OEA señala desafíos para consolidar la paz en Colombia

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA dio a conocer esta semana un informe  basado en las observaciones de 1.350 misiones que realizó el organismo en 720 poblaciones de Colombia  —entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2018—, de cara a la implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobienro y la exguerrilla de las Farc.

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Entre los desafíos que evidenció la MAPP en su informe se encuentra la situación que actualmente afrontan los líderes sociales en el país. Sobre ello el organismo reseñó que ante las afectaciones contra líderes, lideresas y defensores de DDHH, “son necesarias acciones coordinadas, innovadoras y eficaces, que potencien las instancias y los organismos competentes, y mejoren los sistemas de prevención y protección”.

Por ello, entre las recomendaciones que le hace la MAPP a instituciones como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección está “desarrollar una estrategia articulada de prevención y protección para líderes y lideresas sociales (…)” y “unificar un Sistema de información del Estado con cifras consolidadas de las diversas afectaciones a líderes sociales (homicidio, amenaza, desplazamiento, confinamiento, extorsión, secuestro, robo de información)”.

Si bien no es clara la cifra de líderes sociales asesinados en los últimos años, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, en Colombia fueron asesinados 317 líderes entre 1 de enero de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019. A su vez, la ONG Somos Defensores ha registrado en su sistema de información más 560 homicidios de los cuales alrededor del 90% han quedado impunes.

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Otro de los desafíos que enfrenta la paz en Colombia es la permanencia de dinámicas de conflicto y criminalidad en varias regiones del país. Sobre ello, la MAPP llamó la atención sobre la violencia que generan los grupos armados ilegales en los territorios, la cual se traduce en “homicidios, amenazas, siembra de minas antipersonal, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento forzado y violencia sexual”.

Frente a ello, la MAPP recomienda al Estado colombiano avanzar en la implementación de medidas de prevención, atención y protección a la población civil que sean adecuadas para atender diferencialmente a diversas poblaciones, tales como niños y niñas, mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes.

Además, el informe invita a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y al Ministerio de Justicia, a “continuar fortaleciendo las acciones que permitan atacar los medios de financiamiento de los grupos armados ilegales para evitar que la extracción de rentas de economías legales e ilegales siga alimentando su tendencia al crecimiento y la expansión, y afectando directamente a las comunidades más vulnerables.”

La implementación de justicia en los territorios es otro de los desafíos para la paz. Hoy en día algunas organizaciones como el Eln o Los Pelusos (Epl) siguen imponiendo sanciones, restricciones y normas de convivencia a la población civil. Sobre ello, la MAPP reseña que “la población no puede acceder a la justicia formal o decide no hacerlo, porque la justicia impartida por grupos armados ilegales les resulta más rápida y eficiente. Adicionalmente, las condiciones de ruralidad dispersa hacen difícil la llegada de la institucionalidad, en especial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) o Medicina Legal, a los territorios más alejados, lo que genera impacto en la rigurosidad de las investigaciones, y mina la confianza de la ciudadanía hacia la justicia.”

Frente a ese escenario, la MAPP aconseja a la Fiscalía General de la Nación y a la Sijin fortalecerse en aquellos territorios en donde su presencia es insuficiente o inexistente. A su vez, señala que es necesario que el Consejo Superior de la Judicatura verifique la capacidad humana que tiene a nivel territorial para que “se cuente en los juzgados con mínimo el Juez, secretario, citadores, escribientes y notificadores (…)”.

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De acuerdo al informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, los departamentos de Chocó, Arauca, Cuaca, y los territorios del Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo y el Pacífico nariñense son los lugares más golpeados por la presencia de grupos armados ilegales.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA dio a conocer esta semana un informe  basado en las observaciones de 1.350 misiones que realizó el organismo en 720 poblaciones de Colombia  —entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2018—, de cara a la implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobienro y la exguerrilla de las Farc.

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Entre los desafíos que evidenció la MAPP en su informe se encuentra la situación que actualmente afrontan los líderes sociales en el país. Sobre ello el organismo reseñó que ante las afectaciones contra líderes, lideresas y defensores de DDHH, “son necesarias acciones coordinadas, innovadoras y eficaces, que potencien las instancias y los organismos competentes, y mejoren los sistemas de prevención y protección”.

Por ello, entre las recomendaciones que le hace la MAPP a instituciones como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección está “desarrollar una estrategia articulada de prevención y protección para líderes y lideresas sociales (…)” y “unificar un Sistema de información del Estado con cifras consolidadas de las diversas afectaciones a líderes sociales (homicidio, amenaza, desplazamiento, confinamiento, extorsión, secuestro, robo de información)”.

Si bien no es clara la cifra de líderes sociales asesinados en los últimos años, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, en Colombia fueron asesinados 317 líderes entre 1 de enero de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019. A su vez, la ONG Somos Defensores ha registrado en su sistema de información más 560 homicidios de los cuales alrededor del 90% han quedado impunes.

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Otro de los desafíos que enfrenta la paz en Colombia es la permanencia de dinámicas de conflicto y criminalidad en varias regiones del país. Sobre ello, la MAPP llamó la atención sobre la violencia que generan los grupos armados ilegales en los territorios, la cual se traduce en “homicidios, amenazas, siembra de minas antipersonal, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento forzado y violencia sexual”.

Frente a ello, la MAPP recomienda al Estado colombiano avanzar en la implementación de medidas de prevención, atención y protección a la población civil que sean adecuadas para atender diferencialmente a diversas poblaciones, tales como niños y niñas, mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes.

Además, el informe invita a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y al Ministerio de Justicia, a “continuar fortaleciendo las acciones que permitan atacar los medios de financiamiento de los grupos armados ilegales para evitar que la extracción de rentas de economías legales e ilegales siga alimentando su tendencia al crecimiento y la expansión, y afectando directamente a las comunidades más vulnerables.”

La implementación de justicia en los territorios es otro de los desafíos para la paz. Hoy en día algunas organizaciones como el Eln o Los Pelusos (Epl) siguen imponiendo sanciones, restricciones y normas de convivencia a la población civil. Sobre ello, la MAPP reseña que “la población no puede acceder a la justicia formal o decide no hacerlo, porque la justicia impartida por grupos armados ilegales les resulta más rápida y eficiente. Adicionalmente, las condiciones de ruralidad dispersa hacen difícil la llegada de la institucionalidad, en especial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) o Medicina Legal, a los territorios más alejados, lo que genera impacto en la rigurosidad de las investigaciones, y mina la confianza de la ciudadanía hacia la justicia.”

Frente a ese escenario, la MAPP aconseja a la Fiscalía General de la Nación y a la Sijin fortalecerse en aquellos territorios en donde su presencia es insuficiente o inexistente. A su vez, señala que es necesario que el Consejo Superior de la Judicatura verifique la capacidad humana que tiene a nivel territorial para que “se cuente en los juzgados con mínimo el Juez, secretario, citadores, escribientes y notificadores (…)”.

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De acuerdo al informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, los departamentos de Chocó, Arauca, Cuaca, y los territorios del Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo y el Pacífico nariñense son los lugares más golpeados por la presencia de grupos armados ilegales.