Más de 4.000 personas están confinadas por el conflicto armado en Santa Bárbara de Iscuandé

Según el informe presentado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), en este momento hay 4.149 personas -1.383 familias afrodescendientes- que no pueden salir de sus casas por la distintas amenazas recibidas por parte de grupos armados al margen de la ley. En total son 40 veredas que se encuentran confinadas.

Además de esto, las comunidades tienen miedo por los comunicados que circulan en redes sociales en los que se amenaza de muerte a los alcaldes de los municipios de Santa Bárbara de Iscuandé y Guapi (Cauca). Estos mismos panfletos advierten a la población de los riesgos que pueden correr si se movilizan o intentan transportar elementos por el río Iscuandé.

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La situación de grupos armados en Nariño es muy complicada. En esta zona convergen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), entre otras grupos armados ilegales, según información entregada por la Fiscalía y el Ejército Nacional.

Por lo menos 10 familias están viviendo la situación contraria. En el momento en que empezó el paro armado llamado por este grupos se encontraban en el casco urbano del municipio y no han podido volver a sus hogares. Muchas personas han tomado la decisión de abandonar la zona y desplazarse a municipios cercanos como Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Chocó).

Desde Ocha hicieron un llamado sobre las necesidades que tiene la zona que, en este momento, son primordialmente de alimentos pues la gente no puede salir de su casa a abastecerse. Asimismo se pide suministro de combustible para poderle dar energía eléctrica a la región.

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A pesar de estos llamados, las organización asegura que existe un vacío, pues no hay garantías de seguridad para la población y tampoco para las personas que pueden llevar las ayudas humanitarias para las 40 veredas.

El departamento de Nariño es uno de los más afectados por los asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. En lo que va corrido del año fueron asesinados 34 líderes, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Además, es el tercer departamento en el que más masacres se presentaron en este 2020, con nueve.

Según el informe presentado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), en este momento hay 4.149 personas -1.383 familias afrodescendientes- que no pueden salir de sus casas por la distintas amenazas recibidas por parte de grupos armados al margen de la ley. En total son 40 veredas que se encuentran confinadas.

Además de esto, las comunidades tienen miedo por los comunicados que circulan en redes sociales en los que se amenaza de muerte a los alcaldes de los municipios de Santa Bárbara de Iscuandé y Guapi (Cauca). Estos mismos panfletos advierten a la población de los riesgos que pueden correr si se movilizan o intentan transportar elementos por el río Iscuandé.

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Por lo menos 10 familias están viviendo la situación contraria. En el momento en que empezó el paro armado llamado por este grupos se encontraban en el casco urbano del municipio y no han podido volver a sus hogares. Muchas personas han tomado la decisión de abandonar la zona y desplazarse a municipios cercanos como Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Chocó).

Desde Ocha hicieron un llamado sobre las necesidades que tiene la zona que, en este momento, son primordialmente de alimentos pues la gente no puede salir de su casa a abastecerse. Asimismo se pide suministro de combustible para poderle dar energía eléctrica a la región.

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