La salud de los venezolanos se complica en Bucaramanga

Colombia es uno de los países latinoamericanos que más alberga inmigrantes venezolanos, según cifras dadas por la Organización Mundial para las migraciones. / Danyth Fandiño

De acuerdo con los datos registrados al 19 de abril por la Organización Mundial para las Migraciones, Colombia alberga el mayor número de refugiados venezolanos con un total de 1.202.408. Este dato casi coincide con el entregado en el Boletín Estadístico de Flujos Migratorios publicado en mayo de este año por Migración Colombia, el cual asegura que 1.260.594 migrantes habitan en distintos departamentos del país. 

Además de la escasez de alimentos y el desempleo, la mala prestación de los servicios de salud se convirtió en otro motivo para que los venezolanos busquen ayuda en Colombia, así lo asegura la Federación Médica Venezolana.

En los centros médicos y hospitales de Bucaramanga (Santander) sus rostros y testimonios reflejan angustia, dolor y desespero, pues la red pública local no está dando abasto con la demanda en los servicios especializados que ellos requieren.

Los hospitales Universitario de Santander (HUS), el Local del Norte, y la ESE Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabu) han pasado de atender casos de heridas, fracturas, anemia, desnutrición (especialmente en niños) y partos a la atención de patologías crónicas como el cáncer y enfermedades huérfanas.

También se conoce que la mayoría de los venezolanos que buscan ayuda para recibir medicamentos, y terminar o continuar los tratamientos que no les dieron en su país, como quimioterapias y radioterapias, lo hacen por medio de tutelas.

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“Cada vez las atenciones son mayores, los costos aumentan y los recursos no están alcanzando, por eso necesitamos la colaboración internacional. Esta población presenta tutelas que obligan a brindarles atención, pero se necesitan más recursos, de lo contrario las ESE no pueden prestar el servicio”, agregó Yessica Fuentes, contratista de la Secretaría de Salud de Bucaramanga.

La atención en la ciudad

En mayo de ese año, se emitió el Decreto 866, el cual establece “el mecanismo a través del cual se pone a disposición de las entidades territoriales, recursos excedentes de la Subcuenta Ecat del Fosyga o quien haga sus veces, para el pago de las atenciones iniciales de urgencia prestadas en el territorio colombiano a los nacionales de países fronterizos”.

Allí se les da el derecho de acceder a la red pública local en caso de urgencias para que sean atendidos en cualquier entidad estatal. Bucaramanga cuenta con tres puntos en específico: ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, ESE Hospital Universitario de Santander y ESE Isabu. Esta última comprende 23 sitios: La Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita, Uimist; Hospital Local del Norte y los centros Toledo Plata, Bucaramanga, Girardot, Colorados, Campo Hermoso, Morrorico, Libertad, Café Madrid, Gaitán, La Joya, Comuneros, San Rafael, Pablo VI, Regaderos, Cristal, IPC, Concordia, Santander, Mutis, Villa Rosa y Kennedy.

Por otro lado, en el mes de julio, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la circular 0025, la cual estipula cómo será la atención médica hacia estos. Infancia y adolescencia, fortalecimiento a derechos sexuales y reproductivos, prevención de condiciones no transmisibles y transmisibles como las enfermedades endemo-epidémicas, atender partos y urgencias son algunos de los temas que abarca el documento. 

Así como va surgiendo la normatividad también se dan una serie de sentencias como consecuencia de tutelas interpuestas por extranjeros que exigen atención médica. “Esos fallos en ciertos momentos son casi que una jurisprudencia y se vuelven en parte una norma, porque el Código Contencioso Administrativo en uno de sus artículos dice que cuando las cosas son iguales pues que se apliquen sin necesidad de otra tutela. Por eso incluimos en unos contratos que teníamos con la ESE Isabu para la población pobre no afiliada, algunos servicios para venezolanos menores de cinco años y embarazadas en condición irregular”, afirmó Álvaro Gómez Mantilla, contratista de la Coordinación de Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Bucaramanga.

En Colombia son 770.975 las personas que se encuentran en situación regular, es decir, aquellos que tienen permiso para estar y movilizarse por haber sellado su pasaporte en un puesto de control migratorio, tienen visa, cédula de extranjería o Permiso Especial de Permanencia, PEP. Por otro lado, se estima que 489.619 están en estado irregular, esto significa que residen ilegalmente por haber ingresado por trochas, no haber hecho control migratorio o haber sobrepasado el tiempo de permanencia otorgado por las autoridades.

