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Este jueves Mario Gómez, fiscal para asuntos de infancia y adolescencia, señaló en Mañanas Blu que los padres de los menores que estarían siendo "alquilados" para la mendicidad en Bucaramanga tendrán que responder por los delitos de trata de personas y tortura.
“Hay muchos delitos alrededor de este episodio, inclusive se habla de trata de personas con fines de mendicidad, que tiene una pena entre 13 y 23 años de cárcel. Ese delito también puede bautizarse, en algunos eventos, como tortura. A veces hay violencia también”, indicó a Blu Radio Gómez.
El fiscal explicó que estos delitos también se podrían aplicar a los padres del niño utilizado para la mendicidad al permitir que los niños sean explotados tanto sexual como laboralmente. “Esto es un delito que debe ser reprochado con toda la normatividad”, dijo Gómez al mismo medio.
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Gómez aseguró que se trata de un “mercado siniestro que es bastante repugnante” y señaló que no solo ocurre en Bucaramanga, sino en varias capitales del país, como consecuencia a los desplazamientos forzosos y la masiva migración venezolana.
“Hemos recibido los reportes periodísticos de informes muy juiciosos en Bucaramanga para efectos de establecer la presencia de redes mafiosas que controlan el espacio público. Alquilan niños y niñas migrantes venezolanos”, dijo.
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El pasado miércoles la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez envió una serie de cartas a las autoridades locales y nacionales en la que solicitaba una investigación sobre las denuncias de presuntos casos de explotación infantil en las calles de Bucaramanga. De hecho, una de las cartas fue dirigida a Marío Gómez, el fiscal de Infancia y Adolescencia. En ella, Ramírez solicitó un informe detallado de las acciones adelantadas por la Fiscalía en la investigación del caso denominado "Niños de Alquiler".