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“Mi colegio es un mal recuerdo”: la historia de José Echeverri, un estudiante trans

José Echeverri, un joven trans, fue maltratado en 2019 por directivas y docentes de su colegio debido a su identidad de género. Esta semana, la Corte Constitucional reconoció esta exclusión y reafirmó que los entornos educativos deben respetar la diversidad. El caso ocurrió en Sabaneta, Antioquia.

Pilar Cuartas Rodríguez
07 de marzo de 2021 - 02:00 a. m.
José Manuel (de camiseta negra) vive con sus papás y hermanos en Sabaneta, Antioquia.
José Manuel (de camiseta negra) vive con sus papás y hermanos en Sabaneta, Antioquia.
Foto: Archivo particular

José Manuel Echeverri Rodríguez tiene 19 años. Tenía 17 cuando fue discriminado en su colegio y su vida entró en una espiral depresiva. El colegio donde estudiaba, José Félix de Restrepo Vélez, de Sabaneta (Antioquia), se convirtió en el lugar más inseguro para él después de que se reconoció públicamente como un joven trans. Las directivas y los docentes fueron sus principales agresores, pues le exigían usar el uniforme femenino y se negaban a llamarlo “José Manuel”, pues se referían a él con su anterior nombre femenino. (El apoyo a la diversidad debe ser vehemente)

Debido a la depresión, llegó a no moverse de la cama, comer ni cepillarse los dientes e incluso tuvo un intento de suicidio, que lo llevó a un hospital de Medellín. El colegio propuso que José Manuel recibiera clases individuales en un salón alejado de sus compañeros, sin derecho a compartir en grupo, incluso a la hora del descanso, “para que no se exacerbara su pánico al entorno escolar”. Su papá tuvo que acompañarlo a las clases aisladas o esperarlo a la salida del colegio, para que no se sintiera solo y velar porque los profesores respetaran la identidad de género de su hijo. (5 lecciones del caso Sergio Urrego | La Disidencia)

Sus compañeros intentaron defenderlo y, en una protesta, los hombres vistieron el uniforme de las mujeres y ellas se pusieron el uniforme de ellos. Pero no lograron que las directivas y los docentes atendieran los reclamos del estudiante. Cuando la situación se volvió inviable, con ayuda de los alumnos del consultorio jurídico de la Universidad EAFIT, José Manuel interpuso una tutela para reclamar sus derechos a la dignidad, libre desarrollo de la personalidad, igualdad, educación, libre locomoción, honra y buen nombre. La Corte Constitucional le dio la razón. (Indignación por presunto caso de discriminación hacia profesor ciego en colegio del Distrito)

En la sentencia, conocida esta semana, el alto tribunal dejó claro que las actuaciones de las directivas y los docentes sí fueron discriminatorias. El colegio se defendió diciendo, por ejemplo, que levantó la restricción que le impedía al joven salir a la hora de los descansos, que uno de sus profesores se disculpó con él frente al resto de la clase y que modificó el manual de convivencia para mejorar las rutas de atención para la convivencia escolar, admitiendo la importancia del reconocimiento a la diversidad sexual y de género. (El trascendental caso de una profesora trans en colegio del Valle del Cauca)

Nada fue suficiente para desmentir que José fue discriminado en su propio colegio, un tema que ya ha estudiado la Corte Constitucional en expedientes históricos como los de Kim Zuluaga (2013), estudiante trans expulsada de su colegio en Medellín por su identidad de género; y Sergio Urrego (2015), joven bisexual que se quitó la vida tras ser discriminado en Bogotá por las directivas de su colegio. Por este último caso, hay dos condenas penales y el Ministerio de Educación tiene la obligación de verificar que todos los manuales de convivencia de las escuelas del país respeten la diversidad sexual.

“¿Cuántos más Sergios, Josés, Kims, Érikas o Luises tienen que pasar por un camino similar a este? ¿Cuál es el esfuerzo que está realizando el sector educativo y en general el Estado colombiano para garantizar que estas historias no se repitan?”, aseguraron Colombia Diversa y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) en su intervención ante la Corte Constitucional en el caso de José Manuel Echeverri. El hecho de que las directivas y los profesores llamaran a José con su anterior nombre ignoró y anuló su tránsito de género y, pese a que estuvo dos años en tratamiento médico por depresión, el colegio no puso en marcha ninguna ruta de atención para prestarle apoyo.

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Por eso, la Corte afirmó que la labor de las instituciones educativas no se reduce a garantizar la adquisición de conocimiento, sino que deben proveer el apoyo emocional y las herramientas necesarias a los estudiantes para desarrollar su vida en sociedad. Además, determinó que el colegio debió integrar a José Manuel con el resto de la comunidad educativa en vez de apartarlo, y que la educación debe contextualizarse en las necesidades y particularidades de cada estudiante, que, en este caso, al ser una persona trans, requiere un ambiente escolar inclusivo y respetuoso de la diversidad humana.

