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El asesinato de líderes sociales en áreas rurales del país ha generado gran preocupación nacional e internacional, sobre todo en el marco de la implementación del acuerdo de paz logrado entre el Gobierno y las Farc a finales de 2016. (Lea: Líderes sociales asesinados: ni uno más)
Aunque no hay un número exacto, organizaciones como Indepaz advierten que solo el año pasado 116 integrantes de organizaciones sociales, ambientales y movimientos políticos de izquierda fueron asesinados, 300 más fueron amenazados y otros 50 fueron víctimas de atentados a manos de grupos armados ilegales. (Lea:“Se ha revertido la cifra de asesinatos de líderes sociales”: Óscar Naranjo)
Por eso, con la intención de actualizar datos sobre este flagelo, el Observatorio de Restitución de Tierras y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria de las Universidades del Rosario, Nacional, Norte, Sergio Arboleda y Sinú dará a conocer este viernes una nueva base de datos acerca de la violencia contra líderes sociales en el país en los últimos 11 años (de 2005 a 2016).
El reporte semestral, que mostrará en forma de análisis estadístico las herramientas que puede utilizar el Gobierno para combatir estos crímenes, fue elaborado por Francisco Gutiérrez Sanín, director del observatorio, y las investigadoras Margarita Marín y Francy Carranza.
“Los resultados de la investigación sugieren que el asesinato de líderes sociales está relativamente concentrado en unos pocos departamentos y municipios, que hay un fenómeno poco visibilizado de asesinato de presidentes y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal (JAC), y que los ataques contra los líderes no han cedido pese a importantes cambios en las políticas gubernamentales y a la desmovilización de importantes grupos armados no estatales”, comentan los realizadores del informe.
Y es que para nadie es un secreto que en los últimos años los llamados al Gobierno para que adopte las medidas necesarias y proteja la vida de quienes por su trabajo en defensa de los derechos humanos están siendo atacados han sido constantes, entre ellos el que hizo en febrero la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosa.
“Estos valientes activistas están siendo silenciados por poderosos intereses económicos y políticos locales y regionales, así como por diversos grupos armados, incluidos paramilitares, por defender sus derechos o exponer la trágica realidad del país”, manifestó en ese entonces la funcionaria.