Al Estado le resulta más económico afiliar a esta población al régimen subsidiado, ya que cuando se hace este proceso se asegura a la persona por un valor específico al año. Una de las estrategias es otorgarles, a través de convocatorias, el PEP a quienes no lo tengan, para que así puedan estar en el país por un período de máximo dos años y tengan posibilidades de un trabajo, estudios o afiliación.

A inicios de esta semana el Instituto Municipal de Salud, Isabu, suspendió la atención integral a los migrantes, en situación irregular, sólo están atendiedo urgencias vitales.

“Los únicos servicios que quedaron incluidos además de las urgencias son vacunación, enfermedades de origen salud pública y casos de violencia sexual”, dijo el gerente del Isabu, Juan Eduardo Durán.

La atención se triplica

Mujeres en situación irregular a diario son atendidas en estos centros médicos, principalmente en estado de gestación con alguna gravedad o a punto de dar a luz. “Casi el 25% de los partos que atendemos son de venezolanas. En lo que va del año han dado a luz aproximadamente 121 mujeres provenientes del país vecino”, comenta Ingrid Restrepo, trabajadora social del Hospital Local del Norte.

Una de ellas es Keylis Linares, una mujer de 21 años que actualmente vive en el asentamiento Villacarmelo en el Norte de la ciudad y ya tuvo a su segunda hija, pero esta vez en un país que no es el suyo, lejos de sus familiares y también de su primogénita de cuatro años.

El 10 de enero, sobre las 3 de la tarde, le empezaron las contracciones. Estando sola en su casa pidió ayuda a gritos, pues sentía que el bebé podría nacer en cualquier momento. Fue en ese instante cuando se alertaron los vecinos, que le dijeron que podía dirigirse al Hospital Local de Norte para recibir atención de urgencia. Como muchos venezolanos, desconocía cuáles eran los centros de salud de la ciudad donde le podían brindar asistencia médica.

“Me fui casi que reventando fuente, como no era madre primeriza pues más o menos sabía cómo era todo. Llegué como pude, me atendieron inmediatamente y mi parto fue todo un éxito gracias a los médicos y enfermeras que me brindaron la mejor atención y me hicieron sentir como en casa”, contó la venezolana.

Resistir para vivir

En Bucaramanga inició vendiendo gelatinas en las calles para conseguir dinero para comer. Dada la gravedad en la que se encontraba, una conocida le aconsejó buscar algunas fundaciones como Entre Dos Tierras, institución sin ánimo de lucro que día a día le brinda a aproximadamente 600 venezolanos, tanto residentes como en tránsito, desayunos y almuerzos sin costo alguno, y que además trata de colaborarles suministrándoles información que les sea de ayuda, como en el tema de salud.

De igual forma, que solicitara acompañamiento de la Asociación Voluntaria de Apoyo Integral al Enfermo de Cáncer, Avac; no obstante, esta fundación termina enterándose del caso de Dayarling por una llamada que les hicieron. La organización decide realizar una visita a la zapatería en donde ella se encontraba trabajando, porque a pesar de su enfermedad, tenía que hacerlo para darle de comer a sus hijas y pagar una habitación que le costaba $5.000 la noche.

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Avac asume su caso y decide darle hospedaje y atención básica, sin embargo, Dayarling necesitaba una revisión de otro nivel médico, razón por la que para tratar de salvar su vida acuden a diversos centros de salud.

Fue en el HUS en donde se logra que empiece su tratamiento aún sin la documentación que legalice su estadía en el país.

Se somete a sesiones de quimioterapia y radioterapia, estas últimas son diarias y gratuitas, pero las otras tienen un costo de $600 mil todo el ciclo, el cual incluye nueve sesiones. “Mi mamá murió de cáncer, mi tía también. Esa fue la gran herencia que me dejaron”, aseguró Coromoto.

No lucha sola. A su lado se encuentra su esposo, Rennis Alexander Barrio Hernández, quien llegó a la ciudad hace siete meses en busca de un trabajo que le permitiera reunir un poco de dinero para pagar el tratamiento de ella, por eso sale a los semáforos de la ciudad a vender naranjas. También están sus dos hijas, quienes la cuidan durante este duro proceso. Ellas también viven en la fundación Avac, mientras que su pareja duerme en una habitación. “No me voy a dejar morir, porque el cáncer se alimenta de la tristeza, así que hay que echar para adelante”, afirmó la venezola Coromoto.

