Narcotráfico, secuestro y minería ilegal: el fortalecimiento de disidencias de las Farc en Cauca

La situación de violencia en el Cauca es muy delicada. Los constantes enfrentamientos entre el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, y el Eln profundizan la crisis. Estos dos grupos se disputan el territorio, que por su ubicación geográfica -cercanía al océano Pacífico y a la carretera Panamericana- es estratégica para el narcotráfico.

Estos combates entre grupos armados ilegales atemorizan a la población del municipio de Argelia, en especial en el corregimiento de El Plateado. Este fin de semana (27 y 28 de febrero) hubo enfrentamientos, los cuales dejaron 250 personas desplazadas, que ante el temor de las balas tuvieron que abandonar sus casa. A principio de febrero se presentó una masacre perpetuada por el Eln y en enero 12 concejales del municipio salieron desplazados tras el secuestro y posterior asesinato de Fermiliano Meneses, concejal de Argelia, a manos del mismo grupo.

La realidad en el resto de municipios no es muy diferente. Durante el 2020 la Defensoría del Pueblo emitió seis alertas tempranas que cobijaban a nueve de los 42 municipios del Cauca y los cuales están ubicados cerca del océano Pacífico y a la carretera Panamericana. El Espectador habló con Luis Cornelio Angulo, secretario de Gobierno del departamento, para conocer la realidad de esta región del país y las estrategias para luchar contra la violencia.

También puede leer: La disputa territorial que recrudeció la violencia en Argelia, Cauca

¿Cuál fue la situación que se vivió el fin de semana en Argelia?

Tuvimos un enfrentamiento entre las estructuras del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y el Eln por el control territorial en el corregimiento de El Plateado. A raíz de este combate quedaron desplazadas aproximadamente 250 personas, según dijo el personero. Desde ayer estas personas están siendo acompañadas por el sistema de atención a víctimas. En este momento el Ejército está llegando a la zona, esperamos que lo haga hoy. Hay que recordar que en esta zona del departamento, el 3 de febrero, fue expulsada la Fuerza Pública. Hay una situación crítica, donde también se le hace un llamado a la comunidad de que el Ejército está para cuidarnos y para brindarnos protección, pero desafortunadamente estos grupos ejercen presión a la comunidad para que ellos actúen en contra de la institucionalidad y así no puedan hacer su trabajo como corresponde.

¿Cuáles son los mecanismos de presión que ejercen estos grupos para que la comunidad expulse al Ejército?

Lo que nosotros hemos podido ver es que la manipulación y la utilización por parte de estos grupos a la comunidad es tan grande que si algunos no salen a protestar en contra de la Fuerza Pública, deben pagar una multa que va entre los 500.000 y los tres millones de pesos. También pasa que los expulsan del territorio a aquellos que no apoyen la salida del Ejército de esta zona.

¿Qué pasó con los concejales que tuvieron que salir desplazados de Argelia en enero?

Los concejales siguen sesionando desde Popayán y están a la espera de que se concrete todo el esquema de seguridad y protección para ellos, para así poder tener las garantías necesarias para que puedan regresar al municipio. Mientras tanto consideramos que no es prudente que regresen porque hay una situación particular y es que la mayoría de ellos no son del casco urbano de Argelia, sino que viven en la zona rural, donde la presencia de estos grupos es mayor. El solo desplazamiento hacia sus viviendas les genera un riesgo muy alto y mucho más el ejercer la labor para la cual fueron elegidos.

¿Cuáles otros grupos armados ilegales hacen presencia en el Cauca?

Tenemos todas las estructuras criminales del narcotráfico. También tenemos diferentes bandas delincuenciales que hacen presencia en los municipios, las cuales son las estructuras urbanas. Todos estos grupos nos hacen ver que hay un hilo conductor entre la producción de hoja de coca, la minería ilegal y el microtráfico. Todos estos elementos afectan la seguridad y el orden público en el departamento. Además las disidencias de las Farc, con su frente Carlos Patiño, y el Eln.

¿Ustedes cómo ven la utilización del glifosato como una alternativa para acabar con los cultivos ilícitos que hay en el departamento?

Recordemos que la utilización del glifosato depende de lo que pueda decir la Corte Constitucional, más allá de que Estados Unidos haya certificado a Colombia en la lucha contra las drogas. La sentencia emitida por este tribunal dice que para que esto pueda pasar se tienen que cumplir ciertos requisitos. El departamento del Cauca es muy sensible a la movilización; hace aproximadamente 10 días tuvimos unas marchas de cultivadores de hoja de coca a las cuales asistieron unas 4.000 personas que salieron de la cordillera en el sur del departamento. Ellos manifiestan su malestar por la posible utilización del glifosato para erradicar sus cultivos.

Acá lo que hay que entender es que, si bien es cierto que esta es una de las herramientas para acabar con estos cultivos, no es la única. Nosotros creemos y estamos convencidos de que podemos estudiar otras estrategias que involucren la construcción de estrategias con la comunidad, pero también la inversión de recursos desde el nivel central. Con esto podemos asegurarnos que la sustitución sea contundente, porque si no vamos a seguir erradicando y volviendo a sembrar.

