Por presuntas irregularidades en la entrega de una obra de alcantarillado en María la Baja del departamento de Bolívar, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos funcionarios: se trata de Luz Marina Alarcón, funcionaria de Findeter (Banca de Desarrollo Territorial) y supervisora del contrato de interventoría, junto a Jaime Buenaventura Quintero Sagré, representante legal del Consorcio HICON e interventor del contrato para la época de los hechos.
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El contrato para la construcción del alcantarillado fue realizado por 18 mil millones de pesos, sin embargo, acorde a la Procuraduría, las obras no han sido entregadas a cabalidad.
“Las conductas endilgadas a los entonces supervisor e interventor del contrato fueron calificadas provisionalmente como falta gravísima cometida a título de culpa grave y culpa gravísima, respectivamente”, declaró el ente de control a través de un comunicado.
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Los pliegos fueron formulados luego de que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría visitara las inmediaciones del alcantarillado y evidenciara deficiencias en su diseño y proceso constructivo.
Cabe recordar que María la Baja es un municipio cercano al mar Caribe, y se caracteriza por sus actividades ganaderas y agrícolas. Tiene 12 corregimientos y vastedad de ríos y lagunas.