Los fantasmas de la “guerra verde”
La explotación de esmeraldas no ha sido ajena a la violencia colombiana y, en medio de intentos de paz y reestructuración del negocio, no termina de librarse de una vieja historia de poderes armados.
Petrit Baquero * / Especial para El Espectador
Los guaqueros también hablan
María Eugenia Vargas es, orgullosamente, una guaquera de vieja data que ve cómo su forma de sustento de los últimos treinta años está cambiando ostensiblemente, porque “los personajes que están manejando eso lo que menos tienen es corazón, pues solo piensan en el signo pesos. A ellos no les importa le gente, las necesidades ni los inconvenientes de los habitantes de esta zona y solo les importa el signo pesos con las esmeraldas, pero sin retribución para la gente”.
Ante esta compleja situación, Germán Suárez Bernal, presidente de Confedesmeraldas, expone la preocupación que tienen muchos actores del sector, al afirmar que se requiere el “reconocimiento y respeto de los mineros colombianos, quienes son los que tienen derechos para explotar y beneficiarse de nuestros recursos minerales y además lograr el desarrollo integral de las zonas productivas de minerales del país que, como usted sabe, son las más miserables. Y eso es porque la política pública minera deja a esas zonas depredadas y sin desarrollo estructural”.
Esto lo complementa Vargas, quien dice que “el Gobierno nacional, en el lapso de estos treinta años, nos ha tenido en un abandono total, desconociendo que los mineros del occidente de Boyacá somos gestores de paz, pues nos hemos curado las heridas de la guerra a fuerza de voluntad y, a cambio de ello, el Gobierno permitió vender a empresas extranjeras lo que por ley y derecho propio nos debería pertenecer, ya que nos lo ganamos con sangre, lágrimas y dolor, con un precio tan alto que el Gobierno jamás podrá resarcir. ¿Qué pido para mi gremio minero, guaquero y esmeraldero? Que se nos otorgue un reconocimiento por esta paz que hemos sostenido y que se nos tenga en cuenta para continuar con nuestro legado, que se llama minería y guaquería esmeraldera. A un solo grito de voz queremos decirle al Gobierno y a todos los entes políticos: ¡no más abandono del gremio que ha dado todo por mantener la paz y subsistir, sacando a flote las familias sin más trabajo que la minería, y un no rotundo al desplazamiento forzoso de los guaqueros y mineros de la región, por parte de las empresas extranjeras!”.
¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Obligar a todos los involucrados en la actividad a formalizarse, a pesar de que muchos no tienen los recursos para hacerlo? ¿Buscar el desarrollo de actividades diferentes a la esmeraldera para diversificar la economía de esos lugares? ¿Apostar por declarar patrimonio a las actividades mineras tradicionales? ¿Y el Estado, qué?
Los fantasmas
Varios de los patrones esmeralderos de la vieja guardia, como Horacio Triana y Pedro Rincón (ambos capturados por acciones violentas, extraditados y condenados por narcotráfico) expresaron, en su momento, su molestia por las acciones implementadas por las nuevas empresas de capital extranjero, afirmando que se estaban apoderando de recursos que pertenecían a la región y que la mayoría de la población no estaba obteniendo los beneficios que se merecía (Baquero, 2017). Esto llevó a permanentes tensiones que se manifestaron en la invasión que miles de personas hicieron a la mina Puerto Arturo, luego de que corriera el rumor del descubrimiento de un inmenso yacimiento de esmeraldas, lo cual fue atribuido a varios de estos jefes esmeralderos.
