10 Nov 2014 - 1:15 a. m.

Las víctimas que dejó la firma comisionista Torres Cortés

Esta comisionista tomó entre $50.000 y $110.000 millones de sus clientes para invertir en sus propias empresas. Superfinanciera ya había detectado irregularidades desde 2010.

Diana Carolina Durán Núñez

Fueron a su oficina, ubicada en el exclusivo sector bogotano de Santa Bárbara. Confiaron en su trayectoria de 34 años negociando en la Bolsa Nacional Agropecuaria —hoy Bolsa Mercantil de Colombia—. Algunos, más precavidos, consultaron a la Superintendencia Financiera, que les confirmó ‘sí, esa firma está bajo nuestra vigilancia’. Ni la aparente prosperidad, ni la trayectoria ni los controles fueron suficientes, sin embargo, para que unas 250 personas, calcula la Fiscalía, enfrenten la posibilidad de perder casi $55.000 millones que invirtieron con la comisionista Torres Cortés. Las cifras de quienes están defendiendo a las víctimas son aun más altas: 300 perjudicados; $110.000 millones embolatados.

Este caso no ha recibido la atención mediática que Interbolsa, pero es igual de grave. Por una razón: de nuevo, el papel de los organismos de control queda en tela de juicio. El 19 de febrero del año pasado, la Superintendencia Financiera intervino Torres Cortés para hacer una “liquidación forzosa administrativa”. Fue una decisión tomada con base en una inspección que se realizó dos meses atrás, en la que se advirtieron irregularidades cometidas con los recursos de los clientes. La comisionista estaba desviando los dineros que le confiaban los inversionistas para invertir en la Bolsa Mercantil de Colombia y los ponía en empresas creadas o relacionadas con los directivos de la firma, principalmente, de José Leonel Torres Cortés y su hijo Leonel José Torres Jaramillo.

La intervención, se creería, hubiera sido la medida más acertada si no existiera un grave antecedente: en mayo de 2010, la Superfinanciera había adelantado otra inspección con esta firma. Según el informe confidencial que se elaboró en diciembre de 2012, en esa revisión se encontró en la contabilidad la “creación irregular” de “cuentas puente que no eran objeto de conciliación ni depuración”. En cristiano: cuentas paralelas. Se notaron, además, “inconsistencias en los registros contables” en lo que tenía que ver, sobre todo, con recursos de los clientes. Tales hallazgos, no obstante, no significaron nada. La Superfinanciera solo hizo algo al respecto tres años más tarde.

Otro indicio grave de que las cosas no andaban bien en Torres Cortés era que la firma no tenía un oficial de cumplimiento, la persona que todas las entidades financieras deben nombrar para cumplir labores de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, principalmente, y que debe enviar reportes a la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) sobre las transacciones diarias que se hagan por más de $10 millones. Documentos en poder de la Superintendencia de Sociedades, que también intervino a la comisionista el 7 de julio del año pasado, demuestran que por lo menos desde 2012, Torres Cortés no tenía oficial de cumplimiento. Así se lo notificó el revisor fiscal a la junta directiva en un informe elaborado el 8 de julio de ese año.

Con tantos indicios, ¿por qué la Superfinanciera no actuó antes? Cuestionada al respecto por este diario, la entidad respondió que luego de la inspección de 2010, Torres Cortés se comprometió a implementar un plan de acción “a más tardar el 30 de junio de 2011”. Pasaría un año y medio más para que la Superfinanciera volviera a escudriñar sus actuaciones. La entidad agregó que “la firma comisionista nunca transmitió información financiera a esta Superintendencia que permitiera evidenciar que ella realizaba operaciones por fuera del marco legal autorizado”. Una afirmación algo absurda, que insinúa que el organismo no intervino antes porque Torres Cortés no les comunicó que estaba haciendo cosas ilegales.

