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En el Hospital Juan Hernando Urrego de Aguazul, en Casanare, los médicos se sienten completamente desprotegidos ante la emergencia mundial por COVID-19. Por medio de un comunicado público, ocho de los 10 doctores que trabajaban en esta empresa prestadora del servicio de salud (ESE) anunciaron su renuncia, alegando que en su labor no hay condiciones dignas.
Las mayores preocupaciones radican en que acusan a las directivas del hospital de no gestionar el alcance de dispositivos médicos para atender de manera oportuna y eficiente a las personas que tengan enfermedades respiratorias. También, lamentan que ese centro hospitalario no acate los protocolos dispuestos por el ministerio de Salud para atender la emergencia.
En dicho documento, invitan a los líderes regionales para que se sienten en una mesa de trabajo para mejorar las medidas sanitarias, con el fin de que puedan continuar con su labor, pero teniendo todas las garantías del caso.
Los problemas del hospital de Aguazul no solo se quedan en lo administrativo. Por medio de redes sociales y bajo el testimonio de profesionales de la salud que hacen parte del centro, denuncian que por deficiencias en la infraestructura, todos los pacientes ingresan y salen por la misma puerta, independientemente a que sean sospechosos de COVID-19.
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A esta falta de zonas de aislamiento se les suma una ausencia de pruebas rápidas para detectar el SARS-CoV-2. La crisis en este lugar comienza semanas atrás, cuando los directivos violaron las normas laborales de los profesionales de la salud, en cuanto a sus horas de trabajo diarias. Además, dos personas fueron suspendidas para reducir gastos.
En un panorama departamental más general, este diario reportó el 17 de abril que ante la emergencia sanitaria, Casanare no cuenta ni con una cama de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes (26 camas en total) y que su economía petrolera pende de un hilo por el desplome en los precios de este hidrocarburo.