Ante esto, Charles Burgess, gerente de MTC, afirmó: “Quiero recordar a los colombianos que estos son bienes del Estado y, por lo tanto, la compañía tiene que pagar regalías e impuestos. Quienes están sacando las esmeraldas las están entregando a gente que no paga regalías ni impuestos, y que exportan las esmeraldas de manera ilegal en el país (…) Queremos relaciones que nos permitan cambiar las reglas arcaicas y violentas que han imperado en esta zona. Es como si Cerrejón o Drummond encuentran una nueva veta y los vecinos, acostumbrados a vivir bajo unas reglas arbitrarias, deciden invadir la mina y explotarla a causa propia, sin que el Estado haga nada. Yo entiendo los problemas de pobreza y los sueños de riqueza que tienen, pero la verdad es que la idea de que van a cambiar su vida arriesgando en una mina, buscando unas piedras, no es más que una simple fábula” (Semana, 2015; Caraballo, 2018).
A fines del año pasado hubo también una masiva invasión a la mina Cunas, en Maripí, cuya concesión pertenece en su mayoría a Jesús Hernando Sánchez. Esto generó una enorme tensión que revivió los fantasmas de la “guerra verde”, no solo por el intento de asesinato a Sánchez en el pasado, sino por la molestia con las empresas de capital extranjero, al punto que Pedro Orejas fue señalado de querer derribar con una bazuca el helicóptero en el que se transportaba el empresario norteamericano Charles Burgess.
Burgess, por su parte, ha afirmado que la era de los patrones esmeralderos llegó a su fin (El Espectador, 2015), pues ha sido necesario “formalizar los procesos para cumplir con las leyes, cambiar las condiciones laborales y hacerlo rápido [pues] allí, básicamente, había un sistema de rebusque, los trabajadores no tenían beneficios, trabajaban al gusto del patrón” (El Espectador, 2015). Claro que nadie como él, por su influencia, cercanía con sectores del establecimiento y capacidad económica (hace poco tiempo, MTC compró Mina Real, una de las pocas concesiones independientes que quedaban en Muzo), encarna tan bien la definición de lo que significa ser un nuevo zar de las esmeraldas. O, bueno, tal vez esa es una exageración, porque Burgess es solamente el gerente de la empresa y no un accionista.
Los cambios y las resistencias
Los cambios que se presentan en el negocio esmeraldero son motivo de una fuerte tensión, pues transformar las prácticas tradicionales que había, resumidas en la existencia de un jefe o patrón específico, la participación de los trabajadores en las ganancias —aunque sin recibir sueldos— y una clientela organizada en torno a una jerarquía particular, por un nuevo esquema de relaciones impersonales, salarios fijos y jornada laboral única, que, para muchos, significa la llegada de la modernidad a las minas del occidente de Boyacá, genera, por supuesto, gran resistencia.
No obstante, muchos habitantes de la región afirman que la inversión extranjera es bienvenida, pero si se les da trabajo a las personas de la zona, comprando bienes en los negocios de la región y usando los servicios ofrecidos allí (peluquerías, tiendas de ropa y mercados de víveres, entre otros), lo cual no ocurre siempre.
A la vez, pese a algunos hechos de violencia, se afirma públicamente —a pesar de las constantes tensiones— que el gremio de las esmeraldas vive una era de paz y cooperación. Las grandes inversiones de las empresas extranjeras se empiezan a notar en un entorno que veía el agotamiento de muchas de las minas más importantes, al tiempo que se han formalizado, de acuerdo con la ley, las relaciones laborales de los trabajadores. Empero, algunos sectores de la población cercana a las minas han protestado porque sienten que los beneficios, si una veta “pinta”, son ahora mínimos o, más bien, inexistentes.
Esto ha llevado a que las imágenes de miles de personas que anteriormente llegaban en masa a la zona esmeraldera sean un hecho del pasado, pues ya no existe tan fácilmente la posibilidad que había de “enguacarse” y cambiar de vida de la noche a la mañana.
A pesar de esto, como afirma Maximiliano Barbosa, “se espera que prevalezca la paz y que a través de esa paz venga el desarrollo para las comunidades, porque una paz sin desarrollo y oportunidades no es paz. Es que la gente necesita dignidad, educación digna, vivienda digna, salud, por lo que estamos buscando, a través de las diferentes asociaciones y entidades del Gobierno nacional —que poca atención nos ha prestado— apoyo para poder salir adelante”.
