Arauca enfrenta con inversión pública los desafíos de su productividad y desarrollo económico
En 2023, el Producto Interno Bruto de Arauca fue de $8.580 millones; lo que representó un aporte del 0.5 a la cifra nacional. La Gobernación propone mejorar las condiciones de productividad, basados en lineamientos como del Foro Económico Mundial.
El departamento de Arauca, ubicado en el extremo norte de la Orinoquía colombiana y limítrofe con Venezuela, está en un punto estratégico para el comercio binacional de petróleo y ganado, así como para la producción agrícola. No en vano y según el Ministerio de Comercio, en agosto de 2024 el plátano representó 90.9% de sus cultivos permanentes. La yuca y el arroz tuvieron incidencias de 49.5% y 45.5% entre los cultivos transitorios, respectivamente.
No obstante, la meta de la Gobernación, con Renson Martínez a la cabeza, es aumentar el rendimiento productivo del territorio y apalancar la competitividad, que es un habilitante de mejores condiciones de vida para sus 317.398 habitantes. Para ello, el gobernador y su equipo de trabajo diseñaron un Plan de Desarrollo Departamental dividido en tres pilares y 16 ejes estratégicos.
El más importante de ellos es la productividad y el desarrollo, que busca enfrentar los embates de las dinámicas poblacionales, el cambio climático, las tensiones geopolíticas y el aumento de la pobreza; elementos sobre los que la administración toma de referencia las conclusiones del Foro Económico Mundial de Suiza. De allí se identificó que los principales desafíos de Arauca son el aumento de la seguridad, la reactivación económica, la acción climática, la productividad con sostenibilidad ambiental y el acople a los desarrollos tecnológicos en sectores como el agro.
Para lograr su objetivo, el departamento le asignó a esa principal línea de trabajo recursos por el orden de los $308.768 millones. El dinero se invertirá en desarrollo productivo, competitivo y sostenible ($41.684 millones), generación de empleo ($1.550 millones), infraestructura de vías y transporte ($180.350 millones), minas y energía ($49.491 millones), industria, comercio y turismo ($2.098 millones). También en innovación, ciencia y tecnología ($2.532 millones); y cambio climático y sostenibilidad ambiental ($31.060 millones).
En las otras dos líneas de trabajo de la administración, igualdad de oportunidades y buen gobierno, el presupuesto destinado es de $2 billones y $32.726 millones, respectivamente. El rubro total a invertir será de $2.3 billones. En la hoja de ruta de Arauca se destaca la propuesta de un modelo llamado “círculo virtuoso de la productividad”, compuesto por tres elementos claves: producción sostenible, innovación y empleo.
Los recursos de la administración están dirigidos a la ejecución de las acciones estratégicas que impulsen el desarrollo competitivo y económico, promuevan la igualdad de oportunidades y el buen gobierno, fomenten el desarrollo humano y la construcción de tejido social, promuevan la seguridad y la convivencia en territorios de paz.
Esto implica una focalización local de las inversiones, que ataque las causas del rezago económico y garanticen los resultados del proceso de crecimiento; ponerle la lupa a la formación para el trabajo, el emprendimiento de base tecnológica, la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, la eficacia en la gestión de las instituciones públicas, la adecuación de la infraestructura y la logística productiva del departamento y su eficiencia ambiental.
Productividad y transparencia: las claves del Casanare para mejorar la vida de sus 475.144 habitantes
La producción agrícola del Casanare es de especial importancia para surtir de alimentos al país. Solo en agosto de 2024, según el Ministerio de Comercio, el arroz y la palma de aceite tuvieron incidencias del 93.4% y 68.5% en los cultivos transitorios y permanentes del departamento, respectivamente.
El departamento del Casanare tiene una ruta clara para su desarrollo en los próximos cuatro años: potenciar la productividad del campo y recuperar la confianza en las cuentas claras de su administración. Ese es el objetivo del César Ortiz, el gobernador, y su equipo de trabajo; por esa razón la línea priorizada de su Plan de Desarrollo Departamental es la de agroindustria y economía. Y no es para menos; según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) entre enero de 2022 y agosto de 2023 se registraron 18.239 operaciones de crédito por valor de $1.2 billones para productores del departamento.
