13 May 2020 - 2:32 a. m.

Organización anticorrupción alerta sobre el desequilibrio entre los poderes públicos en la pandemia

La organización Fuerza de Respuesta Social Anticorrupción (FUERSA), en una carta abierta al Gobierno Nacional, Congreso de la República, Corte Constitucional y al Consejo de Estado, manifiesta sus preocupaciones, entre ellas el posible quebranto del equilibrio de las ramas del poder público y la ausencia de información respecto a contrataciones hechas por el gobierno.

- Redacción Nacional

Entre las preocupaciones de Fuerza de Respuesta Social Anticorrupción se encuentra el tímido rol ejercido por la Rama Judicial durante la pandemia.  / Archivo El Espectador
Entre las preocupaciones de Fuerza de Respuesta Social Anticorrupción se encuentra el tímido rol ejercido por la Rama Judicial durante la pandemia. / Archivo El Espectador

Los integrantes de Fuerza de Respuesta Social Anticorrupción (FUERSA) publicaron una carta abierta en la que afirman que sienten preocupación por el funcionamiento de la democracia colombiana, sus instituciones y el sistema de pesos y contrapesos, "en el contexto del estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia generada por el COVID-19 así como por el tímido rol que las Ramas Ejecutiva y Judicial han desempeñado en dicha coyuntura”.  

La carta está firmada por los miembros de FUERSA: Iván Velásquez (Corporación Justicia y Democracia); León Valencia (Director Paz y Reconciliación); Ariel Ávila (Fundación Paz y Reconciliación); Daniela Gómez ( Fundación Paz y Reconciliación); Catherine Juvinao (Veeduría al Congreso “Trabajen Vagos”); Camilo Enciso (Director Instituto Anticorrupción);  Margie Mojica (Instituto Anticorrupción); Rodrigo Fernández (Asesor Experto en Contratación Estatal y Obra Pública). 

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Afirman que la democracia, la participación y el pluralismo, como principios constitucionales básicos, podrían ser vulnerados. “En el caso del Congreso, la falta de liderazgo de los presidentes de las cámaras ha derivado en pugnas internas entre los congresistas y las distintas comisiones sobre la conveniencia de las sesiones virtuales y semi-presenciales”, manifiestan. Agregando que si bien se ha avanzado en la reglamentación de la virtualidad, se debe entender como un mecanismo transitorio hacia una modalidad semi-presencial, como se ha visto en otros países del mundo durante la pandemia. 

FUERSA dice que la Rama Legislativa ha empleado la cuarentena como una justificación para omitir el cumplimiento de sus funciones constitucionales como el estudio y evaluación de los decretos de emergencia. “De otro lado, consideramos que la solicitud elevada por el presidente del Congreso ante la Corte Constitucional, con el fin de que el Alto Tribunal emita su concepto sobre la legalidad de llevar a cabo sesiones virtuales es inconveniente, innecesaria y retrasa la adopción de medidas oportunas que el Congreso puede implementar en ejercicio de su autonomía”, expresan. 

También sienten preocupación  por la demora de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en pronunciarse sobre los decretos legislativos y ordinarios dictados por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia. 

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Además, afirman que hay ausencia de información respecto a contrataciones públicas realizadas por el Gobierno. FUERSA expone que ministerios, departamentos administrativos y unidades especiales del Gobierno Nacional están omitiendo su deber de publicar los procesos contractuales en las plataformas de contratación del Estado administradas por Colombia Compra Eficiente, SECOP I y SECOP II, lo que obstaculiza el derecho a conocer y controlar el gasto público. 

“Consideramos especialmente preocupante que tampoco exista información sobre las fuentes y usos de los recursos que han sido reorientados para la atención de la pandemia y la pos-pandemia. ¿De dónde salen los dineros y para dónde van? ¿Qué se dejará de hacer? ¿Qué se debe sacrificar para atender la pandemia y reactivar la economía?”,  le preguntan al gobierno. 

También dicen que no hay información de los beneficiarios de líneas de crédito ofertadas por Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías, ni datos sobre los recursos destinados a la salud, dicen que hasta ahora “no es posible hallar información relacionada con el monto de los recursos destinados por el Gobierno Nacional al sistema de salud, ni tampoco los detalles sobre su ejecución”.  

En el último punto hablan de la vulneración del derecho fundamental a solicitar información y el debilitamiento grave del control social y la veeduría ciudadana. Manifiestan que la ampliación de los plazos de respuesta al derecho de petición (en el momento es de 20 días prorrogables) pone en riesgo el acceso a la información pública. 

Teniendo en cuenta las consideraciones, los miembros de FUERSA instan al Gobierno Nacional a publicar los procesos de contratación; así como los datos relacionados con la fuente, funcionamiento, beneficiarios y destino de los fondos y programas dispuestos para atender la emergencia y los datos sobre el desempeño del sistema de salud en la atención de la crisis y la ejecución de recursos por parte de los actores que lo conforman. 

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Finalmente, solicitan que se produzca oportunamente un “Primer Informe COVID-19 en Colombia” con un reporte completo y detallado de los actos y decisiones adoptados por el Gobierno y las carteras en el marco de la primera declaratoria de estado de emergencia. 

En cuanto al Congreso, FUERSA solicita, entre otras cosas, que ejerza  sus funciones de control político. Piden “no olvidar la naturaleza esencial de la controversia directa y de la deliberación conjunta en el ejercicio de sus deberes parlamentarios, lo cual le atribuye a la labor del Congreso una función estética y simbólica que no es posible sustituir a través de medios virtuales”. 

Entre las peticiones a los Magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se encuentra acelerar el control de constitucionalidad y legalidad de los decretos expedidos en el marco del estado de emergencia, solicitan a la Corte Constitucional realizar control sobre los decretos ordinarios expedidos por el Gobierno Nacional que suponen una restricción a derechos fundamentales en el marco de la crisis generada por el COVID-19. 

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