Los derechos humanos y la historia de la Iglesia católica en Buenaventura

La marea de la violencia en Buenaventura ha sido históricamente una ruleta rusa que se mueve al ritmo y voluntad de los actores armados que buscan controlar una zona estratégica para las economías ilícitas. Con este panorama como telón de fondo, la Iglesia católica ha jugado un papel fundamental como mediadora de conflictos y vocera de las comunidades vulnerables. Una tarea que ha sido clave en los últimos meses, en medio del escalamiento de violencia por cuenta de los enfrentamientos entre Los Shotas y Los Espartanos, estructuras de la banda delincuencial La Local. Una guerra sin cuartel que hoy deja al menos un muerto al día.

La situación ha llegado a tal punto de crisis de derechos humanos en Buenaventura que, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tan solo este año han sido asesinadas 41 personas en el municipio vallecaucano. Por lo menos trece personas más han sido reportadas como desaparecidas y otras 8.000 han tenido que salir desplazadas del principal puerto colombiano sobre el océano Pacífico. Esto, sin contar los ataques y amenazas a decenas de líderes y lideresas de derechos humanos.

Lea también: “La gente siente que la autoridad son los bandidos”: obispo de Buenaventura

Hasta el obispo de la diócesis de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, fue amenazado por su labor en defensa de las comunidades, pues no le ha temblado la voz para denunciar a los causantes de la crisis. “La gente siente que la autoridad son los bandidos”, ha dicho, insistiendo en que la comunidad confía poco en la fuerza pública. Jaramillo lideró, además, la cadena humana por la paz y el encuentro de obispos del Pacífico, escenarios para visibilizar el recrudecimiento de la violencia y el olvido estatal.

El trabajo que adelanta la iglesia de Buenaventura se remonta, por lo menos, al 11 de marzo de 1953, cuando fue nombrado el primer vicario apostólico de Buenaventura, monseñor Gerardo Valencia Cano. Valencia creó las primeras cuatro parroquias e impulsó el desarrollo de la educación, fundando varios colegios. Murió en un accidente aéreo el 21 de enero de 1972 y la Nunciatura Apostólica designó como encargado a Antonio Ruiz hasta el 8 de abril de 1973, cuando fue designado monseñor Heriberto Correa Yepes.

La labor de Correa hasta 1996 se enfocó en expandir la presencia de la iglesia. Se le recuerda como encargado de fomentar la Pastoral Afroamericana y su centro de pastoral CEPA. Además, creó siete parroquias, el asilo de ancianos, construyó la residencia episcopal, la casa de encuentros y adquirió la emisora Radio Buenaventura. El 15 de febrero de 1997 fue reemplazado por Rigoberto Corredor, quien entre sus logros promovió un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para crear una guardería para niños pobres que hoy reciben atención médica especializada.

“Todos los obispos, que han sido cinco, han hecho un trabajo increíble. Gerardo Valencia Cano, Heriberto Correa Yepes, Rigoberto Corredor, Héctor Epalza y yo. Todos con un compromiso con la comunidad y el desarrollo, con la defensa de los derechos humanos y con los pobres. Cada uno a su manera, desde su perspectiva y su fortaleza. No todos hacemos lo mismo, pero la intención sí es la misma: ayudar”, dijo monseñor Jaramillo.

En 2014, por ejemplo, el obispo Héctor Epalza lideró la marcha para enterrar la violencia y buscar la paz. Monseñor Jaramillo recuerda esa fecha como un momento convulso, pues el proceso terminó con el gran paro cívico de 2017, que llevó a la parálisis total del municipio durante 22 días. Una movilización que se desarrolló entre el 26 de mayo y el 6 de junio de 2017 y culminó en un acuerdo al que llegaron con el Gobierno Nacional y la creación del Comité del Paro Cívico, que tuvo participación activa de la Pastoral Social.

Aun así, poco se avanza en el cumplimiento de los acuerdos logrados. En el último informe de la oficina de la ONU se concluye que los derechos a una vida digna, integridad, libertad, seguridad personal, participación y, en general, a la posibilidad de desarrollar libremente un proyecto de vida sin violencias se ven seriamente afectados en la ciudad.

John Reina, sacerdote de Buenaventura e integrante de la mesa técnica del paro cívico, explica que el trabajo que hacen desde la Iglesia católica ha sido principalmente el de acompañar los procesos del Acuerdo para comunicar de la mejor manera a la comunidad. “Lo que ha faltado es voluntad política. No solamente el tema está en las cabezas de los ministros, que dicen tenerla, sino también en los funcionarios de tercer y cuarto nivel. Nos encontramos en las talanqueras porque ellos ponen sus puntos de vista y normatividades, que no permiten avanzar en los Acuerdos”, asegura el religioso.

Lea también: “La única que puede salvar a Buenaventura es su gente”: Leonard Rentería

Monseñor Rubén Darío Jaramillo se muestra convencido de seguir alzando la voz por las comunidades pobres y olvidadas de Buenaventura. Admite que las amenazas no son nada bueno, pero reconoce que hacen parte del proceso. “Lo más difícil es tener que enfrentarse a poderes inmensos e intereses egoístas. Muchos dicen que quieren a Buenaventura y por detrás están siendo cómplices de la corrupción”, concluye.

Actualmente, los bonaverenses viven una temporada de calma. Sin embargo, la iglesia asegura que es el momento para intervenir y erradicar el problema desde la raíz. “El problema no se resuelve con la calma, se necesita intervención política. Es un problema estructural que requiere organización. Se necesita continuidad y responsabilidad, donde el Pacífico se tenga en cuenta, que no sea un proyecto que se ejecute en Bogotá. Debe ser un proyecto que haga que el hombre del Pacífico se sienta protagonista”, concluye el padre Reina.