En esa línea, la hoja de ruta del Casanare (cuya disponibilidad inicial de inversión es de $998.024 millones) destinará al sector de agroindustria y economía $125.402 millones en 2024, $35.817 millones en 2025; $36.864 millones en 2026 y $19.472 millones en 2027. Los recursos provendrán de recursos propios y de transferencias de cofinanciación nacional; están dirigidos de forma específica al sector de agricultura y desarrollo rural; comercio, industria y turismo; minas y energía; transporte; ciencia, tecnología e innovación.
El objetivo es apoyar a los productores del departamento con recursos para el fortalecimiento integral de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas. También fortalecer los esquemas de asociatividad para la generación de empresas y el desarrollo agroindustrial, construir una central de biotecnología para la reproducción y mejoramiento genético de la ganadería bovina, adquirir bancos de maquinaria y equipos para la producción agrícola.
Esto último, de la mano con la iniciativa deconstruir plantas de manejo postcosecha, que permitan la transformación de los productos en manufacturados y facilite el acceso a insumos agropecuarios, herramientas de beneficio animal y centros de almacenamiento y secado de productos como el arroz.
De igual forma, el agro se combinará con otros sectores de dinamismo económico, como el del turismo. Solo en 2024, por ejemplo, el departamento proyecta invertir $1.494 millones en la productividad y competitividad de las empresas turísticas del departamento.
Buscan mejorar la infraestructura para el turismo, lo que va de la mano de la construcción, repotenciación, mantenimiento y adecuación de las subestaciones y redes de distribución de energía del Casanare, tanto en zonas urbanas como rurales, así como incursionar en la producción de energías alternativas y ampliar el alcance de las redes de distribución de gas.
De la gestión de la Gobernación se destaca su ánimo al diálogo con los demás departamentos de la región Orinoquía y el desarrollo de proyectos conjuntos, como la iniciativa de construir una planta de producción de urea que ya ha sido socializada con el Gobierno Nacional y tenía impacto positivo en los costos de producción agrícola en todo el país.
Esto, de la mano de iniciativas de gobernanza transparente que buscan recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y ser un referente de desarrollo sostenible y bienestar social para todos sus habitantes.
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Conservación ambiental y disminución de la deforestación: la meta en la que Guaviare invertirá $47.216 millones
Según la ONG Global Forest Watch, entre el 5 y el 12 de agosto de 2024 se presentaron 6.053 alertas de deforestación en San José del Guaviare, capital del departamento, y en los últimos veinte años se han perdido 193.000 hectáreas de bosques. La Gobernación busca cambiar esas cifras.
El departamento del Guaviare es conocido como la “puerta de la Amazonía”; pese a ser más grande que países como Costa Rica (su extensión es de más de 53.000 kilómetros cuadrados), la población proyectada a 2024 por el DANE es de solo 100.497 habitantes. La popularidad de ese sitio creció luego de que en 2018 se declarara patrimonio de la humanidad el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, que resguarda uno de los tesoros históricos y arqueológicos más importantes de Colombia y del continente.
En medio de la exuberancia de su naturaleza, su riqueza ambiental, ecosistémica y su biodiversidad, el departamento se ha enfrentado durante las dos últimas décadas a uno de los problemas más relevantes del denominado Arco Amazónico: el avance de la deforestación.
Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), solo en el Resguardo Indígena La Yuquera (Calamar) se perdieron 1.374 hectáreas de bosque entre abril de 2022 y marzo de 2023. Por esa razón, el gobernador Yeison Rojas y su equipo de trabajo pusieron como prioridad de su administración contener el avance de la deforestación y reconvertir la economía del departamento a actividades sostenibles.
En ese sentido, la Gobernación priorizará recursos por el orden de los $458.740 millones para la ejecución de los proyectos de su principal línea de trabajo, dedicada a la productividad y el desarrollo económico con sostenibilidad. El dinero se invertirá en acciones como el diseño de una estrategia de contención de la deforestación y la implementación de los núcleos de desarrollo forestal (iniciativa liderada por el Gobierno Nacional).
