Publicidad
13 Nov 2022 - 7:23 p. m.

La ventaja competitiva de la paz total

Cien días del Gobierno Petro. / Análisis de los desafíos del Gobierno Petro en su apuesta de superar la violencia y generar una cultura de paz para alcanzar la paz completa y el buen vivir de la población.

Felipe Fernández*

La plenaria de Senado discutió el proyecto de la paz total.
La plenaria de Senado discutió el proyecto de la paz total.
Foto: Óscar Pérez

Uno de los principales retos del Gobierno del presidente Gustavo Petro es armonizar y compatibilizar la visión de la paz total en la medida de las necesidades y capacidad del Estado y de la trinidad entre seguridad, justicia y paz; identificando variables, líneas de acción y consolidación de mecanismos en los territorios para desactivar las causas y raíces de la violencia.

(Le sugerimos leer: La tierra en los 100 días de Petro: una reforma agraria en marcha con preguntas por resolver)

La apuesta integral por la desarticulación criminal y armada, satisfacción de los derechos de las víctimas, rendición de cuentas y reincorporación a la vida civil de excombatientes tendrá que ser pivoteada de la mano de una estrategia prudente y calculada que consista en no apostar y movilizar toda una agenda política y socioeconómica sin trazar líneas rojas en materia de negociación mientras el curso del conflicto y la violencia no se interrumpa. Es decir, se debe elaborar una hoja de ruta que tenga como eje central la negociación, uso de la fuerza y paralelamente la acción penal para evitar la reproducción mucho más gravosa de los ciclos de violencia. Históricamente Colombia se destaca por una serie de aprendizajes y buenas prácticas asociadas a la construcción, diseño y ejecución de modelos de negociación de paz y de instrumentos normativos que sirven como correa de transmisión para fortalecer la ideación del actual sometimiento a la justicia que piensa el Gobierno conforme se vaya avanzando en la agenda de diálogo. Como lo diría el profesor Chris Argyris, todos los problemas de estrategia en definitiva son problemas de aprendizaje, y ese aprendizaje ya lo tenemos claro especialmente sobre lo permitido y lo prohibido. De manera que la curva de aprendizaje lograda de procesos anteriores y de una representación política que ha trabajado por años en torno a la paz constituye la ventaja competitiva del Gobierno.

En ese contexto la aprobación de la Ley 160 de 2022 que modifica y prórroga lo que se conoce como la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997) permite visualizar la apuesta del Gobierno por lograr la paz total mediante dos escenarios que son clave. El primero apunta a desactivar las organizaciones multicrimen a través del sometimiento a la justicia y el segundo es promover la construcción de paz apostando por la paz social. Sin embargo, es de especial atención aquellos territorios donde el control por parte del Estado ha sido débil o insuficiente y en las que se ha desarrollado distintas formas de organización por mantener el control social, entre ellos la regulación beligerante y armada. Se podría entonces presentar una especie de rivalidad entre competidores existentes, lo que significa que diferentes estructuras puedan generar mayor retaliación y violencia contra las comunidades y Fuerza Pública para que sean tenidos en cuenta en el marco del proceso independiente o no de su estatus político que hasta ahora recae exclusivamente en la guerrilla del Eln. Seguramente factores no homogéneos de las organizaciones multicrimen como adaptación no organica de mandos centrales, operación descentralizada y fluctuantes cambios de cohesión entre jerarquías, serán la gasolina de una eventual fragmentación criminal en zona urbana y rural.

Mientras esta competencia o depredación avanza y la negociación se focaliza en las zonas de ubicación conjuntamente definidas por el Gobierno puede ocurrir tres escenarios que el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda deberá tener en cuenta: 1. Amenaza de nuevos grupos, organizaciones o estructuras que quieran participar o ingresar a los diálogos. 2. Poder de negociación bien sea por tamaño, permanencia en el negocio criminal, ocupación del territorio o capacidad de generar hostilidades. 3. Amenaza de servicio sustituto; quiere decir que si antes del acuerdo con FARC, la entonces guerrilla figuraba como la número uno en el país, ahora lo es el Eln, luego de este proceso ¿quién llegará a ocupar esa posición emergente? Incluso, las experiencias de países de la región como El Salvador, Brasil o México, sin tener conflictos armados reconocidos jurídicamente en el marco DD.HH. – DIH, enfrentan a diario la amenaza de la gobernanza criminal. Por lo que es sumamente importante que el Gobierno avance en la implementación de la paz total teniendo la lectura de que paz y seguridad son la cara de la misma moneda, sin debilitar o desmontar las capacidades de los organismos de seguridad y justicia para enfrentar el conflicto armado o la criminalidad organizada. Por otro lado, existe un riesgo latente y es la apertura simultánea de una agenda de negociación que concentra diálogos, acercamientos, gestiones abiertas y otras de cáracter cerrado o privado, a la par de las necesidades territoriales que involucran la alineación multinivel de forma sectorial e interinstitucional de muchos actores.