¿Por qué es tan complicado manejar lo que sucede en el Cauca en cuanto a la seguridad?

Hay que entender que la realidad del departamento no empieza hace uno o dos años. Para uno poder hacer el análisis y contextualizarlo tiene que hacer un recorrido de más de 50 años y ver los conflictos históricos que pasan acá. Incluso el Cauca tuvo una guerrilla propia. Acá hay unos elementos estructuradores que permitieron, una vez firmados los Acuerdo de Paz, una tranquilidad durante dos años. Sin embargo, nosotros creemos que no hubo presencia estatal para controlar el territorio que dejó la exguerrilla de las Farc. Ahora estamos ante un fortalecimiento de las disidencias a través del narcotráfico, el secuestro y la minería ilegal.

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Aquí hay varios elementos que no permiten que haya un respeto por la vida. Esto lo vemos constantemente con los líderes sociales, quienes defienden la vida o el territorio e inmediatamente se convierte en un objetivo militar para estas organizaciones ilegales. En cuanto a esto queremos hacer un llamado a que el camino no es solamente la militarización del territorio, que es importante y la agradecemos, pero esto debe venir acompañado de la inversión social. Los municipios del Cauca tienen poco dinero, pues el departamento es de sexta categoría y en la última reforma a las regalías se perdió mucho dinero que entraba acá.

¿El pacto por el Cauca firmado ayer está dirigido a esta inversión social que proponen?

Inicialmente nosotros hicimos un acto el pasado 10 de febrero en donde todos los sectores manifestaron su voluntad de recorrer un camino juntos y construir un documento que nos permita decirle a los violentos que no los queremos acá. Esto también va a servir para hacerle un llamado al Gobierno Nacional que al departamento hay que hacerle una mirada con enfoque diferencial, el cual está determinado por la destinación de recursos para aquellos sectores que han sido históricamente más vulnerables y donde la presencia institucional es muy poca.

Acá también queremos insistir en la protección a la vida y al territorio y ese pedido de paz que hacemos desde el Cauca. Esto que nosotros empezamos ayer, que es la construcción del documento que se llama ‘pacto caucano por la vida, los derechos humanos, el territorio y la paz’ se convierte en una actividad muy importante para todo el departamento. Todos los sectores que participaron tienen todo el conocimiento de cómo la vamos a hacer y ayer plantearon sus conceptos para que sigamos en la misma ruta.

La situación de violencia en el Cauca es muy delicada. Los constantes enfrentamientos entre el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, y el Eln profundizan la crisis. Estos dos grupos se disputan el territorio, que por su ubicación geográfica -cercanía al océano Pacífico y a la carretera Panamericana- es estratégica para el narcotráfico.

Estos combates entre grupos armados ilegales atemorizan a la población del municipio de Argelia, en especial en el corregimiento de El Plateado. Este fin de semana (27 y 28 de febrero) hubo enfrentamientos, los cuales dejaron 250 personas desplazadas, que ante el temor de las balas tuvieron que abandonar sus casa. A principio de febrero se presentó una masacre perpetuada por el Eln y en enero 12 concejales del municipio salieron desplazados tras el secuestro y posterior asesinato de Fermiliano Meneses, concejal de Argelia, a manos del mismo grupo.

La realidad en el resto de municipios no es muy diferente. Durante el 2020 la Defensoría del Pueblo emitió seis alertas tempranas que cobijaban a nueve de los 42 municipios del Cauca y los cuales están ubicados cerca del océano Pacífico y a la carretera Panamericana. El Espectador habló con Luis Cornelio Angulo, secretario de Gobierno del departamento, para conocer la realidad de esta región del país y las estrategias para luchar contra la violencia.

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¿Cuál fue la situación que se vivió el fin de semana en Argelia?

Tuvimos un enfrentamiento entre las estructuras del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y el Eln por el control territorial en el corregimiento de El Plateado. A raíz de este combate quedaron desplazadas aproximadamente 250 personas, según dijo el personero. Desde ayer estas personas están siendo acompañadas por el sistema de atención a víctimas. En este momento el Ejército está llegando a la zona, esperamos que lo haga hoy. Hay que recordar que en esta zona del departamento, el 3 de febrero, fue expulsada la Fuerza Pública. Hay una situación crítica, donde también se le hace un llamado a la comunidad de que el Ejército está para cuidarnos y para brindarnos protección, pero desafortunadamente estos grupos ejercen presión a la comunidad para que ellos actúen en contra de la institucionalidad y así no puedan hacer su trabajo como corresponde.

¿Cuáles son los mecanismos de presión que ejercen estos grupos para que la comunidad expulse al Ejército?