¿Una nueva era o la misma historia con otros nombres?
Varios de los patrones de la vieja guardia que, en los últimos años, fueron representados por el grupo de Maripí (el cual, en un momento determinado, llegó a cuestionar a los sectores tradicionalmente establecidos, rompiendo los pactos de paz de 1990) cayeron derrotados, no solo por las balas de sus enemigos, sino por las acciones de las autoridades policiales y judiciales.
Es evidente que Víctor Carranza (quien, pese a la gran cantidad de acusaciones y testimonios en su contra, murió libre y sin requerimientos de la justicia) supo imponer un estilo que, si bien apelaba a la violencia (por debajo de cuerda), se sustentaba en la institucionalidad, con cuyos representantes tenía excelentes relaciones. Así, los herederos del “zar”, sin su evidente poder armado, pero innegables conexiones sociales y políticas, han sabido continuar con esa estrategia, dándole al sector un aire moderno y formalizado que, si bien algunos intentan romper, se ha logrado mantener.
Al tiempo, el menguado grupo de Maripí continuó rompiéndose con el asesinato de algunos integrantes de este grupo —Ómar Casas y Luis Laiton—, según las autoridades, como resultado de peleas internas, ya que no se ignora que las relaciones, por ejemplo, entre Horacio Triana y Pedro Rincón —quienes son cuñados— fueron tradicionalmente tensas.
A pesar de todo esto, muchos ven con optimismo la situación, como Óscar Baquero, quien afirma que “esas cosas terribles que ocurrieron en los años 80 ya no existen. Y claro que se pueden presentar problemas, pero las cosas han cambiado mucho; además, hay un aparato institucional que ha funcionado, la prueba es que muchos de esos personajes han sido capturados y están pagando condenas. Entonces, la oferta institucional ha llegado, ante lo cual, se espera que, frente a los hechos de violencia, las autoridades los esclarezcan”.
Todo esto deja ver que, treinta años después de la firma de la paz esmeraldera (una paz que, entre otras cosas, fue paralela a la que se firmó con grupos como el M-19, el PRT y el movimiento Quintín Lame), y luego de una tercera “guerra verde” que muy pocos reconocen (a pesar de que duró más de una década y se llevó por delante a figuras importantísimas del gremio), se ha dado una paradoja sobre la manera en que los grupos esmeralderos se han relacionado entre sí y con la institucionalidad.
Dicha paradoja se sustenta en que mientras los jefes de Maripí se hundieron al ser capturados, extraditados y condenados (o asesinados), otros patrones esmeralderos, cercanos a grupos tradicionales como los de Carranza, Molina, Murcia, Beetar y Sánchez (quienes, en su mayoría, suscribieron los acuerdos de paz), han conseguido formalizarse de la mano de importantes sectores del establecimiento, la institucionalidad y, por supuesto, empresas multinacionales, a pesar de tener en su pasado —y tal vez en su presente— algunas culpas iguales a las que tienen a sus rivales en el negocio tras las rejas.
Tal vez unos entendieron que el tiempo de la violencia directa y desbordada, que era legitimada por algunos sectores del gremio, llegó, por lo menos públicamente, a su fin. O, más bien, los otros no contaron con el capital social y político que les permitió limpiar sus pecados y convertirse en empresarios plenamente legalizados.
Todo esto puede ser cierto, pero también lo es que un importante sector de la población en estos territorios continúa esperando que, ya sea con los viejos patrones, sus herederos, las empresas extranjeras o, por supuesto, el Estado, sea posible obtener un respaldo que les permita salir adelante, porque la paz significa mucho más que la ausencia de la guerra.
* Petrit Baquero: Historiador y politólogo. Es autor de los libros El ABC de la Mafia. Radiografía del Cartel de Medellín (Planeta, 2012) y La nueva guerra verde (Planeta, 2017).