Contrario a lo que señaló el presidente Petro se debe considerar totalmente necesario que las Fuerzas Militares acompañen la mesa principal de diálogo con Eln. Haber contado con militares curtidos en la guerra y en el arte de la negociación y resolución de conflictos le permitió al proceso de paz adelantado por el Gobierno del expresidente Santos un margen de maniobra, promoviendo un efecto dinamizador con los diferentes sectores y actores en La Habana. Petro puede alinear esta propuesta con su visión reformista y añadirla a la invitación que hizo hace poco al interior de las Fuerzas Militares de generar centros de pensamiento, así como el desarrollo del sector de la industria.

Las Fuerzas Militares con un trabajo permanente y silencioso durante décadas se ha convertido constitucionalmente en un actor estratégico con capacidad de ser un punto de apalancamiento y eje articulador con enfoque territorial que pretende la paz total con un impacto directo en la recuperación del tejido social y comunitario como base de las relaciones civico-militares; defensa, recuperación y protección del medioambiente; solución a las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades mediante la acción integral unificada de alto impacto y el fortalecimiento del desarrollo empresarial a través de la cadena de valor. Siguiendo la analogía del canciller Álvaro Leyva, “La partitura que esperan de la paz es una de música clásica, pero lo que yo digo es que es más como una de jazz”, al margen de que tipo de melodía sea que suene, es importante y necesario que el Gobierno de forma temprana empiece a poner la música.

(Puede interesarle: [Análisis] Política exterior colombiana: expectativa con notas de realismo)

A estas declaraciones e intervenciones, se suman también las del Ministro de Defensa que permiten entrever qué es lo que está pensando el Gobierno pero que no es claro del todo. Así como un plan no es una estrategia, la seguridad humana es un concepto y la paz total es el eje del plan. Lo que tendrá que hacer el Gobierno consistirá en escoger de manera deliberada un conjunto de diferentes acciones, mecanismos, rutas y actores para generar por un lado los primeros avances y de paz total y consecuentemente su sostenibilidad. He ahí su ventaja competitiva como esencia de su estretegia: el Gobierno en cierta medida estableció un modelo de negociación distinto que define los medios mediante los cuáles logrará su objetivo declarado pero que requiere dar más claridad y ajustarse a medida que se vaya implementando para finalmente decidir qué música poner y a qué ritmo.

La paz total como política pública deberá acoplarse en el corto, mediano y largo plazo para así evitar traslapes y desenfoques derivados de las victorias tempranas por vía del diálogo y que no sean restadas en el campo de la seguridad, teniendo en cuenta además que esta ambiciosa propuesta trae consigo otros proyectos similares y de naturaleza reformista: transición energética, diálogo permanente, reforma del aseguramiento y de la seguridad con la inminente salida de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, la reglamentación de la protesta social y un giro en la política de drogas mediante un enfoque de reducción de riesgos y daños. Es importante anotar que el timing político y las mayorías logradas por el Gobierno en el Congreso para la aprobación de la paz convergen a su favor, pues se ha movido toda una agenda política para dicho propósito.

El reto finalmente es armonizar la paz total en un proceso de transición de capacidad instalada, experiencia y líneas de esfuerzo de políticas de Gobierno a políticas de Estado, y de políticas unilaterales a políticas integrales como lo es la negociación, uso de la fuerza y judicialización. Al respecto, deberán ser llamados todos los diversos interesados que tienen mucho por decir, aportar y construir: sector privado a través de la responsabilidad social empresarial, sociedad civil a través organizaciones de base comunitaria, líderes sociales, ONG, cooperación internacional, academia, políticos y Fuerza Pública mediante la consolidación del quehacer estratégico, operacional y táctico.

*Asesor en paz, desarrollo y gobernanza

Síguenos en Google Noticias
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.