Los inconformismos con la resolución 0221 de 2025, la cual amplía las zonas protegidas en la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en el lado occidental del macizo de Santurbán en Santander, llevaron a más de 300 mineros a realizar un plantón pacífico en el Ministerio de Ambiente el pasado 20 de marzo, en donde entregaron cerca de 8.600 firmas provenientes de cerca de 40 organizaciones en oposición
a la medida.
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Los mineros se encuentran en desobediencia civil desde hace una semana. Aseguran que esta zona de reserva se impuso de manera unilateral, sin cumplir con la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, en la cual se exige que haya una concertación de políticas ambientales con la comunidad.
Incluso mencionan que el Gobierno ignoró el Acuerdo de Escazú, el cual garantiza la participación de la población en decisiones sobre el ambiente. Por lo cual, aseguran que esto fue hecho “a espaldas de las comunidades afectadas” y que “viola la autonomía territorial, la participación ciudadana y el derecho al trabajo de miles de personas”, según una carta emitida.
Ante esta situación, Ivonne González, directora de la Asociación de Empresas del Sector Minero Energético en Santander (Asomineros), confirmó que van a seguir en desobediencia civil y que van a tomar acciones legales nacionales e internacionales que busquen revocar esta medida.
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“Nosotros estamos dispuestos al diálogo y encontramos una ministra muy abierta a escuchar. Sin embargo, queremos aclarar que las mesas técnicas, jurídicas y sociales no serán para socializar una resolución que ya está impuesta y que nos quieren hacer efectiva de inmediato. Vamos a defendernos con todo lo jurídico, tanto a nivel nacional como internacional”, aseguró.
Esta ampliación de la Zona de Reserva Temporal es de 75.000 hectáreas, que afecta a 35.000 personas de Vetas, California, Suatá, Matanza, Charta, Tona y Bucaramanga, y también incentivaría el desempleo, pobreza y desplazamiento en la región, expresaron.
Además, según la carta, esta declaratoria de la zona de reserva impide que se expidan certificados para la comercialización de productos agrícolas, por lo que también afectaría el acceso de créditos para los campesinos y empresarios locales.
Otra de las afectaciones que temen quienes quedaron dentro de la reserva es la desvalorización de los predios. “No estamos pidiendo que se deje de proteger el páramo de Santurbán, lugar que habitamos y protegemos desde hace cinco siglos. Lo que rechazamos es la ampliación ilegal, inconsulta e inconstitucional de restricciones ambientales en zonas que ni siquiera son de páramo”, indicaron en comunicado.