* Lea enseguida los otros tres reportajes de la serie:
Los guaqueros también hablan
María Eugenia Vargas es, orgullosamente, una guaquera de vieja data que ve cómo su forma de sustento de los últimos treinta años está cambiando ostensiblemente, porque “los personajes que están manejando eso lo que menos tienen es corazón, pues solo piensan en el signo pesos. A ellos no les importa le gente, las necesidades ni los inconvenientes de los habitantes de esta zona y solo les importa el signo pesos con las esmeraldas, pero sin retribución para la gente”.
Ante esta compleja situación, Germán Suárez Bernal, presidente de Confedesmeraldas, expone la preocupación que tienen muchos actores del sector, al afirmar que se requiere el “reconocimiento y respeto de los mineros colombianos, quienes son los que tienen derechos para explotar y beneficiarse de nuestros recursos minerales y además lograr el desarrollo integral de las zonas productivas de minerales del país que, como usted sabe, son las más miserables. Y eso es porque la política pública minera deja a esas zonas depredadas y sin desarrollo estructural”.
Esto lo complementa Vargas, quien dice que “el Gobierno nacional, en el lapso de estos treinta años, nos ha tenido en un abandono total, desconociendo que los mineros del occidente de Boyacá somos gestores de paz, pues nos hemos curado las heridas de la guerra a fuerza de voluntad y, a cambio de ello, el Gobierno permitió vender a empresas extranjeras lo que por ley y derecho propio nos debería pertenecer, ya que nos lo ganamos con sangre, lágrimas y dolor, con un precio tan alto que el Gobierno jamás podrá resarcir. ¿Qué pido para mi gremio minero, guaquero y esmeraldero? Que se nos otorgue un reconocimiento por esta paz que hemos sostenido y que se nos tenga en cuenta para continuar con nuestro legado, que se llama minería y guaquería esmeraldera. A un solo grito de voz queremos decirle al Gobierno y a todos los entes políticos: ¡no más abandono del gremio que ha dado todo por mantener la paz y subsistir, sacando a flote las familias sin más trabajo que la minería, y un no rotundo al desplazamiento forzoso de los guaqueros y mineros de la región, por parte de las empresas extranjeras!”.
¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Obligar a todos los involucrados en la actividad a formalizarse, a pesar de que muchos no tienen los recursos para hacerlo? ¿Buscar el desarrollo de actividades diferentes a la esmeraldera para diversificar la economía de esos lugares? ¿Apostar por declarar patrimonio a las actividades mineras tradicionales? ¿Y el Estado, qué?
Los fantasmas
Varios de los patrones esmeralderos de la vieja guardia, como Horacio Triana y Pedro Rincón (ambos capturados por acciones violentas, extraditados y condenados por narcotráfico) expresaron, en su momento, su molestia por las acciones implementadas por las nuevas empresas de capital extranjero, afirmando que se estaban apoderando de recursos que pertenecían a la región y que la mayoría de la población no estaba obteniendo los beneficios que se merecía (Baquero, 2017). Esto llevó a permanentes tensiones que se manifestaron en la invasión que miles de personas hicieron a la mina Puerto Arturo, luego de que corriera el rumor del descubrimiento de un inmenso yacimiento de esmeraldas, lo cual fue atribuido a varios de estos jefes esmeralderos.
Ante esto, Charles Burgess, gerente de MTC, afirmó: “Quiero recordar a los colombianos que estos son bienes del Estado y, por lo tanto, la compañía tiene que pagar regalías e impuestos. Quienes están sacando las esmeraldas las están entregando a gente que no paga regalías ni impuestos, y que exportan las esmeraldas de manera ilegal en el país (…) Queremos relaciones que nos permitan cambiar las reglas arcaicas y violentas que han imperado en esta zona. Es como si Cerrejón o Drummond encuentran una nueva veta y los vecinos, acostumbrados a vivir bajo unas reglas arbitrarias, deciden invadir la mina y explotarla a causa propia, sin que el Estado haga nada. Yo entiendo los problemas de pobreza y los sueños de riqueza que tienen, pero la verdad es que la idea de que van a cambiar su vida arriesgando en una mina, buscando unas piedras, no es más que una simple fábula” (Semana, 2015; Caraballo, 2018).
