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La preocupación se ha tomado a doce comunidades indígenas del corregimiento de Puerto López, en Uribia, La Guajira. Desde hace tres meses volvieron los enfrentamientos entre los Urrariyu y los Girnu, dos familias wayuus, que desde hace más de veinte años mantienen un conflicto territorial, debido a la ocupación por parte de los Urrariyu de los linderos de Topia, un territorio de más de 6.000 hectáreas que ancestralmente les ha pertenecido a los Girnu. Según la ONG Nación Wayuu, el conflicto se intensificó debido a la construcción de un parque eólico por parte de la multinacional Enel Green Power y el reporte de los líderes wayuus da cuenta de un saldo de una persona muerta y varias desplazadas a raíz de los enfrentamientos.
El problema de fondo radica en que la empresa concertó el proyecto, a mediados de 2018, con una sola comunidad, dejando a las otras once por fuera. La socialización se dio con los Urrariyu, una de las dos familias implicadas en la disputa territorial, quienes estuvieron de acuerdo con la construcción del parque en el territorio de los Girnu, los dueños ancestrales de la zona Topia.
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“Eso ha generado esa discrepancia y división entre las dos familias. Pero esto también afecta a las que están allí, porque terminan siendo víctimas de los enfrentamientos. Les han dicho que se salgan del territorio, que no tienen derecho de estar ahí. Son situaciones complejas que el Estado colombiano debería evitar y acompañar y no lo está haciendo a pesar de que existen solicitudes muy puntuales”, manifestó José Silva, líder de la ONG Nación Wayuu.
Norbelys Suárez, de la familia Girnu, afectada por los enfrentamientos, denuncia que grupos de hasta treinta personas del otro clan, los Urrariyu, llegan a sus casas con palos, piedras e incluso armas para amenazarlos y provocar los enfrentamientos. “Nosotros estamos reclamando que nos reconozcan como dueños ancestrales del territorio. Ahora temo por mi vida, porque me llaman a decirme que me calle la boca o si no me matan por sapa. A mí mamá también la quieren matar”, relata Suárez.
La comunidad wayuu de Puerto López afirma que la construcción del parque eólico se está haciendo en una zona conocida como Topia, un territorio indígena ancestral ubicado en el resguardo ampliado de la media y alta Guajira, donde habitan las doce comunidades indígenas. Sin embargo, Enel Green Power, que llegó a La Guajira en 2008, afirma que “hoy [10 de septiembre] no se encuentra ninguna infraestructura de medición de recurso eólico en el territorio de Topia. Tampoco se prevé la reinstalación de torres de medición en este territorio, ni actividades de desarrollo o construcción de un proyecto en el corto plazo en esta comunidad”. Por su parte, los habitantes de Topia afirman que por el momento solo se están construyendo las carreteras para el traslado de los materiales necesarios para el proyecto.
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Uribia no es el único municipio de La Guajira en el que se están construyendo parques eólicos. Hay más de cincuenta proyectos en municipios como Maicao y Fonseca manejados por ocho grandes multinacionales y multilatinas, entre las cuales se encuentran Enel, Celcia, Elecnor, EPM e Isagén. Las proyecciones estiman que para 2022 dichos parques estarían produciendo 2.188 megavatios de energía. El primero que entró en funcionamiento, en 2004, fue el Parque Eólico Jepírachi, ubicado en Uribia, específicamente en las localidades de Cabo de la Vela y Puerto Bolívar. En ese mismo municipio también se está llevando a cabo el proyecto del Parque Eólico Guajira I, que tendrá diez aerogeneradores instalados en un área de 5,5 hectáreas.
La multinacional Enel también ha insistido en que el trabajo que se ha hecho en Topia “ha tenido en cuenta a las autoridades ancestrales, las autoridades tradicionales y las familias asentadas en el área de influencia”. Además, aseguran que la compañía “ha realizado las consultas previas que corresponden y cumplen con las compensaciones que se han concertado”.
Sin embargo, en tales consultas previas y concertación con las autoridades wayuus, Indepaz, que ha hecho seguimiento a toda la problemática, ha encontrado falencias que pueden estar provocando la exacerbación de los conflictos. “El Ministerio del Interior hace un tiempo está entregando una certificación que se llama Autoridad Tradicional, que realmente fue inventada para recibir las transferencias del Gobierno, pero que no les da índole, bajo los usos y costumbres de la comunidad wayuu, para decidir sobre un territorio. Cuando las empresas empiezan a hacer tratos con un sobrino o con una ‘autoridad tradicional’ y la autoridad ancestral se da cuenta o no está de acuerdo se suscitan estas problemáticas en los clanes que son complejas de comprender”, explica Joanna Barney, investigadora de Indepaz.
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Como forma de rechazo a los enfrentamientos que se están presentando, un grupo de mujeres wayuus que habitan en Topia hicieron una denuncia pública al presidente Iván Duque el pasado 11 de junio, en la que manifestaron que debido a la construcción del parque eólico se ha intensificado el conflicto territorial y como consecuencia se han cometido siete delitos, entre los cuales está el asesinato de Gustavo Suárez, el desplazamiento forzado y la violación a varios derechos de los pueblos indígenas.
Según la información que dieron a conocer las mujeres, en cabeza de Yenny Mercado, perteneciente a la familia Girnu, el 15 de junio fue asesinado Gustavo Suárez, del mismo clan, a manos de un grupo de personas cuando se encontraba en compañía de otros familiares. El hombre presentaba señales de tortura. El más reciente enfrentamiento se presentó en la madrugada del 5 de septiembre. Si bien no hay una cifra exacta de desplazados a raíz del conflicto territorial, Norbelys Suárez afirma que la problemática “va a seguir mientras el Gobierno no intervenga y haga el acompañamiento de esta situación que se está presentado”.
Por su parte, la Secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia afirmó que “se han realizado dos consejos de seguridad para articular con las instituciones como el Ejército y la Policía, el traslado, previo a la socialización con las partes en conflicto, para que tengan conocimiento de nuestro ingreso al territorio. Es un tema delicado, ya estamos buscando un escenario de diálogo a través de los usos y costumbres del pueblo wayuu”.
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Según explica Nación Wayuu, se trata de un conflicto territorial que data de 1991, cuando fue creada la Constitución Política de Colombia y se implementó el Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas. “Las alcaldías empezaron a dividir a las comunidades, antes no existía esa proliferación de los indígenas, sino que empezaron a crearlas porque entre mayor cantidad de comunidades mayores recursos entraban al territorio y eso es lo que ha venido generando esas divisiones, que hoy por hoy se recrudecen con la entrada de proyectos de parques eólicos”, sostiene José Silva.
Lo que piden los líderes wayuus que viven la situación de primera mano en Puerto López es que haya presencia de las autoridades nacionales, tales como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, Ejército o Policía, para que acompañen a las comunidades afectadas por el conflicto.