“Las normas solo permiten a la Superintendencia intervenir entidades cuando están las causales plenamente identificadas y justificadas”, resaltó el organismo, admitiendo de paso que su inspección de 2012 tuvo lugar porque el área de seguimiento de la Bolsa Mercantil de Colombia fue la que prendió las alarmas. “Los negocios de Torres Cortés en la Bolsa Mercantil siempre fueron impecables. Era una firma familiar de gran reputación, José Leonel Torres Cortés fue uno de los fundadores de la Bolsa Nacional Agropecuaria. Pero estaban captando recursos para otros destinos que nada tenían que ver con la Bolsa, y eso fue lo que detectó el área de seguimiento”, señaló Iván Darío Arroyave, presidente saliente de la Bolsa Mercantil.

Como si fuera poco, está el tema de la Financiera Cambiamos: en abril del año pasado Víctor Muñoz, quien representa a sus padres y a 105 inversionistas, denunció ante la Fiscalía que Torres Cortés había movido “al menos $20.000 millones” con Cambiamos. En abril de este año la Superfinanciera impuso medida cautelar sobre la compañía, advirtiendo que José Leonel Torres Cortés y Pablo Castro López, representante legal de Cambiamos, habían puesto dineros de los clientes en sus cuentas personales. Al estilo Fondo Premium —con Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz a la cabeza—, José Leonel Torres y Pablo Castro se hicieron autopréstamos con recursos del público que, se suponía, debían llegar a la Bolsa Mercantil.

Hoy, los problemas que enfrentan José Leonel Torres Cortés, su hijo y seis personas más de la firma, son mayúsculos. Apenas el paro judicial se acabe, la Fiscalía les imputará cinco delitos: captación ilegal masiva, administración desleal, negativa de reintegro, estafa y concierto para delinquir. Los Torres, confirmó la Fiscalía, han buscado acercamientos con la justicia, pero fuentes del organismo aseguraron que no habrá beneficios si las víctimas no son reparadas primero. La comisionista, su empresa constructora Tcval y otras empresas, así como ellos mismos, fueron intervenidos por la Superfinanciera o la Supersociedades. Y padre e hijo fueron inhabilitados cinco años para trabajar en el sistema financiero.

Las víctimas sólo sienten angustia. Los Torres han ofrecido pagarles a sus antiguos clientes con deudas por cobrar. Un comerciante de Chía, que puso los ahorros de toda su vida en esa firma (unos $1.000 millones), expresó: “Esperamos que esos bandidos paguen cárcel como deben pagarla y que sean obligados a resarcirnos”. Hernando Gaitán, quien invirtió dinero de él y de sus hermanos —incluida una hermana con discapacidad mental—, reclama que ha habido negligencia del Estado. Como Gaitán, varias víctimas se han quejado en la Superintendencia de Sociedades porque no confían en el liquidador, Álvaro Zarama. Recuperar la plata de quienes confiaron en una empresa legal y supervisada es el reto que tiene el Estado con los clientes de Torres Cortés.

 Torres Jaramillo pidió perdón

En octubre pasado, Leonel José Torres Jaramillo envió una carta destinada a quienes habían confiado en él y en su firma. En ella decía: “Les ofrezco disculpas por todo lo que esta situación les ha generado, por las lágrimas derramadas, por las noches de insomnio, por las dificultades que hayan podido padecer. No hay manera de expresar el dolor y la pena que todo esto me produce. No hay. Es un fardo enorme que siempre llevaré conmigo”.

En agosto de este año, la revista Dinero divulgó que Torres Jaramillo era profesor de la Universidad Sergio Arboleda donde daba clase, precisamente, de mercado de valores. El decano asociado de la Escuela de Administración, Guillermo Campos, señaló que Torres Jaramillo seguiría siendo docente de esa entidad educativa, porque ellos no son jueces ni autoridad para retirarlo por encontrarse en un proceso como el que hoy enfrenta. Campos agregó que la universidad se limitaba a evaluarlo “desde la perspectiva de su función como docente”.

 

dduran@elespectador.com

@diaduran

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