A fines del año pasado hubo también una masiva invasión a la mina Cunas, en Maripí, cuya concesión pertenece en su mayoría a Jesús Hernando Sánchez. Esto generó una enorme tensión que revivió los fantasmas de la “guerra verde”, no solo por el intento de asesinato a Sánchez en el pasado, sino por la molestia con las empresas de capital extranjero, al punto que Pedro Orejas fue señalado de querer derribar con una bazuca el helicóptero en el que se transportaba el empresario norteamericano Charles Burgess.
Burgess, por su parte, ha afirmado que la era de los patrones esmeralderos llegó a su fin (El Espectador, 2015), pues ha sido necesario “formalizar los procesos para cumplir con las leyes, cambiar las condiciones laborales y hacerlo rápido [pues] allí, básicamente, había un sistema de rebusque, los trabajadores no tenían beneficios, trabajaban al gusto del patrón” (El Espectador, 2015). Claro que nadie como él, por su influencia, cercanía con sectores del establecimiento y capacidad económica (hace poco tiempo, MTC compró Mina Real, una de las pocas concesiones independientes que quedaban en Muzo), encarna tan bien la definición de lo que significa ser un nuevo zar de las esmeraldas. O, bueno, tal vez esa es una exageración, porque Burgess es solamente el gerente de la empresa y no un accionista.
Los cambios y las resistencias
Los cambios que se presentan en el negocio esmeraldero son motivo de una fuerte tensión, pues transformar las prácticas tradicionales que había, resumidas en la existencia de un jefe o patrón específico, la participación de los trabajadores en las ganancias —aunque sin recibir sueldos— y una clientela organizada en torno a una jerarquía particular, por un nuevo esquema de relaciones impersonales, salarios fijos y jornada laboral única, que, para muchos, significa la llegada de la modernidad a las minas del occidente de Boyacá, genera, por supuesto, gran resistencia.
No obstante, muchos habitantes de la región afirman que la inversión extranjera es bienvenida, pero si se les da trabajo a las personas de la zona, comprando bienes en los negocios de la región y usando los servicios ofrecidos allí (peluquerías, tiendas de ropa y mercados de víveres, entre otros), lo cual no ocurre siempre.
A la vez, pese a algunos hechos de violencia, se afirma públicamente —a pesar de las constantes tensiones— que el gremio de las esmeraldas vive una era de paz y cooperación. Las grandes inversiones de las empresas extranjeras se empiezan a notar en un entorno que veía el agotamiento de muchas de las minas más importantes, al tiempo que se han formalizado, de acuerdo con la ley, las relaciones laborales de los trabajadores. Empero, algunos sectores de la población cercana a las minas han protestado porque sienten que los beneficios, si una veta “pinta”, son ahora mínimos o, más bien, inexistentes.
Esto ha llevado a que las imágenes de miles de personas que anteriormente llegaban en masa a la zona esmeraldera sean un hecho del pasado, pues ya no existe tan fácilmente la posibilidad que había de “enguacarse” y cambiar de vida de la noche a la mañana.
A pesar de esto, como afirma Maximiliano Barbosa, “se espera que prevalezca la paz y que a través de esa paz venga el desarrollo para las comunidades, porque una paz sin desarrollo y oportunidades no es paz. Es que la gente necesita dignidad, educación digna, vivienda digna, salud, por lo que estamos buscando, a través de las diferentes asociaciones y entidades del Gobierno nacional —que poca atención nos ha prestado— apoyo para poder salir adelante”.