También en el desarrollo de acciones de restauración forestal y pagos por servicios ambientales. En coordinación con las autoridades ambientales y judiciales también se desarrollarán acciones en contra de la minería ilegal y los delitos ambientales.
Se planea la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para San José del Guaviare, que va de la mano con otras obras como la modernización de la infraestructura de transporte aéreo ($200 millones), el apoyo a proyectos de turismo sostenible ($1.489 millones) y el desarrollo rural integral ($4.139 millones). La transición energética hacia fuentes alternativas también es de gran relevancia en la hoja de ruta del departamento.
En las otras tres líneas de trabajo de la administración se invertirán sumas de $891.460 millones (igualdad y equidad) y $151.985 millones (desarrollo competitivo y sostenible) y $53.737 millones (gobernanza participativa).
De ese modo, el Guaviare proyecta convertirse en un departamento modelo de desarrollo social, productividad y competitividad con sostenibilidad ambiental. Con alto potencial de generación de empleo desde iniciativas de base comunitaria y que aprovechen de forma responsable y equilibrada su potencial ambiental, como los proyectos de forestería, la reconversión a la ganadería silvopastoril, los proyectos agroforestales y la agricultura intensiva.
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Fortalecer los organismos de seguridad: el propósito de inversión del Meta para acompañar a la ciudadanía
El Meta es uno de los departamentos más extensos del país, con 85.635 kilómetros cuadrados y 1.145.766 millones de habitantes, según proyecciones del DANE. El objetivo de la Gobernación es lograr que ese gran territorio sea un lugar más seguro para vivir, trabajar e invertir en desarrollo.
En el departamento del Meta confluyen todas las geografías. Por un lado, nace de la cordillera cuando sus últimas montañas agonizan, se extiende por la amplia llanura y termina en ese lugar confuso del Arco Amazónico, donde el verde de la selva hace que se pierdan los límites geográficos.
Esa es una de las razones por las que es un departamento tan productivo. Su frontera agrícola es de 4.264.036 hectáreas (la segunda más grande del país), lo que representa al menos la mitad de su territorio y tiene una incidencia importante en su índice de competitividad, que en 2024 fue de 4.9 (puesto 17), el más alto de los departamentos de la región Orinoquía.
Sin embargo, para la Gobernación las dos condiciones habilitantes del aprovechamiento del potencial productivo del departamento para su desarrollo son la seguridad ciudadana y la inversión social. Por esa razón, estas son las dos líneas estratégicas de mayor importancia dentro del Plan de Desarrollo Departamental de la gobernadora Rafaela Cortés.
Su objetivo es lograr que el Meta sea un entorno de seguridad humana a partir de todas las acciones para la supervivencia y la dignidad. Eso implica trabajar de forma simultánea también en los aspectos económico, social, ambiental, cultural y de orden público del departamento, como punto de partida para la gestión del desarrollo.
También por ello ambos aspectos tienen una participación prioritaria dentro del plan plurianual de inversiones del Meta. Para la línea estratégica de seguridad total y derechos humanos hay una apropiación presupuestal de $144.984 millones en el cuatrienio.
Se invertirán en temas como el fortalecimiento de las cinco entidades que hacen parte del Comité de Orden Público Departamental ($67.257 millones), la construcción de seis espacios para la seguridad ciudadana en el territorio ($15.127 millones), y el desarrollo de diez estrategias de mejoramiento de la convivencia ciudadana y la prevención del delito ($15.127 millones).
Por otro lado, se invertirán $3.9 billones en el sector de desarrollo social para la unidad. Esto incluye rubros para beneficiar a 8.000 niñas, niños y adolescentes con estrategias de promoción, prevención y garantía de derechos ($1.352 millones); fortalecer 400 emprendimientos juveniles en el departamento ($4.276 millones); desarrollar espacios de reconocimiento, culturales, recreativos y de bienestar a 4.000 adultos mayores ($7.850 millones) y garantizar el acceso a la alimentación para 23.418 personas ($108.000 millones).
