En febrero el Grupo Prodeco comunicó que iniciará el proceso de devolución a Colombia - a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM) - de sus títulos mineros, de Calenturitas y La Jagua, que viene explotando desde 2004.
En ese momento Prodeco argumentó que “la decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomada de manera ligera y es un resultado decepcionante”. Recordaron, además, que durante los últimos 30 años de actividad minera en el país, “el Grupo Prodeco ha invertido más de US$3 billones y pagado alrededor de US$3 billones en regalías e impuestos”. (Leer: Sector minero inquieto por decisión de Prodeco de parar explotación de carbón)
Esta semana, la Agencia Nacional Minería (ANM) le notificó a la carbonera que debe cumplir unos requerimientos para evaluar si es viable la devolución de títulos. Este martes, 16 de marzo, el director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Rodrigo Suárez, habló sobre el avance de algunos proyectos en el país y las labores que están adelantando, incluido el análisis de la salida de Prodeco.
Suárez dijo que en cuanto recibieron la noticia iniciaron el proceso de revisión detallado de los expedientes e hicieron un trabajo articulado con la Agencia Nacional Minera. La autoridad ambiental señaló que tienen dos procesos de revisión y seguimiento que corresponden a Prodeco. “Hay unas obligaciones que están pendientes por parte de Prodeco y que hacen parte de las consideraciones que la ANM solicitó para confirmar la viabilidad o no de la renuncia de los títulos”, señaló.
Por otro lado, en las últimas semanas las comunidades de El Hatillo, en El Paso, Cesar, han insistido en la denuncia de las precarias condiciones producidas por la explotación en la zona. Además del daño ambiental, los habitantes han visto como su salud se deteriora; dos lideres han muerto de cáncer de estómago y muchos otros habitantes se han desplazado debido a afectaciones pulmonares y coronarias. (Leer: Comunidades de El Hatillo, en El Paso, Cesar, denuncian represión por parte del Esmad)
Entre El Hatillo y El Boquerón (en la Jagua de Ibirico), unas 1.200 familias conviven hace diez años con las mineras. Denuncian que incluso es difícil el acceso a agua en sus comunidades. Además, esperan que las mineras Colombian Natural Resources (CNR), Drummond y Prodeco cumplan la resolución 0970 de 2010, con la cual el Ministerio de Ambiente ordenó el reasentamiento de ambas poblaciones, junto con la vereda Plan Bonito, ante los índices de contaminación que podrían afectar la salud de los pobladores.
Frente al reasentamiento de las comunidades, el director manifestó que aunque en 2010 se definió que el reasentamiento debía ser una obligación compartida, han identificado que “las velocidades de actuación de las tres empresas son distintas”, por eso buscarán individualizar las obligaciones. Además, Suárez dijo que ya se puso una sanción por el incumplimiento hace varios años, por eso ahora buscan estrategias para avanzar en el reasentamiento, específicamente para El Hatillo y Plan Bonito, ya que han definido que Boquerón - como resultado de la resolución de ajuste del área de contaminación - no debe ser reubicado.
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