Además de los temas de seguridad que se han hablado en los empalmes regionales y que fueron protagonistas ayer en la cumbre que realizó el presidente electo Abelardo de la Espriella con los mandatarios de 10 ciudades, hay otros que piden atención del Gobierno Nacional por posibles crisis que puedan generar.
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Entre ellos hay promesas del gobierno saliente, como continuar con la habilitación de la red férrea, pero también otros heredados de anteriores administraciones, como la crisis en La Mojana por la ruptura del dique en Caregato, que persiste, o la urgencia por brindar soluciones de agua a las comunidades de La Guajira.
En la lista también quedan la recuperación de Córdoba tras las graves inundaciones de este año y otros temas que requieren rápida atención, como las deudas de los sistemas de transporte integrados, la búsqueda de vías alternas para Buenaventura o la tan prometida terminación de la vía Quibdó-Medellín. Estos son algunos de esos proyectos que sí o sí tendrá que atender el nuevo Gobierno nacional.
Boquete en La Mojana
Han pasado cinco años de la ruptura del dique sobre el río Cauca, en el sector de Caregato, que causó graves inundaciones en la subregión de La Mojana, donde la crisis continúa. La emergencia afectó a once municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, donde aún hay familias en riesgo porque el boquete creció y las aguas nunca bajaron de nivel.
Voceros de las comunidades afectadas han insistido en que el Gobierno Nacional debe garantizar el acceso a salud, vías y agua potable, así como la reactivación económica, debido a que buena parte de las tierras dedicadas al sector agropecuario se perdieron y con ellas el sustento de decenas de familias.
Aunque se anunciaron acciones como la ampliación del Canal La Esperanza, la continuidad de las medidas para hallar salidas a la crisis quedó en manos del Fondo de Adaptación. Los afectados sostienen que ninguna de ellas resolvió el problema de fondo, por lo que insisten en que se trabaje en cerrar el boquete.
Obras en la vía Quibdó-Medellín
Aunque la administración saliente prometió entregar COP 500 mil millones para la continuidad de esta vía de 115 kilómetros, que en 22 años ha tenido una inversión de COP 1,4 billones, los problemas persisten. Los derrumbes y emergencias se siguen presentando por las intensas lluvias y las condiciones de riesgo del trazado, lo que pone en peligro a los viajeros. Entre 2012 y 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reportó la muerte de 198 personas por siniestros viales, a lo que se suman las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que contabilizó más de 90 muertos entre 2013 y 2025 como consecuencia de los derrumbes en el corredor.
Son varias las emergencias que han dejado decenas de muertos sobre la vía, relacionadas con problemas geológicos, entre los que se encuentran taludes, filtraciones de agua e inestabilidad del terreno. A esto se suman los casos de corrupción, que se han traducido en irregularidades, retrasos e incumplimientos en las obras.
Hace un mes, el Invías anunció una inversión de COP 254 mil millones, que contempla la intervención de puntos críticos entre 2026 y 2029. Su ejecución quedará en manos del nuevo gobierno, que además deberá buscar soluciones de fondo para el eterno problema de la vía.
Tramo en riesgo de la vía de La Línea
El paso de la vía de La Línea por Cajamarca, en Tolima, es un cuello de botella sin resolver. Además de que la vía se convierte en una carretera de un solo carril por sentido al atravesar el municipio, recientemente se lanzó una alerta por un deslizamiento que evidenció filtraciones que podrían poner en riesgo parte de este tramo, por donde transita gran parte de la carga que se transporta del sur del país (especialmente del puerto de Buenaventura) al centro.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales decidió modificar el trazado del proyecto, que inicialmente contemplaba hacerse por el sur del municipio, con cuatro túneles y dos viaductos. El nuevo camino iría por el norte, con dos viaductos largos y túneles cerca de la subestación eléctrica. De acuerdo con la autoridad ambiental, la decisión se tomó porque en esa zona se presentan menos riesgos hidrogeológicos.
El proyecto sigue en estudios y diseños, por lo que, tras la emergencia, tanto la alcaldía como la gobernación pidieron al gobierno entrante tomar como prioridad la realización de las obras, que comprometen el transporte de carga del país. Por lo pronto, ante la reciente emergencia, el paso está restringido a un solo carril para los dos sentidos.
Tránsito por la vía Panamericana
Una de las preocupaciones recurrentes de gremios y transportadores es el paso por la vía Panamericana en el tramo que une a Nariño, Cauca y el Valle. Además de los problemas de seguridad por la presencia de grupos armados, está la atención de las constantes manifestaciones que comunidades indígenas y campesinas aledañas realizan para exigir el cumplimiento de acuerdos con los gobiernos.
En lo que va del año, Colfecar ha registrado más de 50 bloqueos en los tres departamentos, por lo que ha pedido que se promuevan acciones preventivas.
Tren de cercanías en Cali
Uno de los proyectos más ambiciosos en los que se han unido la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali es la construcción del tren de cercanías, que tendría una longitud de 23,14 kilómetros y 21 estaciones para conectar a la capital con los municipios de Jamundí, Yumbo, Candelaria y Palmira.
Tras la negativa del gobierno de Gustavo Petro de firmar la cofinanciación del proyecto, el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro aseguraron que intentarían sacarlo adelante con apoyo público-privado, pero con la llegada de Abelardo de la Espriella ambos han estado promoviendo su inclusión, junto al dragado del puerto de Buenaventura, como uno de los proyectos clave a desarrollar en el departamento.
Formalización minera
Uno de los temas que mayor tensión le generó al gobierno Petro fue la formalización minera, debido a que el gremio protagonizó varias manifestaciones que pusieron en vilo la movilidad en el país. Entre las preocupaciones está el futuro de los mineros artesanales.
Por un lado, el gobierno saliente dejó radicado ante el Congreso el proyecto de nueva Ley Minera, con la que busca actualizar el marco normativo y, de paso, avanzar en la formalización de la pequeña minería, tradicional y ancestral. Su viabilidad está en manos del nuevo gobierno.
Por el otro, está la discusión que tuvo la administración Petro con la Gobernación de Antioquia, tras quitarle la autonomía minera que mantuvo por cerca de 20 años. Ante esto, congresistas y diputados del departamento le pidieron al presidente electo devolver el control. Ellos aseguran que hay más de 1.400 trámites represados y que el 55 % de la explotación de oro de aluvión en Antioquia se estaría haciendo sin autorización.
Delimitación del páramo de Santurbán
En 2017, la Corte Constitucional ordenó determinar cuáles serían las áreas de este ecosistema en las que se prohíben actividades como la minería, después de concluir que la delimitación expedida en 2014 vulneró el derecho a la participación de las comunidades afectadas. Desde entonces, los procesos adelantados por las administraciones siguientes han estado truncados por la imposibilidad de conciliar las distintas posiciones dentro de los municipios.
Aunque ya hubo concertación con 28 municipios, lo que representa un avance significativo, hay nueve años de retrasos. Por ello, el Ministerio de Ambiente planteó hacer una delimitación parcial que ya fue cuestionada y entutelada por líderes comunitarios del municipio de Vetas. La discusión le queda al nuevo gobierno, en medio de recientes denuncias por minería ilegal dentro del ecosistema y la posible llegada de la minera canadiense Aris Mining al páramo.