Lo que nosotros hemos podido ver es que la manipulación y la utilización por parte de estos grupos a la comunidad es tan grande que si algunos no salen a protestar en contra de la Fuerza Pública, deben pagar una multa que va entre los 500.000 y los tres millones de pesos. También pasa que los expulsan del territorio a aquellos que no apoyen la salida del Ejército de esta zona.

¿Qué pasó con los concejales que tuvieron que salir desplazados de Argelia en enero?

Los concejales siguen sesionando desde Popayán y están a la espera de que se concrete todo el esquema de seguridad y protección para ellos, para así poder tener las garantías necesarias para que puedan regresar al municipio. Mientras tanto consideramos que no es prudente que regresen porque hay una situación particular y es que la mayoría de ellos no son del casco urbano de Argelia, sino que viven en la zona rural, donde la presencia de estos grupos es mayor. El solo desplazamiento hacia sus viviendas les genera un riesgo muy alto y mucho más el ejercer la labor para la cual fueron elegidos.

¿Cuáles otros grupos armados ilegales hacen presencia en el Cauca?

Tenemos todas las estructuras criminales del narcotráfico. También tenemos diferentes bandas delincuenciales que hacen presencia en los municipios, las cuales son las estructuras urbanas. Todos estos grupos nos hacen ver que hay un hilo conductor entre la producción de hoja de coca, la minería ilegal y el microtráfico. Todos estos elementos afectan la seguridad y el orden público en el departamento. Además las disidencias de las Farc, con su frente Carlos Patiño, y el Eln.

¿Ustedes cómo ven la utilización del glifosato como una alternativa para acabar con los cultivos ilícitos que hay en el departamento?

Recordemos que la utilización del glifosato depende de lo que pueda decir la Corte Constitucional, más allá de que Estados Unidos haya certificado a Colombia en la lucha contra las drogas. La sentencia emitida por este tribunal dice que para que esto pueda pasar se tienen que cumplir ciertos requisitos. El departamento del Cauca es muy sensible a la movilización; hace aproximadamente 10 días tuvimos unas marchas de cultivadores de hoja de coca a las cuales asistieron unas 4.000 personas que salieron de la cordillera en el sur del departamento. Ellos manifiestan su malestar por la posible utilización del glifosato para erradicar sus cultivos.

Acá lo que hay que entender es que, si bien es cierto que esta es una de las herramientas para acabar con estos cultivos, no es la única. Nosotros creemos y estamos convencidos de que podemos estudiar otras estrategias que involucren la construcción de estrategias con la comunidad, pero también la inversión de recursos desde el nivel central. Con esto podemos asegurarnos que la sustitución sea contundente, porque si no vamos a seguir erradicando y volviendo a sembrar.

¿Por qué es tan complicado manejar lo que sucede en el Cauca en cuanto a la seguridad?

Hay que entender que la realidad del departamento no empieza hace uno o dos años. Para uno poder hacer el análisis y contextualizarlo tiene que hacer un recorrido de más de 50 años y ver los conflictos históricos que pasan acá. Incluso el Cauca tuvo una guerrilla propia. Acá hay unos elementos estructuradores que permitieron, una vez firmados los Acuerdo de Paz, una tranquilidad durante dos años. Sin embargo, nosotros creemos que no hubo presencia estatal para controlar el territorio que dejó la exguerrilla de las Farc. Ahora estamos ante un fortalecimiento de las disidencias a través del narcotráfico, el secuestro y la minería ilegal.

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Aquí hay varios elementos que no permiten que haya un respeto por la vida. Esto lo vemos constantemente con los líderes sociales, quienes defienden la vida o el territorio e inmediatamente se convierte en un objetivo militar para estas organizaciones ilegales. En cuanto a esto queremos hacer un llamado a que el camino no es solamente la militarización del territorio, que es importante y la agradecemos, pero esto debe venir acompañado de la inversión social. Los municipios del Cauca tienen poco dinero, pues el departamento es de sexta categoría y en la última reforma a las regalías se perdió mucho dinero que entraba acá.

¿El pacto por el Cauca firmado ayer está dirigido a esta inversión social que proponen?

Inicialmente nosotros hicimos un acto el pasado 10 de febrero en donde todos los sectores manifestaron su voluntad de recorrer un camino juntos y construir un documento que nos permita decirle a los violentos que no los queremos acá. Esto también va a servir para hacerle un llamado al Gobierno Nacional que al departamento hay que hacerle una mirada con enfoque diferencial, el cual está determinado por la destinación de recursos para aquellos sectores que han sido históricamente más vulnerables y donde la presencia institucional es muy poca.

Acá también queremos insistir en la protección a la vida y al territorio y ese pedido de paz que hacemos desde el Cauca. Esto que nosotros empezamos ayer, que es la construcción del documento que se llama ‘pacto caucano por la vida, los derechos humanos, el territorio y la paz’ se convierte en una actividad muy importante para todo el departamento. Todos los sectores que participaron tienen todo el conocimiento de cómo la vamos a hacer y ayer plantearon sus conceptos para que sigamos en la misma ruta.