La Orinoquia no es un lienzo blanco. Las sabanas, morichales, esteros y humedales donde cada vez cabalgan menos llaneros descalzos “no se pueden transformar al antojo y la furia del desarrollo”. Sus cuencas y nacimientos de agua, que se nutren del pie de monte, “deben respetarse”. “No se puede dejar en manos del mercado la planificación y el ordenamiento territorial de esta región”, que aunque es la menos habitada del país, tiene una extensión que ocupa el 30% del territorio nacional. Los impactos de este crecimiento sin reglas empiezan a verse: desabastecimiento de agua, derrames de crudo y nafta, mortandad de peces, caños, nacimientos, aljibes y ríos contaminados, talas indiscriminadas de árboles...
Aunque estas palabras suenan a decálogo, no lo son. En cambio son algunas reflexiones de Brigitte Baptiste, la directora del Instituto Humboldt. Estamos en Puerto Gaitán (Meta), “la meca del oro negro” de la Orinoquia, el municipio petrolero que recibía más regalías en el país ($96.000 millones) antes de que este sistema cambiara y que en escasos ocho años, de acuerdo con el DANE, pasó de tener 17.200 habitantes a cerca de 40.000. Pueden ser más, o menos, las autoridades no tienen el dato exacto porque la población que viene de todo el país a trabajar en los campos de petróleo es muy grande.
La multinacional canadiense Pacific extrae más de 220.000 barriles diarios del Campo Rubiales, pero esa riqueza parece apenas tener eco en dos o tres avenidas principales pavimentadas, un arco de concreto decorado “al estilo griego”, con enredaderas y hojas, que está a la entrada del municipio y costó $2.500 millones, y una megabiblioteca que queda cerca de la también imponente Alcaldía. Construcciones que contrastan con las calles polvorientas de color rojo que abundan, las cifras de pobreza del municipio, que de acuerdo con el DNP son del 65%, y el que no haya alcantarillado en todo el municipio ni agua 24 horas.
“Puerto Gaitán era un pueblo llanero, tranquilo, pequeño, pero lamentablemente la industria del petróleo nos ha afectado. El impacto económico es muy grande, pero las afectaciones sociales y ambientales parecen mayores. Por ejemplo, el problema de la prostitución infantil es enorme. Para el país es muy bueno que haya petróleo, pero para las regiones que lo tienen es muy complicado”, dice Édgar Silva, el alcalde de Puerto Gaitán, en un auditorio nuevo y cuidado del municipio. Su percepción es similar a la que tiene Miguel Gaitán, un líder indígena sikuani del resguardo Unuma, que nos recibe en un asentamiento de su comunidad que está dentro de Puerto Gaitán, en donde viven cerca de 301 familias en pequeños ranchos oscuros, de paredes de lona negra. “Las necesidades son muchas. No hay agua, las calles no están pavimentadas, la mayoría necesita vivienda. Hoy nos tratan como desplazados, pero no lo somos, nosotros vivimos aquí desde hace muchos años, en los mismos terrenos donde hoy explotan petróleo, aunque nunca hemos trabajado en Campo Rubiales”, dice Gaitán, despacio, intentando encontrar las palabras en una lengua que no es la materna.
“Es la avalancha del progreso”, dicen unos, que en el caso de los Llanos Orientales no sólo tiene que ver con el oro negro. La agroindustria ha cambiado el paisaje de morichales y esteros que desde Villavicencio se veían al lado y lado de la carretera. Ahora dicen que todos los conglomerados económicos poderosos del país y varias multinacionales han comprado tierra aquí. Por ejemplo, está La Fazenda, un consorcio de empresarios antioqueños y de Santander que ha invertido al menos US$100 millones en 13.000 hectáreas. Allí crían cerdos que alimentan con las plantaciones del lugar hasta que salen, rebanados y listos para el consumo humano.
De acuerdo con Baptiste, se ha vendido la idea de que el llano se puede transformar como el cerrado brasileño, porque la tierra es parecida: ácida. Antes de dejar la cartera agraria, el exministro Juan Camilo Restrepo dijo que la Orinoquia era la última gran frontera que le quedaba al país y que esperaba replicar allí el modelo del cerrado reconocido como un éxito comercial por las revistas The Economist y The Washington Post.
“Traiga la tecnología, que el resto es rapidito” y no, no es así. El llano colombiano tiene unas particularidades únicas que hay que tener en cuenta. El desarrollo no puede ser suicida. Nos preocupa que se haga sin ningún orden, porque podríamos acabar como San Carlos de Guaroa (Meta), en donde el 70% del municipio está cultivado de palma”, dice la directora del Humboldt.
En Brasil, hace 50 años, en la región de Mato Grossso, Pará y Rondônia, se intervino la tierra de tal forma que este país pasó a ser el mayor exportador de carne del mundo y el segundo en producción de soya. Gracias a esta transformación la agricultura hoy es cerca del 22% del Producto Interno Bruto (PIB) en ese país. Un desarrollo, sin embargo, que es también duramente criticado, por la deforestación y el desplazamiento, la hambruna y la violencia que produjo contra campesinos y poblaciones indígenas, como los guaranda-kiaowá. El Banco Mundial también puso en duda los beneficios de este cerrado brasileño aduciendo que concentró la tierra y desplazó comunidades.
