuna (PAO), estrategia del Gobierno para hacerles frente a los asesinatos a líderes sociales. Se demuestra, entonces, que esta estrategia militar en la que se empeña el actual Gobierno, y que será reforzada, ha sido absolutamente ineficaz.

Estrategia mal recibida

El criticado anuncio del presidente Duque sobre la activación de una estrategia de unificación de información en manos exclusivas de la Fiscalía, de crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en la que se desecharía el trabajo al respecto de Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo y de influyentes ONG nacionales e internacionales, coincidió con la presentación del informe de Human Rights Watch - Américas, (HRW) sobre la misma problemática. Su director, José Miguel Vivanco rechazó la medida oficial anunciada por el presidente y recomendó la reforma o derogación de “mecanismos ineficaces que tengan un mandato poco claro, como el Plan de Acción Oportuna (PAO)” en que se basa tal estrategia. A cambio, aconsejó “iniciar un proceso con participación genuina de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales de derechos humanos”. Esta misma semana hubo otros dos pronunciamientos sobre este espinoso tema en que se le llama la atención al gobierno: una, del Departamento de Estado de Estados Unidos que dijo, mediante vocero, que “mira con preocupación la continua violencia” en Colombia; y la segunda, del presidente del Senado de ese país, Patrick Leahy que calificó las cifras de asesinatos de líderes como “espantosas”. Mal momento para el anuncio oficial.

Somos Defensores: programa colombiano con anclaje internacional

¿Qué hace el Programa y quiénes son sus socios y aliados?

El Programa es un espacio creado por organizaciones de derechos humanos, entre estas, la Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Juristas y Benposta Nación de Muchachos, con una trayectoria de más de 20 años trabajando en torno a propuestas integrales de protección a las personas que defienden los derechos humanos. Con ese objetivo, Somos Defensores trabaja en cuatro ejes: comunicaciones, incidencia política, pedagogía y acciones de protección directa para defensores en situación de riesgo. Contamos con el Sistema de información sobre agresiones, consolidado e independiente, que nos permite nutrirnos para producir análisis. Trabajamos de manera articulada con las plataformas nacionales de Derechos Humanos y con organizaciones sociales regionales.Y tenemos aliados internacionales: Amnistía Internacional, Front Line Defenders, OIDHACO (35 organizaciones y plataformas europeas), Global Witness, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos entre otras, al igual que con agencias internacionales de cooperación. La información que producimos sirve de insumo a sus trabajos, participamos de sus actividades públicas y, en ocasiones, también emprendemos iniciativas conjuntas.

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