"Los asesinatos de líderes sociales son crímenes contra la paz": movimiento Defendamos la Paz

Un llamado de alerta lanzó este lunes el movimiento Defendamos la Paz ante el asesinato del líder social indígena del pueblo Embera Aquileo Mecheche, quien recibió tres tiros el pasado viernes cerca de una sede social en Riosucio (Chocó).

De acuerdo con el movimiento, la muerte de Aquileo Mecheche se suma a la de otros cincuenta líderes  de pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes que han sido asesinados este año y que no solo ponen en riesgo al implementación de la paz en los territorios sino que constituyen "una forma de profundizar la crisis humanitaria en regiones tradicionalmente abandonadas por el Estado colombiano en las que estas personas desempeñan un rol crucial en la cohesión, conservación y desarrollo del tejido social".

A través de un comunicado Defendamos la Paz sostiene que también hay una gran preocupación por la aparición de ‘ejércitos anti restitución’ que están atacando a los campesinos y reclamantes de tierras  "como lo ha puesto en evidencia el ataque a una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras, el pasado 11 de abril".

En ese sentido el movimiento asegura que el Gobierno está en mora de implementar el mandato de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad planteada en el  Acuerdo de Paz como mecanismo para proteger tanto a los líderes sociales y defensores de derechos humanos como a quienes se están reincorporando a la vida civil, y para  formular de políticas y un plan de acción para desmantelar a los grupos ilegales que atentan contra la construcción de paz.

"Consideramos que el Presidente debe formular una política pública que, con carácter urgente, integral y eficaz, así como con recursos suficientes, atienda la situación que padecen las comunidades rurales, y que ofrezca condiciones reales para el ejercicio de la participación y la construcción de la paz. Para ello se cuenta con instrumentos legales (decreto 660 de 2018, resolución 845 de 2018 y directiva 002 de la Procuraduría). Esta política puede encontrar un firme apoyo en las organizaciones comunitarias en los territorios que están dispuestas a trabajar con su conocimiento y capacidad en afianzar la protección de la vida y de la acción social", detalla el texto.

Asimismo, el movimiento hizo un llamado a la Fiscalía para que avance en la judicialización de los responsables de estos crímenes y "explique, de una vez por todas, en qué consiste el fenómeno de las llamadas ‘Águilas Negras’, que persiga a los ‘ejércitos anti restitución’ y que rinda cuentas sobre resultados verificables del trabajo de la Comisión Especial Investigativa, creada en el Acuerdo de Paz".

Un llamado de alerta lanzó este lunes el movimiento Defendamos la Paz ante el asesinato del líder social indígena del pueblo Embera Aquileo Mecheche, quien recibió tres tiros el pasado viernes cerca de una sede social en Riosucio (Chocó).

De acuerdo con el movimiento, la muerte de Aquileo Mecheche se suma a la de otros cincuenta líderes  de pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes que han sido asesinados este año y que no solo ponen en riesgo al implementación de la paz en los territorios sino que constituyen "una forma de profundizar la crisis humanitaria en regiones tradicionalmente abandonadas por el Estado colombiano en las que estas personas desempeñan un rol crucial en la cohesión, conservación y desarrollo del tejido social".

A través de un comunicado Defendamos la Paz sostiene que también hay una gran preocupación por la aparición de ‘ejércitos anti restitución’ que están atacando a los campesinos y reclamantes de tierras  "como lo ha puesto en evidencia el ataque a una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras, el pasado 11 de abril".

En ese sentido el movimiento asegura que el Gobierno está en mora de implementar el mandato de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad planteada en el  Acuerdo de Paz como mecanismo para proteger tanto a los líderes sociales y defensores de derechos humanos como a quienes se están reincorporando a la vida civil, y para  formular de políticas y un plan de acción para desmantelar a los grupos ilegales que atentan contra la construcción de paz.

"Consideramos que el Presidente debe formular una política pública que, con carácter urgente, integral y eficaz, así como con recursos suficientes, atienda la situación que padecen las comunidades rurales, y que ofrezca condiciones reales para el ejercicio de la participación y la construcción de la paz. Para ello se cuenta con instrumentos legales (decreto 660 de 2018, resolución 845 de 2018 y directiva 002 de la Procuraduría). Esta política puede encontrar un firme apoyo en las organizaciones comunitarias en los territorios que están dispuestas a trabajar con su conocimiento y capacidad en afianzar la protección de la vida y de la acción social", detalla el texto.

Asimismo, el movimiento hizo un llamado a la Fiscalía para que avance en la judicialización de los responsables de estos crímenes y "explique, de una vez por todas, en qué consiste el fenómeno de las llamadas ‘Águilas Negras’, que persiga a los ‘ejércitos anti restitución’ y que rinda cuentas sobre resultados verificables del trabajo de la Comisión Especial Investigativa, creada en el Acuerdo de Paz".