Este es uno de los mayores aportes que hace la sentencia, según Juan Felipe Rivera, abogado de Colombia Diversa. “Es una de las primeras veces que la Corte se mete de fondo a hablar sobre el rol de la pedagogía y la forma en que se debe responder a las necesidades de los estudiantes. Además, dice algo que no es nuevo, pero en el día a día del sistema educativo se va perdiendo. ¿Cuál es la finalidad del colegio? No es pasar matemáticas o el ICFES, sino formar ciudadanos y ciudadanas con valores que permitan desarrollar su proyecto de vida. Y uno de esos valores es el respeto a otras personas”, explicó Rivera.

José Manuel Echeverri y su familia se enteraron de la decisión de la Corte el pasado miércoles. Liliana Rodríguez, su mamá, recordó lo que vivió su hijo en el lugar que debía protegerlo. “El colegio vulneró nuestros derechos, incluso el día de la graduación, en diciembre de 2019, cuando el coordinador académico se negó a darle la mano. Sentí impotencia. Quisiera que las mamás y los papás vean la importancia de acompañar a los hijos en estos tránsitos. He visto a padres que prefieren entregarlos al ICBF antes que aceptar que son trans. Quisiera tener la fuerza y la plata para recibir a los que son echados de su casa”, aseguró Liliana Rodríguez, ingeniera agrónoma y madre de tres hijos.

Claudia López, directora de Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual y de Género (FAUDS), organización que asesora a la familia de José Manuel, explicó que un estudio de la Universidad de San Francisco concluyó que cuando hay acompañamiento familiar, disminuye la probabilidad de consumir drogas, contraer infecciones de transmisión sexual o cometer suicidio. Gracias al apoyo de su familia, José hoy vive más tranquilo. Estudia Medios Audiovisuales y trabaja en un call center.

Quiere que su nombre real aparezca en esta historia, pues busca que sea conocida por otros estudiantes trans. “Mi colegio es solo un mal recuerdo. Por suerte, estoy vivo y eso me hace feliz. Aún no me creo esa sentencia de la Corte. Me parece irreal que yo haya hecho parte de eso”, le dijo José a El Espectador. Queda claro que los colegios no pueden discriminar a sus estudiantes por ser gais, lesbianas, bisexuales o trans. Por orden judicial, ahora la institución José Félix de Restrepo Vélez, de Sabaneta, debe evitar que otro caso como el de José Manuel se repita porque, de lo contrario, se apartaría de su deber institucional de propiciar un ambiente sano a los niños, niñas y adolescentes que llegan ahí para aprender, no para sufrir.

Las conclusiones de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional concluyó en el caso de José Echeverri que la comunidad estudiantil del colegio José Félix de Restrepo Vélez debió promover una forma de acción concertada e incluyente. Ha debido proponerle a José Manuel Echeverri Rodríguez una solución diferente a desertar o recibir clases individualizadas. Se trataba entonces de:

i) Prestar el apoyo que el joven requería durante su proceso de reafirmación de género, sin imponer barreras administrativas durante su transición.

ii) Promover formas acertadas de tratar la diversidad.

iii) Resolver cualquier conflicto en la interacción docente-estudiante de manera imparcial, sin aminorar las preocupaciones del estudiante.

iv) Ejercer prácticas y talleres dentro y fuera del aula que le permitieran al accionante volverse a sentir parte de la comunidad educativa como igual.

Según la Corte, las instituciones educativas deben adoptar medidas que promuevan la inclusión y no el aislamiento.

Pilar Cuartas Rodríguez

Por Pilar Cuartas Rodríguez

Periodista y abogada. Coordina la primera sección de “género y diversidad” de El Espectador, que produce Las Igualadas y La Disidencia. También ha sido redactora de Investigación. @pilar4aspcuartas@elespectador.com

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JULIAN(57349)07 de marzo de 2021 - 06:26 p. m.
Ante todo, mi voz de solidaridad para el chico y su familia; la vida de un homosexual debe ser complicada, porque una simple sentencia judicial no lo blinda de los ataques homofóbicos; de ahí la importancia de prestarle asistencia profesional para tratar de corregirle su comportamiento, pero, si ello no fuera posible, -dicen los expertos- el cambio de género es la mejor solución.
Berta(2263)07 de marzo de 2021 - 02:03 p. m.
Mi solidaridad, respeto y admiración por José Echeverri. Condeno y rechazo el fanatismo religioso, la falta de empatía y la ignorancia de las directivas y profesorado del colegio José Félix de Restrepo Vélez por la exclusión y la tortura psicológica a la que fue sometido J Echeverri cuando aun era estudiante de ese claustro que pareciera ancorado en el s XIX. Ese profesorado no merece ese nombre.
Usuario(51538)07 de marzo de 2021 - 12:25 p. m.
Los manuales de convivencia de la gran mayoría de las instituciones educativas no han sido modificados de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional en casos puntuales como el que se trae a colación y en otros que tienen que ver con el derecho a la apariencia y la presentación personal. Es un país en el que cada cual cree estar por encima de la ley. Lo acabamos de presenciar.
Jaime(64690)07 de marzo de 2021 - 07:10 a. m.
Se queda corta la Corte. Personas que discriminan a los estudiantes por su condición sexual no deberían estar en los colegios sino tras las rejas de una cárcel.
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