Ante los hechos que se han presentado en los últimos días en los que miembros de la comunidad hostigan a la Fuerza Pública en distintos municipios del Cauca y del Catatumbo, desde el ministerio de Defensa se ha planteado la necesidad de endurecer las penas para quienes estén involucrados en estas actividades.
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El debate lo abrieron tres hechos en particular. El primero tuvo lugar el pasado viernes en el municipio de Tibú, Norte de Santander, cuando varios habitantes realizaron una asonada contra una unidad militar. Dos hechos similares ocurrieron en el Cauca este fin de semana: uno en Argelia, donde alrededor de 500 personas de la comunidad se opusieron a un operativo de incautación de cocaína, y el otro en Patía, donde cerca de 80 personas impidieron la captura de alias Conejo, presunto jefe de finanzas del Eln.
Tras estos hechos, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, explicó este lunes la iniciativa que se plantea desde el gobierno para evitar que se repitan. Según manifestó, buscarán un agravamiento en los delitos que se cometan contra la Fuerza Pública.
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“Si bien están aislados geográficamente tienen un común denominador y es que en la sociedad colombiana ha comenzado a imperar de manera significativa la cultura de la ilegalidad. Parece que estar en la ilegalidad es lo que toca, que es lo normal”, señaló Botero en entrevista con Blu Radio.
El ministro se refiere en concreto a los cultivos de uso ilícito como la coca, la marihuana y la amapola, que el gobierno ha planteado erradicar a través de la aspersión con glifosato, iniciativa que desde las comunidades ha sido rechazada de forma vehemente. En el caso de lo sucedido en Argelia, por ejemplo, algunos líderes de la comunidad manifestaron que ya tienen acuerdos firmados de sustitución voluntaria y por eso rechazan los operativos del Ejército en ese sentido.
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Botero explicó además que en esos hechos convergen varios delitos. “Ahí hay asonada, hay daño en bien ajeno, en algunos casos hay robo, en otros hay secuestro simple. Es un conjunto de delitos que tendrán que ser penalizados en lo cual estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación y que esperamos tenga los resultados que deberíamos tener”.
Para ello, señaló que están dispuestos a hacer las reformas a la ley que sean necesarias para que el deber de respeto a la Fuerza Pública quede explícito y que se extienda la presunción de legítima defensa de los uniformados.
“Apelamos a la comunidad a que nos ayude a denunciar: quiénes fueron, cómo fue, circunstancias de tiempo modo y lugar, que es la única manera como la Fiscalía puede entrar a producir órdenes de captura para luego nosotros ejecutarlas”, agregó el ministro.