¿Una nueva era o la misma historia con otros nombres?
Varios de los patrones de la vieja guardia que, en los últimos años, fueron representados por el grupo de Maripí (el cual, en un momento determinado, llegó a cuestionar a los sectores tradicionalmente establecidos, rompiendo los pactos de paz de 1990) cayeron derrotados, no solo por las balas de sus enemigos, sino por las acciones de las autoridades policiales y judiciales.
Es evidente que Víctor Carranza (quien, pese a la gran cantidad de acusaciones y testimonios en su contra, murió libre y sin requerimientos de la justicia) supo imponer un estilo que, si bien apelaba a la violencia (por debajo de cuerda), se sustentaba en la institucionalidad, con cuyos representantes tenía excelentes relaciones. Así, los herederos del “zar”, sin su evidente poder armado, pero innegables conexiones sociales y políticas, han sabido continuar con esa estrategia, dándole al sector un aire moderno y formalizado que, si bien algunos intentan romper, se ha logrado mantener.
Al tiempo, el menguado grupo de Maripí continuó rompiéndose con el asesinato de algunos integrantes de este grupo —Ómar Casas y Luis Laiton—, según las autoridades, como resultado de peleas internas, ya que no se ignora que las relaciones, por ejemplo, entre Horacio Triana y Pedro Rincón —quienes son cuñados— fueron tradicionalmente tensas.
A pesar de todo esto, muchos ven con optimismo la situación, como Óscar Baquero, quien afirma que “esas cosas terribles que ocurrieron en los años 80 ya no existen. Y claro que se pueden presentar problemas, pero las cosas han cambiado mucho; además, hay un aparato institucional que ha funcionado, la prueba es que muchos de esos personajes han sido capturados y están pagando condenas. Entonces, la oferta institucional ha llegado, ante lo cual, se espera que, frente a los hechos de violencia, las autoridades los esclarezcan”.
Todo esto deja ver que, treinta años después de la firma de la paz esmeraldera (una paz que, entre otras cosas, fue paralela a la que se firmó con grupos como el M-19, el PRT y el movimiento Quintín Lame), y luego de una tercera “guerra verde” que muy pocos reconocen (a pesar de que duró más de una década y se llevó por delante a figuras importantísimas del gremio), se ha dado una paradoja sobre la manera en que los grupos esmeralderos se han relacionado entre sí y con la institucionalidad.
Dicha paradoja se sustenta en que mientras los jefes de Maripí se hundieron al ser capturados, extraditados y condenados (o asesinados), otros patrones esmeralderos, cercanos a grupos tradicionales como los de Carranza, Molina, Murcia, Beetar y Sánchez (quienes, en su mayoría, suscribieron los acuerdos de paz), han conseguido formalizarse de la mano de importantes sectores del establecimiento, la institucionalidad y, por supuesto, empresas multinacionales, a pesar de tener en su pasado —y tal vez en su presente— algunas culpas iguales a las que tienen a sus rivales en el negocio tras las rejas.
Tal vez unos entendieron que el tiempo de la violencia directa y desbordada, que era legitimada por algunos sectores del gremio, llegó, por lo menos públicamente, a su fin. O, más bien, los otros no contaron con el capital social y político que les permitió limpiar sus pecados y convertirse en empresarios plenamente legalizados.
Todo esto puede ser cierto, pero también lo es que un importante sector de la población en estos territorios continúa esperando que, ya sea con los viejos patrones, sus herederos, las empresas extranjeras o, por supuesto, el Estado, sea posible obtener un respaldo que les permita salir adelante, porque la paz significa mucho más que la ausencia de la guerra.
* Petrit Baquero: Historiador y politólogo. Es autor de los libros El ABC de la Mafia. Radiografía del Cartel de Medellín (Planeta, 2012) y La nueva guerra verde (Planeta, 2017).
* Lea enseguida los otros tres reportajes de la serie: