Una mujer, identificada como Barlis Marina Rada Ortiz, de 34 años fue enviada a prisión preventiva luego de que la Fiscalía la señalara de haber intentado acabar con la vida de sus tres hijos, de 5, 7 y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 5 de junio en Ciénaga, Magdalena. La investigación apunta a que la agresión habría ocurrido después de una discusión entre la mujer y su pareja sentimental, quien sería el padrastro de los menores.
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La situación pudo ser advertida a tiempo porque uno de los niños logró escapar de la vivienda y llegar hasta la casa de un vecino para pedir ayuda. El hombre acudió al inmueble y encontró a los otros dos menores de edad, a quienes habría auxiliado. Los tres niños recibieron atención médica por las lesiones que presentaban en el cuello.
¿Qué ocurrió con los menores?
De acuerdo con la hipótesis presentada por las autoridades, después de la discusión con su pareja, la mujer habría utilizado cuerdas sujetas a una estructura de la vivienda para agredir a sus hijos por el cuello.
Uno de los menores de edad consiguió salir de la casa atravesándose el patio y buscó ayuda en una vivienda cercana. La intervención del vecino permitió poner a salvo a los otros dos niños antes de que la situación tuviera consecuencias mayores.
Tras lo ocurrido, los niños fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención por las lesiones. El caso fue asumido por investigadores de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
La investigación llevó a la captura de la mujer
Las autoridades recopilaron elementos probatorios y evidencia física que permitieron solicitar una orden de captura contra Rada Ortiz. Una vez detenida, fue presentada ante un juez de control de garantías.
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Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa y solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, argumentando la gravedad de los hechos investigados y el riesgo para los menores de edad.
El juez acogió la solicitud y ordenó que la procesada permanezca recluida mientras avanza el proceso judicial. La mujer no aceptó su responsabilidad en los hechos y se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.