Para las otras líneas estratégicas también hay recursos ya asignados: empleo, emprendimiento y productividad ($1.1 billones); vivienda y saneamiento básico ($651.640 millones) y gobernabilidad ($229.326 millones). El costo total del desarrollo de los proyectos en el cuatrienio será de $6.1 billones.
Además de las líneas y proyectos mencionados, se destaca el desarrollo de propuestas como la creación de un Fondo Público Empresarial y de Emprendimiento, la creación de una agencia de cooperación, promoción e inversión regional departamental para el Meta, y un fondo para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. También la construcción de una central de generación de energía fotovoltaica para la transición energética; todos proyectos que, alineados con la seguridad ciudadana, encaminan al meta hacia la consolidación de su desarrollo.
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Vichada se conecta y avanza con inversiones para la movilidad fluvial, aérea y terrestre
El departamento del Vichada se ubica en un sitio estratégico del suroriente del país, con alto potencial de producción agrícola de cultivos como el marañón. Pero la conectividad con el resto del país para su comercio es el reto al que le apuesta la administración para su desarrollo.
La frontera agrícola del Vichada tiene una importante extensión de 4.731.985 hectáreas, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Está situada en una región a la que desde hace poco se le conoce como la “amazorinoquía”, por ser el centro de la bisagra donde se unen las regiones Amazonía y Orinoquía de Colombia. Su potencial para la producción del campo hace que productos como el marañón y la yuca representen el 43.3% y el 68.7% del los cultivos permanentes y transitorios del departamento, respectivamente.
Sin embargo, la conectividad con el resto del país y el mundo es uno de los retos que asumen el sector productivo y las administraciones. Por esa razón, el gobernador Alexys Benito le apuesta a proyectar un Vichada mejor conectado y más visible para el año 2028, como lo propone en su Plan Departamental de Desarrollo. Para hacerlo, invertirá $25.338 millones en el sector de transporte, que es uno de los que tienen mayor participación en su plan plurianual de inversiones.
Los recursos están dirigidos a la realización de obras concretas, como el mejoramiento de 90 kilómetros de vías secundarias y el mantenimiento permanente a 300 kilómetros más; el mejoramiento del Aeródromo La Primavera, un muelle fluvial y un malecón. Esta inversión, sumada a temas como el fortalecimiento de la infraestructura agropecuaria y la dotación con maquinaria para el sector agrícola, buscan robustecer la economía del departamento y, con ello, la calidad de vida de sus 125.477 habitantes.
Además de la infraestructura y la conectividad (que incluye también la disminución del 50% al 40% el déficit cualitativo de vivienda del departamento), el gobernador y su equipo de trabajo le apuestan a otras cuatro líneas de acción: desarrollo económico sostenible, desarrollo social y bienestar, gestión ambiental y sostenibilidad, y gobierno territorial. Todas con recursos asignados para su ejecución en los próximos cuatro años.
El sector de educación será el de mayor apropiación presupuestal durante el cuatrienio, con $649.328 millones. Seguido por el sector de minas y energía ($39.919), en el que se destaca la necesidad de transitar hacia las energías alternativas en el departamento, dadas las dificultades para su acceso a ese servicio público de forma regular y en municipios como Puerto Carreño, la capital.
Otros $30.147 estarán dirigidos a la inclusión social y $4.848 al sector de ambiente, teniendo en cuenta que Cumaribo, su único municipio Amazónico, es el más extenso del país y se enfrenta de forma considerable al reto de la deforestación.
Finalmente, el departamento tiene como meta ampliar y mejorar la cobertura de los servicios tecnológicos y de comunicación, con enfoque especial a la aplicación de las TIC en la educación. De esa forma, el Vichada no solo estará conectado físicamente para mejorar el mercado de sus productos agrícolas, sino también de forma digital, para impulsar la innovación y la formación para la competitividad y el bienestar de sus habitantes.
*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Construyendo Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, y apoyado por El Espectador.