En un monumento a la impunidad se ha convertido el otorgamiento de los brazaletes de vigilancia electrónica sustitutivos de la pena de prisión, con los cuales se pretendía enfrentar el hacinamiento en los centros penitenciarios del país y beneficiar a los reclusos que habían cometido delitos menores y cumplieron parte de su condena con buen comportamiento. Contrario a esto, dichos brazaletes han sido entregados a delincuentes de alta peligrosidad, vinculados a delitos que van desde acceso carnal violento, secuestro, tráfico de armas, extorsión y hasta tráfico de estupefacientes.
Según conoció El Espectador, con corte al 31 de octubre de este año, 4.415 personas han recibido este beneficio, de las cuales 2.653 —más de la mitad— no cumplen con los requisitos que plantea la ley para recibir el brazalete, pues han cometido delitos mayores.
Fue el 6 de febrero del año pasado cuando el entonces ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio —acompañado de los principales representantes de la Rama Judicial, los organismos de control, el Defensor del Pueblo y representantes de la Fuerza Pública—, anunció con bombos y platillos la firma de un acuerdo, por un monto cercano a los $40 mil millones, con la Empresa de Servicios Públicos de Manizales, Gensa ESP, encargada de administrar la entrega de los brazaletes. En ese momento el Ministro manifestó que la prioridad era “buscar la descongestión de los centros penitenciarios”.
Valencia Cossio advirtió además que bajo ningún motivo accederían a este beneficio quienes hubieran cometido delitos como desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, extorsión y delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, entre otros.
Pero hoy la realidad es otra. Aunque la vigilancia de los reclusos está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el otorgamiento irregular de este beneficio depende de los jueces de ejecución de penas y los jueces de control de garantías. Al respecto, el director (e) de este organismo, Luis Felipe Henao, explicó que “si bien la vigilancia de los reclusos depende de nosotros, cuando un juez da la orden de entregar un dispositivo de vigilancia nosotros no estamos para cuestionarla, sino para cumplirla”.
Al ser consultado sobre estas irregularidades, el hoy ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras —quien ya había manifestado su malestar al respecto—, reiteró que es necesario revaluar todo el programa para que favorezca a personas que no revistan peligrosidad y se evite que el factor dinero sea el que les permita a los reclusos acceder a este beneficio.
Vargas Lleras reveló que está en curso en el Congreso un proyecto que permitirá redefinir esta política y restringir las posibilidades de que los jueces otorguen los brazaletes sin un criterio, para que realmente se beneficie a personas de menores recursos y que no revistan peligrosidad para la comunidad”.
Ante las evidentes irregularidades de parte de los jueces, este diario se comunicó con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres, quien prefirió no dar declaraciones “hasta tanto no me reúna en Sala Plena para conocer quiénes y por qué se están otorgando los brazaletes a personas sindicadas de delitos excluidos por la norma”.
Pero por otra parte, se ha demostrado que estos dispositivos no son un mecanismo eficaz para controlar a los reclusos. Desde febrero de 2010, cuando entraron en vigencia, 183 personas se han fugado. Además, no existe un registro de quiénes incumplen los requisitos que implican portar brazalete, ya que la norma quedó con un vacío jurídico que les permite a las personas ausentarse por un período de 72 horas del perímetro que les es asignado, sin que esté contemplado como una falta.