Mientras tanto espera seguir con el tratamiento que recibe en el HUS, una de las entidades que recibe a los migrantes venezolanos en condición irregular, pero solo si su problema es realmente una urgencia.

Otra mano amiga

Lo poco que pudieron comprar con lo que vendieron en Venezuela fue un marcapasos. Pero infortunadamente con el paso de los días se infectó y, según cuenta su esposa, Ana María Uzcategui, “no hubo manera de conseguir uno nuevo porque el dinero poco a poco se agotaba en alimentos costosos y la poca medicina que se conseguía”.

Vender la casa y salir con ese dinero de su país a un lugar desconocido, fue la única solución que encontraron para evitar que la salud de Urbina se siguiera deteriorando.

Estando en la ciudad, ella contactó a la Fundación Cardiovascular de Colombia, en donde la consulta tuvo un costo de 160 mil pesos, lo cual no pueden continuar pagando. Además, tienen un gasto significativo de 114 mil pesos, ya que él debe tomarse dos veces al día las pastillas de Procoralan, estas le duran menos de dos meses.

“Él es un buen hombre, buen padre, gran esposo, una persona honesta que todavía sigue en esta vida por alguna razón que sólo Dios conoce. La enfermedad tiene cura, aquí está la cura, por eso arriesgamos todo”, aseguró la mujer, que además sueña con que su esposo de 42 años vea crecer a sus hijas y envejezca a su lado.

El tiempo avanza y este paciente necesita exámenes, medicamentos y una operación, pero todo esto que requiere no lo ofrecen en ninguna clínica u hospital de manera gratuita, razón por la que decidieron buscar información en la fundación Entre Dos Tierras.

Fue allí donde le hablaron de la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales, Adra, organización que inició en el 2017 un proceso para ayudar a los migrantes en este tema, ya que quienes están situación regular tienen acceso a servicios médicos con mayor facilidad, e incluso, pueden ser parte del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales, Sisben, mientras que los que se encuentren en condición irregular solo son atendidos por urgencias siempre y cuando sea vital, es decir, que esté en peligro su vida.

“Aunque para ese entonces la migración venezolana se daba de forma paulatina y aún no había encendido las alarmas de los entes territoriales nacionales ni internacionales, Adra Colombia empezó a hacer un estudio de necesidades que permitiera el reconocimiento de la situación de vulnerabilidad que vivían quienes hacían parte de este éxodo», explicó Sandra Milena Rincón, trabajadora social y gerente del proyecto.

El acercamiento hacia esta población se hizo a través de grupos focales, observaciones directas en campo, observaciones participantes o no participantes, entrevistas direccionadas a ellos y a algunos entes locales como la personería, la Secretaría de Gobierno y la de Desarrollo Social.

Para el 2018 se observaba que el fenómeno migratorio incrementaba considerablemente, es entonces cuando se ratifica que las principales necesidades estaban direccionadas a la atención en salud, habitabilidad, higiene y saneamiento sobre todo para aquellos que ingresaban y residían en el país en condición irregular, ya que cruzaban la frontera a pie, exponiéndose al sol, lluvia, zancudos y situaciones que deterioran su bienestar físico y mental. En julio de ese año fue aprobado el proyecto y el 22 de noviembre inició la prestación del servicio.

Lo que Uzcategui desconocía es que esta organización ofrece a sus beneficiarios consultas generales, medicamentos y exámenes solo de primer nivel, por lo que la ayuda que podrían brindarle a su esposo se ve limitada por los recursos con los que cuentan.

Hasta el momento Adra ha atendido a más de 3 mil personas y ha brindado alrededor de 3.650 consultas, de las cuales 1.500 aproximadamente fueron a menores de 18 años. En cuanto patologías, las más comunes son: anemia, parasitosis, resfriado común, hipertensión arterial, alteraciones dermatológicas, entre otras.

“Brindamos servicio de medicina general, sin embargo, esto tiene sus limitaciones. Muchos de nuestros participantes requieren atención especializada en odontología, ginecología, nutricional, pediatría y dermatología”, afirmó Esleiker Amaya, oficial de salud del proyecto.

La Secretaría de Salud de Bucaramanga, Profamilia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Cruz Roja, la Cancillería, e incluso la OIM, son algunas de las entidades que apoyan la gestión de Adra Colombia y que continúan trabajando por brindarle a los venezolanos una mejor calidad de vida, por lo menos, accediendo a servicios médicos generales.