La marea de la violencia en Buenaventura ha sido históricamente una ruleta rusa que se mueve al ritmo y voluntad de los actores armados que buscan controlar una zona estratégica para las economías ilícitas. Con este panorama como telón de fondo, la Iglesia católica ha jugado un papel fundamental como mediadora de conflictos y vocera de las comunidades vulnerables. Una tarea que ha sido clave en los últimos meses, en medio del escalamiento de violencia por cuenta de los enfrentamientos entre Los Shotas y Los Espartanos, estructuras de la banda delincuencial La Local. Una guerra sin cuartel que hoy deja al menos un muerto al día.

La situación ha llegado a tal punto de crisis de derechos humanos en Buenaventura que, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tan solo este año han sido asesinadas 41 personas en el municipio vallecaucano. Por lo menos trece personas más han sido reportadas como desaparecidas y otras 8.000 han tenido que salir desplazadas del principal puerto colombiano sobre el océano Pacífico. Esto, sin contar los ataques y amenazas a decenas de líderes y lideresas de derechos humanos.

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Hasta el obispo de la diócesis de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, fue amenazado por su labor en defensa de las comunidades, pues no le ha temblado la voz para denunciar a los causantes de la crisis. “La gente siente que la autoridad son los bandidos”, ha dicho, insistiendo en que la comunidad confía poco en la fuerza pública. Jaramillo lideró, además, la cadena humana por la paz y el encuentro de obispos del Pacífico, escenarios para visibilizar el recrudecimiento de la violencia y el olvido estatal.

El trabajo que adelanta la iglesia de Buenaventura se remonta, por lo menos, al 11 de marzo de 1953, cuando fue nombrado el primer vicario apostólico de Buenaventura, monseñor Gerardo Valencia Cano. Valencia creó las primeras cuatro parroquias e impulsó el desarrollo de la educación, fundando varios colegios. Murió en un accidente aéreo el 21 de enero de 1972 y la Nunciatura Apostólica designó como encargado a Antonio Ruiz hasta el 8 de abril de 1973, cuando fue designado monseñor Heriberto Correa Yepes.

La labor de Correa hasta 1996 se enfocó en expandir la presencia de la iglesia. Se le recuerda como encargado de fomentar la Pastoral Afroamericana y su centro de pastoral CEPA. Además, creó siete parroquias, el asilo de ancianos, construyó la residencia episcopal, la casa de encuentros y adquirió la emisora Radio Buenaventura. El 15 de febrero de 1997 fue reemplazado por Rigoberto Corredor, quien entre sus logros promovió un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para crear una guardería para niños pobres que hoy reciben atención médica especializada.

“Todos los obispos, que han sido cinco, han hecho un trabajo increíble. Gerardo Valencia Cano, Heriberto Correa Yepes, Rigoberto Corredor, Héctor Epalza y yo. Todos con un compromiso con la comunidad y el desarrollo, con la defensa de los derechos humanos y con los pobres. Cada uno a su manera, desde su perspectiva y su fortaleza. No todos hacemos lo mismo, pero la intención sí es la misma: ayudar”, dijo monseñor Jaramillo.

En 2014, por ejemplo, el obispo Héctor Epalza lideró la marcha para enterrar la violencia y buscar la paz. Monseñor Jaramillo recuerda esa fecha como un momento convulso, pues el proceso terminó con el gran paro cívico de 2017, que llevó a la parálisis total del municipio durante 22 días. Una movilización que se desarrolló entre el 26 de mayo y el 6 de junio de 2017 y culminó en un acuerdo al que llegaron con el Gobierno Nacional y la creación del Comité del Paro Cívico, que tuvo participación activa de la Pastoral Social.

Aun así, poco se avanza en el cumplimiento de los acuerdos logrados. En el último informe de la oficina de la ONU se concluye que los derechos a una vida digna, integridad, libertad, seguridad personal, participación y, en general, a la posibilidad de desarrollar libremente un proyecto de vida sin violencias se ven seriamente afectados en la ciudad.

John Reina, sacerdote de Buenaventura e integrante de la mesa técnica del paro cívico, explica que el trabajo que hacen desde la Iglesia católica ha sido principalmente el de acompañar los procesos del Acuerdo para comunicar de la mejor manera a la comunidad. “Lo que ha faltado es voluntad política. No solamente el tema está en las cabezas de los ministros, que dicen tenerla, sino también en los funcionarios de tercer y cuarto nivel. Nos encontramos en las talanqueras porque ellos ponen sus puntos de vista y normatividades, que no permiten avanzar en los Acuerdos”, asegura el religioso.

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Monseñor Rubén Darío Jaramillo se muestra convencido de seguir alzando la voz por las comunidades pobres y olvidadas de Buenaventura. Admite que las amenazas no son nada bueno, pero reconoce que hacen parte del proceso. “Lo más difícil es tener que enfrentarse a poderes inmensos e intereses egoístas. Muchos dicen que quieren a Buenaventura y por detrás están siendo cómplices de la corrupción”, concluye.

Actualmente, los bonaverenses viven una temporada de calma. Sin embargo, la iglesia asegura que es el momento para intervenir y erradicar el problema desde la raíz. “El problema no se resuelve con la calma, se necesita intervención política. Es un problema estructural que requiere organización. Se necesita continuidad y responsabilidad, donde el Pacífico se tenga en cuenta, que no sea un proyecto que se ejecute en Bogotá. Debe ser un proyecto que haga que el hombre del Pacífico se sienta protagonista”, concluye el padre Reina.