“No se trata sólo de la belleza romántica de los pajaritos o los delfines. Mirémoslo desde las funciones que cumplen los ecosistemas. El Estado puede terminar invirtiendo miles de millones de pesos en suplir esas funciones y la productividad normalmente se ve enfocada en algunos y no en el bienestar colectivo”, explica el profesor Juan Carlos Pino, quien ha estado a cargo de varios estudios de impacto ambiental en la Orinoquia, cuando analiza el desarrollo que ha tenido el cerrado brasileño con respecto al que proyectan para los Llanos Orientales de Colombia.
Sin duda era otro tiempo cuando a la sombra del Árbol del Amor, José Eustacio Rivera escribió La Vorágine, a orillas del río Meta, describiendo llanos y selvas inexplotadas y exóticas. Hoy, 89 años después de la publicación de esta novela, ambientalistas, empresarios, políticos e inversionistas tienen los ojos puestos en la Orinoquia. El 34% de la producción petrolera se desarrolla en esta región.
El caso Lorito1
“Por petróleo Acacías teme quedar sin agua”, “En Cumaral protestaron para proteger humedal”, “Cuarta marcha por explotación petrolera”, “Denuncian contaminación de aguas”. Estos son algunos titulares que han aparecido últimamente en la prensa de la región.
En el municipio de Guamal (Meta) esta preocupación no es ajena. Hoy cumplen 130 días de resistencia pacífica. Las comunidades de Humadea, Castilla La Nueva y Guamal están decididas a no dejar entrar el taladro de Ecopetrol para que indague si en el pozo Lorito 1 hay petróleo, aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó la exploración. La razón: el borde de la plataforma que se adecuó para realizar la perforación se encuentra aguas arriba de la bocatoma que surte agua al acueducto del Centro Poblado turístico de Humadea, a tan sólo 100 metros de distancia del río Humadea, declarado Patrimonio Turístico y Cultural del Meta. Además, esta infraestructura está a 50 metros de los tanques desarenadores de otro acueducto, el que surte agua al municipio de Castilla La Nueva.
El pozo Lorito forma parte de un proyecto exploratorio que se llama CPO9, de las empresas Ecopetrol y Talismán, que afecta áreas de los municipios de Acacías, Guamal, Castilla La Nueva, San Martín y Cubarral. Más de 206 mil hectáreas, de las cuales ya hay licencias de la sexta parte y que contempla la construcción de 10 plataformas, en las que se pueden abrir tres pozos.
Este proceso empezó hace dos años y medio, y ha sido una pelea que ha dado la empresa y la comunidad en plantones y estrados, agotando recursos y enviando y respondiendo solicitudes. Ecopetrol perdió la primera batalla, pero también ganó la segunda. Los líderes comunitarios, que ya habían sufrido los impactos de la entrada de otros bloques petroleros, pidieron una audiencia pública ambiental porque en un principio el proyecto pretendía explorar la montaña, el pie de monte llanero, una zona estratégica en agua, que está ubicada sobre una cadena de fallas geológicas. Ese día las autoridades ambientales y municipales, así como las corporaciones, escucharon a las comunidades. “Cada quien llevó sus fotos y relató sus preocupaciones”, cuenta María Elena Rosas, una de las líderes regionales que ha abanderado el tema.
Posteriormente, el 15 de mayo de 2012, la ANLA toma la determinación de darles la razón a las comunidades . En la Resolución 331 le pidió a Ecopetrol que las veredas de la parte alta de la montaña debían quedar excluidas de toda exploración petrolera con este proyecto. Pero de ahí para abajo autorizó a Ecopetrol a hacer esta exploración, esto a pesar de los conceptos negativos que al respecto dieron Cormacarena, la Defensoría del Pueblo y la gerencia ambiental del Meta, que recomendaron cambiar la ubicación de la plataforma Lorito 1, argumentando, entre otras, que amenazaba los derechos a la salud y la vida de los pobladores de los acueductos de Castilla La Nueva y la vereda Humadea, y que pasa por encima de las rondas de protección del río. Los pobladores interpusieron tutelas que al final fueron negadas.
Con la licencia en la mano, Ecopetrol construyó la plataforma de Lorito 1 que estuvo lista a finales de enero de este año. Ya todo estaba listo para la entrada del taladro. Por esa razón, el 22 de febrero, la comunidad inició una protesta pacífica que bloqueó la entrada de la empresa que sigue hasta hoy. Sin embargo, para Édgar Paternina, gerente regional de la zona central de Ecopetrol, encargada del Meta, los temores que tiene la comunidad son infundados.
“Estamos listos para hacer la perforación desde finales de enero de este año, pero nuestra posición ha sido continuar con el proceso de explicación a las diferentes comunidades. A estas alturas hemos hecho muchas cosas que van más allá de lo que contempla la licencia. Hemos socializado este tema con las autoridades locales, el alcalde, el Concejo, las juntas de acción comunal y tenemos en este momento la viabilidad, porque ellos han logrado entender que las medidas que estamos tomando no van a generar ningún impacto ambiental”, dice Paternina.
Aunque Ecopetrol señala que tiene todos los riesgos evaluados, la comunidad, apoyada en los conceptos ambientales que otras autoridades regionales han dado, siguen diciendo no y le piden a la ANLA que revise su decisión. Confiesan, eso sí, que no dejan de tener miedo a que un día entre el Esmad a desbloquear la entrada a la plataforma, aun así son más grandes las pesadillas de una región con aguas contaminadas y sonidos de taladros y dragas. Eso dicen.